El Gobierno aprueba un plan que conllevará la predecible disminución del agua a trasvasar hacia el Levante.
Los regantes del Levante se han manifestado este martes ante el Palacio de la Moncloa para mostrar su desacuerdo con la reducción del caudal del trasvase Tajo-Segura que contemplan los nuevos planes hidrológicos, y han afirmado que recurrirán a la Justicia para que la situación siga "como está".
"No vamos a parar. Ya estamos preparando un recurso contencioso administrativo (para elevar al Tribunal Supremo) porque no nos vale nada que no sea dejar las cosas como están", ha dicho a Efe Lucas Jiménez, el presidente de los convocantes de esta manifestación, el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats).
A la convocatoria han respondido alrededor de 130 personas -según los datos de la Delegación del Gobierno- y unos 500 -según los organizadores-, que han alzando su voz con gritos de "¡agua para el Levante!" y que han pedido la dimisión de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, impulsora de este real decreto.
Han acudido representantes de asociaciones agrarias, cooperativas, empresas, regantes y políticos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
Ha sido el último intento de los regantes de la zona del Levante de ser escuchados y evitar que el Consejo de Ministros aprobara el real decreto que revisa los planes hidrológicos, que incluye un caudal ecológico en el Tajo que afecta al trasvase con el Segura.
De esta forma, el caudal del Tajo tendrá que elevarse a su paso por Aranjuez (Madrid) de manera progresiva: de seis a siete metros cúbicos por segundo en 2023, a ocho en 2026 y a 8,65 en 2027.
Ese aumento llevará aparejada una predecible disminución del agua a trasvasar hacia el Levante, lo que afectará gravemente a la economía de estas zonas en general y al sector primario en particular, de acuerdo con las denuncias de regantes, empresarios, instituciones y fuerzas políticas locales de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
Los manifestantes han indicado que para 2027 la reducción de agua que recibirá el Segura será del 50 % Y que ello supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable en todo el levante, la desaparición de más de 15.000 empleos, y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros.
El Gobierno ha aprobado los 12 planes hidrológicos (2022-2027) y que incluyen la fijación de caudales ecológicos en el río Tajo, lo que supondrá un recorte de las aportaciones al Segura, que tanta polémica ha levantado entre las autonomías implicadas.
De esta manera, la propuesta del Gobierno contempla que el caudal ecológico a su paso por Aranjuez (Madrid) suba de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, que pase a ser de ocho desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que contempla la planificación hidrológica del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, además de la parte española de los ríos compartidos con Portugal (Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana) y con Francia (Cantábrico Oriental y Ebro).
La Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera ha señalado que con estos planes hidrológicos abarcan el 86% del territorio nacional, afectan al 65% de la población y cuentan con una inversión de 22.844 millones, de los cuales algo más de 10.000 millones son de inversión estatal.
"Nunca jamás" se han destinado tantos recursos en España para la inversión y gestión en agua, ha hecho hincapié la ministra, para matizar que las disponibilidad de agua de las demarcaciones hidrográficas ha disminuido un 12 % desde 1980 por el cambio climático.
Respecto al trasvase Tajo-Segura, y que tanta polémica ha generado entre Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE y la Comunidad Valenciana (PSOE), Murcia y Andalucía (ambas del PP), Ribera ha señalado que con estos planes "se asegura la disponibilidad de agua en las zonas con mayor riesgo y con mayor preocupación sobre la disponibilidad de este recurso".
La ministra ha incidido en que se ha optado por una aplicación gradual de ese caudal ecológico en el Tajo, es decir, diferido en el tiempo para "conciliar los requerimientos legislativos con el impacto social, económico y ambiental".
Entre 2014 y 2018 se trasvasaron alrededor de 829 hm3 (la mitad para abastecimiento urbano y la otra mitad para regadío); sin embargo entre junio de 2017 y marzo de 2018 no se transfirió agua por la escasez de lluvias; desde 2018 hasta 2022 esa cifra ascendió a 1.229 hm3.
"Creemos que debemos darnos tiempo para que las inversiones que se han iniciado ya y sobre las que queremos seguir apostando en estos años, permitan disponer de recursos adicionales".
De esta manera, la vicepresidenta ha explicado que "en el peor de los escenarios", la reducción máxima del agua que se podría llegar a trasvasar está entre 70 y 110 hectómetros cúbicos, y la inversión en desaladoras y eficiencia en regadíos, entre otras, permiten disponer como mínimo de 140 hm3, "un volumen superior al agua que se dejaría de poder trasvasar".
Estas aportaciones adicionales tienen la ventaja de que son gestionables, ha precisado Ribera, que añade que, por el contrario, nadie puede controlar si llueve o si no llueve, pero sí se puede controlar cuánto se desala, cuánto se reutiliza, cómo se gestionan esas aportaciones extraordinarias no convencionales para poder ser utilizadas.
Ha destacado el compromiso "total" del Gobierno con el Levante, en especial, con un colectivo enormemente importante para la producción de riqueza como son los agricultores, y ha anunciado que se gestionará el precio del agua desalada, en promedio de unos 34 euros el hectómetro cúbico desalado, para que la energía no sea un problema, hasta que la inversión en renovables permita la gestión.
Desde el Ministerio han avanzado que se impulsarán las desaladoras implicadas en las comunidades del trasvase Tajo-Segura, de manera que se prevé invertir un total de 827,6 millones de euros (386,9 millones en Murcia; 288,4 millones en Alicante, y 152,3 millones en Almería), actuaciones que se licitarán a finales de 2023 y finalizarán antes de junio de 2026.
Además habrá 450 millones para la aplicación progresiva del caudal ecólogico del Tajo: 231,3 millones en ampliar la capacidad de salación y 236,7 millones en instalación de energía fotovoltaica; 97,6 millones para impulsar energía fotovoltaica en el trasvase Júcar-Vinalopó; 220 millones para interconexiones desaladoras y 60 millones para agua reutilizada en Alicante.
Para reducir el coste energético del agua desalada, el Gobierno prevé poner en marcha un plan para que cada planta desaladora tenga asociado un parque fotovoltaico, de manera que en 2025 podría haber hasta 110 hm3 más de agua en Alicante, Almería y Murcia.