Pedro Sánchez ha engañado de nuevo a los españoles al declarar que acataría la resolución del Tribunal Constitucional. Es verdad, que no se votarán en el Senado las enmiendas tumbadas por el TC. Pero está empeñado en cambiar las mayorías para elegir a los magistrados del CGPJ y, para ello, resulta imprescindible sortear la letra y el espíritu de la Carta Magna. Tras el vapuleo del Tribunal, el presidente del Gobierno anunció en su comparecencia institucional que impulsaría “cuantas medidas sean necesarias” para desbloquear la situación. Y ha cumplido su amenaza. Horas después, Moncloa filtraba la nueva triquiñuela del Gobierno: colar en una proposición de ley las dos enmiendas tumbadas por el TC. El Ejecutivo proseguirá, pues, con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la renovación del TC con la misma fórmula de rebajar las mayorías y aprobar la iniciativa con el apoyo de sus socios de Gobierno y legislatura. Y, según ha sabido El Imparcial, el Congreso pondrá en marcha la propuesta por vía urgente y lectura única, pero sin informes ni consultas previas.
La resolución del TC que tumbó la chapuza legislativa del Gobierno por incluir en la reforma del Código Penal una enmienda a otra ley orgánica se basó en la forma más que en el fondo. Y esa es la rendija por la que el Gobierno quiere llevar a cabo su asalto al Poder Judicial sin modificar un ápice la gravísima intención de cambiar las reglas del juego al elegir a los nuevos magistrados.
Pedro Sánchez, por tanto, sigue adelante con su asalto al Poder Judicial para controlarlo desde Moncloa. Se venga del golpe que le ha asestado el Tribunal Constitucional y desprecia el consejo de la Unión Europea que ha reiterado que la división de poderes requiere “reducir la influencia del poder ejecutivo y legislativo sobre el judicial”. No quiere asumir la lección del Constitucional de que esa “soberanía popular” que aduce el Gobierno no puede incumplir la Carta Magna, lo que ocurriría con la rebaja de las mayorías.
Sin duda, Pedro Sánchez y su entero gobierno han sufrido el golpe del Tribunal Constitucional al poner en evidencia su chapuza legislativa. Pero siguen a la carga con el mismo espíritu autoritario y totalitario. Quieren desguazar la Constitución para lograr su objetivo de controlar al Consejo del Poder Judicial y encarar las campañas electorales con un omnímodo poder, basado exclusivamente en su mayoría parlamentaria.