El PSOE considera, en sus escritos de alegaciones presentados ante el Tribunal Constitucional, que en el caso de acceder a las medidas cautelares pedidas por el PP y Vox, "se perturba el funcionamiento de las Cortes Generales y se violenta los derechos de los parlamentarios garantizados por el artículo 23 de la Constitución".
En uno de los escritos, a los que ha tenido acceso EFE, el PSOE se adhiere a la recusación de dos magistrados, Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, que pidió Unidas Podemos. Plantea la misma porque podría verse comprometida "su imparcialidad".
El PP presentó este miércoles un recurso de amparo ante el Constitucional en el que pedía frenar con medidas cautelarísimas los cambios en el Poder Judicial y en el propio TC, al que solicitó que resolviera su petición antes del Pleno del Congreso de este jueves para que estas enmiendas no se pudieran aprobar en caso de que el TC atendiera su petición. Vox también recurrió el día después.
Por otra parte, el PSOE pide que el recurso de Vox sea inadmitido porque no se han agotado las vías parlamentarias previas necesarias.
Además, en uno de sus escritos presentados ante el TC, el partido que lidera Pedro Sánchez afirma que el citado tribunal "ha establecido de manera clara, reiterada y sin contradicciones que la adopción de la medida cautelar queda condicionada a que la misma no afecte gravemente a intereses constitucionalmente protegidos".
"Los recurrentes pretenden que se dicte una medida cautelar que supondría paralizar la primera facultad que tienen las Cortes Generales atribuida en nuestra Constitución", señala el escrito del partido socialista.
Y añade que "pretenden los recurrentes paralizar la tramitación de una Proposición de Ley que ha cumplido todos los trámites previstos en el Reglamento del Congreso y que se sustancia ahora en el Senado de acuerdo con los acuerdos y decisiones adoptados en sus órganos de Gobierno, Mesa y Junta de Portavoces".
"Es decir -agrega-, se solicita la adopción de una medida tan excepcional como una cautelarísima que afectaría de lleno al ejercicio de las funciones representativas que corresponden al órgano depositario de la soberanía popular".
Para el PSOE, "no existe fundamento alguno para considerar pertinente la cautelar solicitada. Por el contrario, existe un fundamento evidente para no adoptarla y es que la misma supondría una vulneración tanto de la actividad del órgano en donde reside la soberanía nacional como los derechos de quienes nos representan a todos los ciudadanos en dicho órgano y que han debatido, votado y aprobado la iniciativa en cuestión".
"La demanda emplea la figura del recurso de amparo para impugnar el contenido de las enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista y de Unidas Podemos. Pero el recurso de amparo no es el instrumento idóneo para iniciar un control de constitucionalidad de las normas con rango de ley", explica.
Para el PSOE, "la utilización del recurso de amparo con este fin pervierte la posición del Alto Tribunal en nuestro sistema institucional".
"Éste pasaría de ser un 'legislador negativo' a un auténtico colegislador, que con la tesis establecida por la demanda pasaría a tener un poder de veto real sobre el contenido de las iniciativas legislativas en tramitación. Asimismo estima que se vulnerarían la presunción de constitucionalidad de los actos parlamentarios en el caso de que diera la razón al PP", argumenta.
"En el presente caso es evidente que la decisión de admitir a trámite y aprobar las enmiendas cuestionadas por el recurrente es plenamente reversible en el Senado. No nos encontramos, pues, ante actos que ya hayan causado un perjuicio irreversible al demandante en ausencia de un pronunciamiento del Alto Tribunal", alega uno de lo escritos, que añade que "Es perfectamente posible que, en el seno del Senado, se decida la supresión de estos preceptos, lo que haría decaer el objeto del proceso iniciado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso".
Señala que "admitir una medida cautelarísima como la solicitada, implicaría que el Tribunal Constitucional vía interpretativa, interfiriera en la competencia del legislador. Impide la manifestación de voluntad de un órgano que está democráticamente constituido, en el caso más inmediato que nos ocupa el del Senado y el papel que nuestra Constitución le reconoce dentro del procedimiento legislativo".
También alega que se incumple en el recurso la existencia de perjuicios de difícil reparación "dado que el procedimiento legislativo no ha concluido y la tramitación proseguirá" y que sería posible presentar un recurso de inconstitucionalidad en el que el TC podría pronunciarse tanto sobre el fondo de la reforma de la ley como sobre el procedimiento seguido en el Parlamento.
Otro de los argumentos expone que la suspensión solicitada por Vox es una medida cautelar que "provoca una perturbación en un interés constitucionalmente protegido" y que afecta "a uno de los fundamentos de nuestra democracia", como es "el ejercicio de la potestad legislativa por las cortes generales" que es "una de las bases del estado de derecho".
El Gobierno cree que el Tribunal Constitucional (TC) no dará este lunes el paso de frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal porque ve "inimaginable" que no reflexione sobre la gravedad que tendría sentar un precedente de estas características en la democracia. Después de que el pasado jueves el TC decidiese posponer hasta el comienzo de la semana si acepta el recurso del PP para paralizar esa tramitación, se han sucedido movimientos y declaraciones políticas tanto de los partidos del Gobierno como de la oposición ratificándose en sus posiciones y confiando en que el Alto Tribunal les dé la razón.
El propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dijo que se está ante "un intento de atropellar la democracia por parte de la derecha política y judicial" y garantizó que prevalecerá la Constitución frente a las pretensiones de "los magistrados conservadores o de esa derecha política". Unas palabras que provocaron que este sábado ocho vocales del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial calificaran en un comunicado de "irresponsable" la declaración del presidente del Gobierno.