Isabel Díaz Ayuso, además de recurrir ante el Tribunal Constitucional el conocido como impuesto a los ricos, acaba de anunciar la creación de una nueva deducción fiscal para inversores del exterior, “como contrapeso al Impuesto de Patrimonio de Pedro Sánchez. Así, cualquier persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años y quiera invertir en la región, podrá desgravarse el 20 por ciento del total de lo destinado durante los siguientes 6 años”.
La presidenta de la Comunidad no está dispuesta a que el Gobierno lamine su política fiscal, más aún, después de demostrar el éxito de unas medidas que contribuyen al crecimiento económico de la región y a la creación de empleo, dos datos en los que Madrid es líder en toda España.
Según ha declarado Ayuso, “con esta nueva deducción, quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea una vivienda, en una empresa, en productos financieros, en lo que sea, va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20 por ciento de dicha inversión”.
También ha tenido acceso El Imparcial al texto sobre el impuesto a los ricos que Ayuso va a recurrir ante el Tribunal Constitucional y que, en síntesis, denuncia la invasión de las competencias autonómicas al crear un impuesto para dejar sin efecto las competencias tributarias en materia de patrimonio quebrando el principio de lealtad constitucional, la violación del principio de igualdad a todos los contribuyentes, pues se trata de un impuesto pensado para perjudicar a los madrileños y andaluces, y la lesión de la seguridad jurídica al aprobar un impuesto con efectos retroactivos. La Comunidad, además, pedirá como medida cautelar, la suspensión de la aplicación de esta ley.
Pedro Sánchez, en fin, ha pinchado en hueso con Isabel Díaz Ayuso, escocido todavía por el revolcón electoral sufrido. Pero la presidenta de la Comunidad está dispuesta a luchar con todas las armas legales para evitar la discriminación de Madrid y para atajar el evidente perjuicio a la economía en la región que supondría aplicar el impuesto a los ricos. Porque al final, lo que busca el Gobierno es deteriorar la imagen de la candidata del PP ante las próximas elecciones en un desesperado intento de eludir otro histórico batacazo del PSOE en las urnas.