No hacía falta que Pablo Llarena, uno de los jueces más independientes y prestigiosos de España, se lo recordara a Pedro Sánchez. Según el magistrado, el intento de golpe de Estado en Cataluña, año 2017, quedaría impune hoy con la reforma del código penal que el presidente del Gobierno ha impuesto en el Congreso de los Diputados.
Y no hacía falta recordárselo a Pedro Sánchez porque el presidente está al cabo de la calle. Necesitó para la investidura los escaños de podemitas, comunistas, independentistas y bilduetarras. Ha precisado de ellos para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y de varias leyes de largo alcance. Previsiblemente no podrá prescindir de la colaboración “frankestein” tras las elecciones generales en el otoño próximo. Con el fin de mantener esos apoyos, Pedro Sánchez, puso en marcha la larga caravana de las concesiones. Perdida de la dignidad personal, fracturada la de España, el presidente genuflexo ante el rebenque separatista y bilduetarra, ha conseguido su propósito: agotar la legislatura sentado en la silla curul de Moncloa y con muchos meses por delante para instrumentar una campaña electoral en la que hará lo que sea necesario para que las urnas le confirmen en el cargo. Y son muchas las cosas que desde el Gobierno, con los fondos españoles y europeos, y con los principales organismos electorales controlados, puede hacer Pedro Sánchez, especialista en ganar elecciones.
El juez Llarena ha hecho bien en explicar a la opinión pública lo que la reforma del código penal supone. Pero que no piense en reprender al Gobierno. El sanchismo sabe muy bien lo que ha hecho, por qué lo ha hecho, así como lo que le queda por hacer, ante las mismas narices de Núñez Feijóo.