El soberano no es el Parlamento sino el pueblo. Y a todos, incluido el Congreso de los Diputados, corresponde cumplir con las leyes, de forma especial con la Constitución. Las Cortes, que representan la soberanía nacional, pueden legislar conforme a lo que decidan las mayorías del Congreso y del Senado. Si alguna ley aprobada por las Cortes colisiona con la Constitución, corresponde al TC sentenciar si es o no anticonstitucional.
Aún más. Si el poder legislativo pone en marcha la aprobación de una ley a través de un procedimiento que lesione los derechos de una parte de los diputados o los senadores, corresponde al Tribunal Constitucional aprobar las medidas cautelares para impedir a tiempo el abuso. Y eso es lo que ha ocurrido. El sanchismo ha pretendido aprobar una serie de enmiendas a través de un procedimiento que colisionaba con los derechos constitucionales de una parte de los diputados. Y el Tribunal Constitucional ha actuado correctamente al impedir que el abuso se consumara.
Por supuesto que las Cortes, a través del procedimiento establecido, pueden legislar aquello que la mayoría considere conveniente. Si la ley aprobada contuviera aspectos anticonstitucionales, el Tribunal Constitucional es la instancia establecida para anularla. Lo que no puede hacer el TC es impedir que las Cortes legislen. Sí puede impedir que legislen atropellando los derechos de una parte de diputados o senadores. Y eso es lo que ha hecho. Aún más. Desenmascarada la jugarreta del sanchismo, el propio Pedro Sánchez ha cantado la palinodia y ha declarado que planteará de nuevo las enmiendas, ahora paralizadas, a través de una proposición de ley que cumpla con el procedimiento establecido. Mejor sería, por cierto, un proyecto de ley para que instancias equilibradas como el Consejo de Estado pudieran emitir su dictamen, aunque éste no sea vinculante.
A través de declaraciones lamentables, incluso con acusación de “golpe de Estado de las togas”, Pedro Sánchez y sus compinches han llevado a la opinión pública la distorsión de lo que verdaderamente ha ocurrido y que puede resumirse así: “Todos los poderes públicos, incluso el Congreso de los Diputados, están sujetos a la Constitución”. Como ha escrito certeramente ese gran periodista que es José Antonio Vera, no ha existido el “golpe togado”.