El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PP y ha aceptado las medidas cautelarísimas de suspender el asalto de Pedro Sánchez al propio Tribunal y al Poder Judicial.
El Gobierno pretendía cambiar las reglas de elección de los magistrados con su mayoría parlamentaria, cuando la Carta Magna especifica que se requiere el apoyo de tres quintos del Congreso de los Diputados y del Senado. Impide así que el Gobierno prosiga con la tramitación parlamentaria y apruebe en la Cámara Alta las polémicas medidas, que hubieran entrado en vigor el mismo viernes al publicarse en el BOE.
Pero, como informamos en El Imparcial, el Gobierno, presionado por Podemos, estudia desobedecer al Tribunal Constitucional y seguir adelante con su golpe legislativo. En tal caso, Pedro Sánchez ejecutaría un daño irreparable a la democracia y al Estado de Derecho. De momento, sin embargo, la presidenta del Congreso y el presidente del Senado han emitido un comunicado institucional en el que anuncian que acatarán la decisión del TC.
Hay que aplaudir la valentía del Tribunal Constitucional que no se ha dejado presionar por las amenazas del Gobierno. La decisión del Alto Tribunal, pues, supone un acierto al parar el golpe perpetrado por Sánchez para nombrar unilateralmente a los magistrados ante la avalancha de recursos que tendrán que abordar Pero la crisis institucional no ha cesado.
Probablemente se recrudecerá por las desquiciadas reacciones que sin duda se producirán desde el Gobierno y sus socios de legislatura. Hay que esperar, no obstante, que, aunque sea por una vez, Sánchez acepte las reglas del juego, acate la resolución que acaba de emitir el Tribunal Constitucional y suspenda la tramitación parlamentara de sus medidas en el Senado. Pues, en otro caso, la democracia y el Estado de Derecho estarían en serio peligro.