El TC ha decidido mantener su decisión de paralizar la reforma exprés con la que el Gobierno, junto a sus socios, pretendía modificar por la puerta de atrás las leyes orgánicas del Poder Judicial y del propio tribunal de garantías.
De esta forma, el alto tribunal ha rechazado, por seis votos a cinco, el recurso de impugnación planteado por el Senado y ha negado también la solicitud de la Fiscalía, que pedía recusar a su presidente, Pedro González Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, para que se apartasen de la decisión.
Dada la fragmentación del tribunal en este asunto, si se hubieran apartado esos dos magistrados, los números habrían sido favorables al sector progresista, por cinco a cuatro, por lo que esta cuestión resultaba crucial para revertir la decisión que el tribunal adoptó el lunes y permitir así al Senado incluir estas enmiendas en la votación del jueves.
Sin embargo, no ha sido así. Fuentes jurídicas informan a EFE de que tanto Trevijano como Narváez han asegurado que no se dan por concernidos y, además, han defendido que no tienen interés directo ni indirecto en el procedimiento en respuesta a la petición del Ministerio Público y Unidas Podemos.
Por otra parte, las fuentes avanzan que González Trevijano no convocará un pleno para examinar los requisitos de los dos jueces designados por el Gobierno, Juan Carlos Campo y Laura Díez.
Hasta la fecha, la posición del Constitucional al respecto era de esperar a que el Consejo General del Poder Judicial votara los nombramientos este jueves 22 de diciembre - como estaba previsto antes de que estallara toda esta polémica- y convocar un pleno par dar el plácet a los cuatro una vez recibidos los nombres del CGPJ.
Pero, a propuesta de los vocales conservadores, el Consejo adelantó la votación a este martes en un pleno extraordinario que fracasó en su intento de nombrar a los dos magistrados para el Tribunal Constitucional, al no conseguir la mayoría para ninguno de los tres candidatos propuestos, por los vetos cruzados de los progresistas y conservadores a los aspirantes del otro.
Los magistrados del Supremo César Tolosa y Pablo Lucas obtuvieron 10 votos, todos de los vocales conservadores que les habían propuesto; y su compañero en el alto tribunal José Manuel Bandrés, los siete de los progresistas.