Al paso que lleva, Pedro Sánchez va a destruir las bases de la democracia española con la inestimable ayuda de los comunistas, separatistas y proetarras que le mantienen en el poder. Después de indultar a los que intentaron dar un golpe de Estado con una amnistía encubierta, ahora ha puesto en marcha el definitivo asalto al Poder Judicial que acabará con la separación de poderes. Se ha quitado la careta y sin pudor alguno, el presidente está a punto de desguazar la Constitución y aniquilar el denominado “régimen del 78”; esto es, la ejemplar transición española de la dictadura a la democracia que ha servido para que los españoles vivan en libertad el mayor periodo de su historia.
La ilegal injerencia del Gobierno en el nombramiento de los magistrados del Poder Judicial se asemeja a un golpe de Estado a “la peruana”. Elimina el procedimiento constitucional de nombrar a los vocales del Alto Tribunal con el consenso de los tres quintos del Congreso de los Diputados y, mediante una trampa camuflada tras una propuesta de ley, puede elegir a los jueces con una simple mayoría parlamentaria, la que obtiene con el PSOE, Podemos, ERC y Bildu.
Hasta ahora, los analistas políticos siempre han achacado estas burdas maniobras al interés de Pedro Sánchez en mantenerse en el poder. Pero crece el temor de que el Gobierno sea capaz de llegar más allá. De intentar con esa mayoría simple sustituir la Constitución por otra, por una que contente a sus siniestros socios y, así, intentar abolir la Monarquía y crear un régimen totalitario bajo una nueva República.
Porque el asalto al Tribunal Constitucional que ha puesto en marcha el Gobierno no es más que el señuelo para asaltar luego la entera Constitución. Porque con las modificaciones del Código Penal que ha puesto en marcha, la Carta Magna se convierte en papel mojado. Inés Arrimadas ha acertado al calificar a Sánchez de “aprendiz de dictador” y, por desgracia, también Gabriel Rufián al jactarse de que un nuevo intento de golpe de Estado de los separatistas “ya no sería ilegal”. Lo dicho; lo que intentó torpemente Pedro Castillo en Perú: cambiar las leyes para sustituir una democracia por una dictadura totalitaria. Tan totalitaria, que el Gobierno ya ha amenazado con cárcel a los magistrados del CGPJ que intenten parar el asalto al Tribunal Constitucional que ha puesto en marcha el Gobierno.
España se enfrenta a una crisis institucional sin precedentes. Y, en primer lugar la Unión Europea y todos los demócratas españoles, los partidos políticos, el PSOE incluido, todas las Instituciones, en especial el Poder Judicial, tienen que enfrentarse decididamente a este golpe a la democracia que prepara el Gobierno con sus socios. Porque el tiempo se acaba. Y en el escaso año que resta de legislatura, Sánchez y sus aliados son capaces de todo; para empezar, aplastar a los partidos de la Oposición y destruir las bases de la democracia. No hay que descartar que el recuento de votos en las próximas elecciones generales se haga desde Ferraz y el Palacio de San Jaime.