Un ponente habitual de la cátedra Monarquia parlamentaria, de la UBU, el profesor Eloy García, acaba de escribir que el Rey tiene derecho al mensaje, una función que va más allá del mensaje tradicional, que consiste en una comunicación que se dirige a la sociedad y a los actores políticos, eso sí, realizada con respeto exacto a la verdad.
El mensaje navideño del Rey creó las condiciones para que los partidos, los magistrados constitucionales, y los de la justicia ordinaria, acordaran la elección de las vacantes del Tribunal Constitucional. Pero ese resultado, que impidió que se prolongara un permanente esperpento institucional, no ha resuelto el problema de fondo: que existe un Estado de los partidos, según lo definió el añorado Manuel García Pelayo (1909-1991), al que se ha adherido una nueva realidad política, la judicial.
La mutación al Estado judicial de los partidos, se inició cuando la mayoría socialista aprobó una enmienda del diputado Bandrés (EE), por la que el Consejo General del Poder Judicial pasaba a ser elegido enteramente por las dos cámaras parlamentarias, en otras palabras, los partidos pactaban con las principales asociaciones judiciales quiénes entraban en dicho Consejo.
Desde entonces, casi cuarenta años después, la relación político-judicial ha evolucionado al compás de la partitocracia dominante. En Europa, que importó las primarias norteamericanas tras el derrumbe ideológico del llamado socialismo real, como importó muchas otras mercancías culturales, los partidos políticos entraron entonces en una fase de personalismo y oligarquización.
Los jueces durante el franquismo final, mayoritariamente, no eran del Régimen, los más eran conservadores, aunque existió una minoría de izquierdas, frecuentemente más a la izquierda de la socialdemocracia. Pero los miembros de la judicatura, y esta idea me la expusieron magistrados amigos, perdieron la oportunidad de convertirse en activos impulsores de la Transición democrática -mis amigos envidiaban a los jueces norteamericanos identificados con su Constitución de 1787-, cuando el Tribunal Supremo se abstuvo en la legalización del Partido Comunista, en respuesta a la consulta del presidente Adolfo Suárez, con lo cual, resumiendo, a grandes rasgos, los que procedían del antifranquismo desconfiaban de los jueces; la UCD, como en otras cosas, ni frío ni calor; y a su derecha, éstos sí, sintonizaban con su mentalidad mayoritaria.
Cuando la lucha política se impone sobre cualquier obligación institucional, como hoy está sucediendo, los precedentes, y hasta el sentido del Derecho, desaparecen. En estos últimos días, se ha recordado que el TC (Tribunal Constitucional) ha cambiado de opinión en medio de polémicas partidarias, convenientemente jaleadas por unos medios informativos, ávidos de conflictos. Por ejemplo, el magistrado Pablo Pérez Tremps, el 5 de febrero de 2007, fue apartado por la mayoría de sus colegas del TC, de la sentencia del estatuto catalán, con el argumento de que actuando de catedrático había trabajado en un estudio sobre ese estatuto. Este rigorista criterio no fue precedente cuando el mismo TC, en septiembre de 2013, rechazó la recusación de su presidente, miembro activo de aquella mayoría rigorista, pese a que se descubrió que había ocultado su pertenencia al partido político que era parte de la causa que se juzgaba. En diciembre de 2021, el mismo TC decidió, por meritoria sumisión a los mandos partidarios, que “la asistencia reiterada a trabajos y sesiones de una misma fundación vinculada a un partido político o la publicación de innumerables artículos políticos sobre temas que el Tribunal iba a tratar, incluso con calificativos insultantes, no deslegitima a un miembro del Tribunal para fallar sobre esas cuestiones.”
Esta cita anterior se encuentra en el seminario titulado “Debates sobre el Estado”, que fue organizado (26 de octubre de 2022) por las respetadas fundaciones Konrad Adenauer y Manuel Jiménez Abad. De la misma fuente, obtengo dos datos, que fundamentan mi opinión. Primero, sobre el Consejo General del Poder Judicial: cuando el PP está en la oposición, el Consejo tardó 22 meses, 9 meses o 4 años en renovarse; pero cuando ese partido gobierna, ha tardado un máximo de 3 meses. Segundo, una revelación de la conjunción partidaria-judicial: el portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, escribió, con la simpleza impropia de quién había sido jefe de policías, la prueba empírica del dominio partidario sobre la cúpula judicial: “En otras palabras -escribió el portavoz a los miembros de su grupo parlamentario- obtenemos el mismo numéricamente pero ponemos un presidente (del Tribunal Supremo) excepcional, un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas, que las votaciones (del Consejo del Poder Judicial) no sean 11-10 sino cercanas al 21-0. Y además controlando la sala segunda (Sala de lo Penal) desde atrás y presidiendo la sala 61 (la Sala especial que juzga a los partidos políticos y a los altos cargos de la Judicatura)”.
En estas circunstancias, es necesario volver al derecho al mensaje del Rey, y a su complemento, la verdad, como característica intrínseca de la comunicación del Jefe del Estado, que no posee poder político alguno, que se comporta con una neutralidad política, aunque el Rey no está neutralizado, como se evidenció cuando Felipe VI se comunicó por televisión con los ciudadanos, tras la ruptura del gobierno catalán con las leyes e instituciones constitucionales.
El Rey, en su mensaje de Navidad, aunque no entró en la polémica de por qué el Consejo General del Poder Judicial lleva cuatro años sin renovarse -ese es el límite de su función neutral-, sin embargo, sus palabras, en tanto comunicaban una verdad manifiesta, Felipe VI realizó una intervención política, en el sentido más profundo de la palabra política, como aquella técnica que sirve para civilizar el poder.
Y una derivada más: los ciudadanos creen que los dos grandes partidos nacionales, ante hechos que protagonizan los partidos nacionalistas y secesionistas, se mueven más por la conquista del poder, concretado en un argumentario puramente electoral, y por lo tanto, sus argumentos no son políticos, porque sus discursos apenas poseen la virtud de la veracidad. En estas condiciones, los partidos independentistas, sin demasiados esfuerzos, como poco, creen que avanzan en su estrategia de romper el Estado.
¿Cómo es posible que los partidos constitucionales no se den cuenta de que esta situación tragicómica, protagonizada por personajes propios de la serie Better Call Saul, que son votados ciegamente por los parlamentarios de ambos partidos, como es posible, repito, que los dos grandes partidos prolonguen esta situación destructiva, salvo que sean insensibles al hondo malestar de nuestra democracia? Este panorama desalentador, ¿no debiera llevarles a poner punto y aparte a su inútil enfrentamiento? La respuesta que encuentro es que se ha construido un sistema monstruoso, que funciona automáticamente solo, y que pervierte a los representantes y a las instituciones constitucionales. Ante esto, ya sé que parece imposible, un gran acuerdo político terminaría con ese malestar.