El Ministerio de Trabajo ha dinamitado los puentes del diálogo social entre empresarios y sindicatos en una ambiente de destrucción de los consensos más básicos para el funcionamiento de la sociedad española.
La economía se ha contagiado así de la crispación que ya marca la tónica general en el terreno político. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pedía esta semana que el "ruido político vergonzante" vivido en el Congreso no debería "contagiar el diálogo social". Sin embargo, su ministerio convocaba a los empresarios a negociar una propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) el mismo día en que la CEOE celebraba su Junta Directiva.
Su presidente, Antonio Garamendi, lamentaba haberse enterado por la prensa de la propuesta de Trabajo sobre el SMI y de la convocatoria para su negociación. De esta manera, expulsados de facto de la mesa donde sí estaban los sindicatos UGT y CCOO, los empresarios se veían obligados a presentar su propuesta por escrito.
Para CEOE, llueve sobre mojado. No es la primera jugarreta del Ministerio para imponer sus tesis en el diálogo social. De hecho, hace apenas unos días la organización de los empresarios había decidido cortar por lo sano y suspender su relación con el ministerio de Trabajo, al que ya no consideraba un interlocutor de buena fe.
Los empresarios reaccionaban así a un acuerdo de última hora entre Unidas Podemos y Bildu para introducir una medida sobre los ERE por sorpresa y a contratiempo, a pesar de que ya quedó descartada en la negociación de la reforma laboral entre CEOE y los sindicatos.
Incluso el líder sindicalista Pepe Álvarez, secretario general de UGT, reconocía que podía entender el enfado de la patronal, ya que esa medida debería haberse consensuado en la mesa de diálogo social.
La medida introducida a traición tiene que ver con otorgar un mayor papel a la Inspección de Trabajo en los ERE, en detrimento de los jueces. De nuevo, se trata de reforzar el control del Gobierno sobre la actividad privada del país, en línea con la ideología comunista de los ministros de Unidas Podemos.
La ruptura de los consensos se impone así como una forma de gobernar para Pedro Sánchez, dispuesto a ceder todo lo que sea necesario para mantenerse en el poder, caiga quien caiga, al precio que sea. Sus socios independentistas y populistas aprovechan la coyuntura para imponer sus criterios ante una atónita ciudadanía, harta de los desmanes de un Gobierno sin escrúpulos.