Dos de las nuevas leyes aprobadas por el Consejo de Ministros han resultado un fiasco por el sectarismo y la improvisación del Gobierno. El caso de la nueva normativa cocinada en el Ministerio de Igualdad, la ley del “sí es sí”, ha derivado en un resultado contrario al que buscaba. Desde que entró en vigor, ya son más de 130 los violadores que se han visto beneficiados con una notable reducción de sus penas y 17 han sido excarcelados. La ministra Irene Montero, sin embargo, lejos de dimitir insiste en que no se toque una sola coma del texto publicado en el BOE y que la responsabilidad de la reducción de penas obedece al “machismo y fascismo” de los “togados”. Se desconoce el autor o los autores de un texto que beneficia a los agresores sexuales. Pero Sánchez, después de amagar con modificarlo, no se ha atrevido a enfrentarse a Podemos.
El mismo camino lleva la modificación del delito de malversación, cuyo único objetivo era beneficiar a los condenados por el intento de golpe de Estado en Cataluña. Los separatistas responsables de la asonada ya han logrado con creces su propósito: la libertad, por los indultos de Sánchez, y una “amnistía” encubierta con la derogación del delito de sedición y la reducción al mínimo por el de malversación.
Pero la modificación del delito de malversación, como ya advirtió el fiscal jefe Anticorrupción, también ha derivado en un resultado indeseado. Y es que, al igual que la ley del “sí es sí”, muchos de los condenados por corrupción, muchos de los que han robado dinero público se verán beneficiados. Como informamos en El Imparcial, ya hay un caso, incluso antes de que entre en vigor la nueva normativa. Y es que, en previsión de la rebaja de penas máximas por el delito, el juez del caso “Acuamed”, Manuel García Castellón, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que revise su escrito de procesamiento de los imputados tras acabar su investigación por si ha de hacer alguna modificación ante el cambio en el Código Penal. En el auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional prorroga la fase de instrucción tres meses para dar tiempo a la Fiscalía a que se pronuncie al respecto, ya que sería el primer caso de corrupción afectado por la reforma.
Los violadores y los corruptos, pues, van a ser beneficiados con la reducción de sus condenas por la elaboración de unas leyes tan sectarias como torpes e improvisadas. Pero la ministra de Igualdad insiste en la responsabilidad de “las togas” y la portavoz del Gobierno asegura sin pudor que “ningún corrupto saldrá de la cárcel por la modificación del delito de malversación.” Pero tanto los agresores sexuales como los que saquean los fondos públicos aplauden con euforia al Gobierno por esa descomunal torpeza al elaborar las nuevas leyes.