Para comprender toda la marabunta que ha puesto patas arriba nuestro Estado de Derecho partamos de dos artículos de la Constitución española de 1978: el 9.3 y el 122.3. Artículo 122.3: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”
Según este precepto, el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los Jueces, se integra por veinte miembros, de entre los cuales, cuatro son elegidos a propuesta del Congreso, y otros cuatro a propuesta del Senado, es decir, ocho elegidos por las dos cámaras que componen nuestras Cortes Generales, por mayoría de tres quintos. Los otros doce miembros más se eligen “en los términos que establezca la ley orgánica”. Esa ley orgánica, la del Poder Judicial, se promulgó siete años después de la Constitución, concretamente el 1 de julio de 1985, bajo el Gobierno de Felipe González, cuyo partido, el PSOE, gozaba por entonces en las Cortes de una mayoría absoluta. Y en dicha ley orgánica se estableció que los doce miembros se eligieran también por el Parlamento. Luego, el órgano de gobierno de los jueces quedaba en manos del poder legislativo, que al tener entonces mayoría absoluta socialista, era tanto como decir que el poder judicial quedaba en manos del Gobierno de turno.
En su día, aquello levantó cierta polvareda entre juristas y constitucionalistas porque acarreaba oscurecer las líneas divisorias de los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial que, según la teoría de la división de poderes de Montesquieu, debían estar nitídamente separados para garantizar el equilibrio de poderes que ha de existir en un Estado de Derecho, y nunca debían acumularse en manos de un mismo sujeto. A las dos mayorías absolutas de Felipe González, le siguieron una de Aznar y otra de Rajoy, que también influyeron sobre el color del Poder Judicial. Y este jugar con fuego, este riesgo de que las salas de Justicia se enrarecieran ideológicamente se ha venido aceptando con más o menos inquietud durante estos años. Hasta ahora, en que al volante tenemos a un insensato que no es de fiar, no sólo porque llegó al poder con un programa que luego ha abandonado, sino porque está demostrando ser un títere que no actúa en beneficio de la sociedad, sino en beneficio propio y de unos pocos contrarios al interés general.
Pero aún hay más. El artículo 9.3 de la Constitución garantiza el principio de jerarquía normativa. Esto supone que en el ordenamiento jurídico hay normas superiores a otras. Es el caso de una ley orgánica, que es superior a una ley ordinaria o a un reglamento. Una ley orgánica solo puede modificarse por otra ley orgánica, nunca por una ley que se tramita como ordinaria. Esto lo saben los estudiantes de primer curso de Derecho. Sin embargo, el Congreso de los Diputados ha permitidoque leyes orgánicas, la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional, sean modificadas por una ley encubierta como orgánica, para cambiar la exigencia de mayoría de tres quintos por una mayoría simple y suprimir el plácet del Tribunal Constitucional a los nuevos miembros, vulnerando así el principio de jerarquía normativa y, por ello, la Constitución.
El totalitarismo siempre ha cometido dos infamias para lograr sus objetivos: Una, manipular el lenguaje; otra retorcer el Derecho. Con ello define una nueva realidad y la regula a su antojo, asaltando las democracias y atacando los derechos humanos casi sin despeinarse. No hay señales de violencia ni de barbarie pero al final la tiranía se impone.
Los políticos de la Transición sellaron la reconciliación de todos los españoles, redactaron una Constitución de consenso y se dispusieron a escribir una página más de la historia de España. Y lo hicieron con esforzado esmero para no emborronar de nuevo ni una sola línea, ni una sola palabra. En los últimos tiempos están apareciendo aprendices de escribanos, empeñados en garabatear y hasta rasgar los folios que certifican la concordia entre los españoles.Se están repitiendo hechos, gestos y expresiones que contribuyen a avivar rescoldos que muchos pensábamos que ya se habían apagado. Un gobernante que permite tales disparates se está burlando de los españoles, de aquellos españoles que en 1978 apostaron por la convivencia pacífica, y también de las nuevas generaciones que siguen creciendo a su amparo. Empieza a respirarse un clima de guerra civil fría.