El Pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves a la reforma de la ley del aborto, desoyendo el informe del CGPJ, que se muestra crítico con varios de los ejes principales de la norma. El proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Igualdad ha contado con 190 a favor, 154 en contra, entre ellos PP, Vox y Ciudadanos, y 5 abstenciones.
Lo más destacado de la nueva ley del aborto es que elimina la obligatoriedad del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años que decidan abortar. En caso de discrepancia entre una menor de 16 años y quien deba autorizar que ésta se someta a un aborto, el conflicto se resolverá por la autoridad judicial con "carácter urgente" y las instituciones públicas no apoyarán a las asociaciones provida.
También se suprime el periodo de tres días de reflexión obligatorios antes de someterse a un aborto, así como la práctica habitual de entregar un sobre con la información sobre los recursos a los que puede acudir la mujer que va a abortar y que incluye prestaciones y ayudas a la maternidad.
Regula la objeción de conciencia y contempla bajas temporales de preparto en la semana 39 y bajas por menstruación incapacitante, además, blinda los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, e impide a los médicos objetores participar en los comités clínicos que deciden sobre los abortos a partir de las 22 semanas.
Estos comités no tendrán la última palabra en la interrupción del embarazo a partir de la semana 22, sino que la paciente podrá "recurrir en vía jurisdiccional" su decisión en caso de no estar de acuerdo. Además, contempla que se garantice la no discriminación de los sanitarios no objetores, "evitando que se vean relegados en exclusiva" a la práctica de abortos, ni la de los que lo son.
El texto aprobado fomenta la implicación y la responsabilidad de los hombres en la prevención de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual y considera contratos nulos de pleno derecho los relativos a la gestación subrogada.
Incluye asimismo nuevas definiciones como la esterilización forozosa, la anticoncepción forzosa y aborto forzoso como formas de violencias contra las mujeres en el ámbito reproductivo.
El PP, a través de su diputada Teresa Angulo ha hecho referencia a la propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha insistido en que el Ejecutivo se parece "cada vez más a la Sección Femenina" del franquismo porque, a su juicio, busca que las mujeres sean menos libres y estén menos informadas.
Lourdes Méndez, de Vox, ha insistido en su discurso de inconstitucionalidad de la ley al no proteger ni a la madre ni al no nacido. En este sentido, la diputada socialista Susana Ros se ha dirigido a estos dos grupos a los que ha acusado de querer legislar desde la moral cristiana: "La religión en la iglesia y la educación, en las aulas", ha aseverado la diputada que también ha criticado a Ciudadanos por defender la gestación subrogada.