La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, informó este martes de que en diciembre dio una instrucción para atender en 24 horas a las mujeres que pidan dispositivos telemáticos de control de sus agresores cuando vean recortada su pena de prisión en aplicación de la conocida como ley del solo sí es sí.

La medida, que ha sido conocida ahora, no satisface al PP, que sigue solicitando que el texto sea revisado; algo en lo que incluso coinciden voces de la izquierda como Manuela Carmena.

Según Borja Sémper, portavoz del comité de campaña del PP, la ley de Montero es una "chapuza" y la entrega ahora de pulseras de vigilancia a las víctimas es una "huida hacia adelante", ha afirmado en una entrevista en RNE.

Durante la presentación de la Estrategia estatal para combatir las violencias machistas, Rosell ha informado de que comunicó su instrucción al centro encargado de gestionar las alertas, a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ningún juez ha ordenado por el momento esta medida de control para estas víctimas.

Según explican fuentes de Igualdad, las medidas de alejamiento de los agresores respecto a las víctimas siguen vigentes tras la salida de prisión e Instituciones Penitenciarias vigila que el hombre las cumpla. Ahora se extienden a estos casos los dispositivos de control que protegen a las víctimas de violencia de género.

Igualdad dio ese paso ante las noticias de revisiones de penas "sorpresivas" para las víctimas y de algunas y excarcelaciones "inesperadas", ha explicado Rosell, quien ha señalado que también se ha abierto a esas víctimas el servicio telefónico de atención y protección para víctimas de la Violencia de Género (Atenpro).

El objetivo es que todas las víctimas de violencias sexuales tengan acceso a esos servicios a partir de 2024, como estableció la ley de garantía integral de la libertad sexual (la ley del solo si es sí), para lo que se prevé una nueva licitación del servicio este 2023. Son los jueces quienes pueden ordenar la activación de estos dispositivos cuando dictan una medida de alejamiento del agresor respecto de la víctima y, según ha explicado Rosell, todavía no se ha ordenado ninguno tras su instrucción, que la Fiscal de Sala de violencia sobre la mujer ha trasladado a todas las fiscalías provinciales.

Los dispositivos de control telemático permiten geolocalizar al agresor y generan un señal de alarma cuando se violan las órdenes de alejamiento.