Borràs ha llegado hacia las 9.45 horas al edificio del TSJC para afrontar un juicio que se le puede complicar si prospera el pacto de la Fiscalía con el beneficiario de estos contratos para que la delate.
Una vez dentro del TSJC y antes de acceder al interior de la sala en la que se celebra el juicio, Borràs ha estado acompañada por su marido y su hija, por Torra, por su abogado, Gonzalo Boye, y por su núcleo más cercano, entre ellos el diputado de Junts Francesc de Dalmases, el exconseller de Interior Miquel Sàmper y el exdirector de los Mossos Pere Soler.
Borràs se sienta en el banquillo acusada de adjudicar contratos a dedo a un amigo, en un juicio que se le puede complicar si prospera el pacto de la Fiscalía con el beneficiario de dichos contratos para que delate a Borràs.
La Fiscalía pide para Borràs seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 146.000 por los delitos de prevaricación y falsedad el documento mercantil.
El ministerio público acusa a la presidenta de Junts de adjudicar presuntamente 18 contratos a dedo a un amigo entre los años 2013 y 2017, cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), por valor de 335.700 euros., en una causa que le costó su suspensión como presidenta del Parlament por un artículo de la cámara que obliga a apartar a los diputados que estén a la espera de juicio por casos de corrupción
Borràs ha fiado su estrategia de defensa a un duro ataque a los otros dos procesados por sus negociaciones con la Fiscalía para delatarla.
Junto a Borràs, se sientan en el banquillo el beneficiario de los contratos, Isaías H., y Andreu P., quien está acusado de elaborar facturas para enmascarar la supuesta adjudicación arbitraria: ambos han mantenido contactos con la Fiscalía en los últimos días en busca de un acuerdo para lograr una rebaja de condena a cambio de incriminar a la líder de Junts.
Esas negociaciones se han convertido en una baza de última hora para la defensa de Borràs, que ha convertido el trámite de cuestiones previas de la primera sesión del juicio en una ofensiva contra los otros dos acusados, hasta el punto de pedir la suspensión del juicio para buscar nuevas pruebas con las que blindarse frente a ellos.
Ya antes de enfrascarse en la exposición de cuestiones previas, la abogada Isabel Elbal, que representa a Laura Borràs junto a Gonzalo Boye, ha pedido a la sala que le permita intervenir en último lugar, al considerar que las otras dos defensas se han convertido en partes acusadoras "pagadas" por sus negociaciones con Fiscalía.
Tras denunciar que su clienta "no va a tener un juicio justo", Elbal ha recordado que durante tres años ha trabajado de forma "coordinada", compartiendo información, documentos e incluso gastos para pruebas periciales con Marina Roig, la abogada de Isaías H., hasta el punto de haber urdido una "misma línea de defensa".
Todo ello hasta que hace "72 horas" tuvieron constancia del "inconfesable ahora mismo" acuerdo con Fiscalía, se ha quejado Isabel Elbal, que ha anunciado que va a pedir una dispensa al Colegio de la Abogacía de Barcelona para que se les permita levantar el secreto profesional y exponer las pruebas y documentos que acreditan esa estrategia conjunta con las otras defensas.
Para la defensa de Borràs, el mero hecho de que las otras defensas hayan negociado con la Fiscalía ya provoca "indefensión material" a la presidenta suspendida del Parlament, independientemente de que el acuerdo se acabe formalizando, de forma que se ha vulnerado "flagrantemente su derecho a la presunción de inocencia".
Las críticas de Borràs a la estrategia de los otros dos acusados ha cosechado un agria réplica de sus letrados, Marina Roig y Alex Solà, quienes consideran que se está "cuestionando el mismo ejercicio del derecho de defensa" y han criticado la "innecesaria y desafortunada" postura de Elbal y Boye.
La ausencia oficial del Govern, ERC, la CUP, Òmnium Cultural y la AMI, así como de alguna figura destacada de JxCat como Xavier Trias, ha marcado la llegada de la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
A diferencia de otras comparecencias judiciales de líderes independentistas encausados por el procés, esta vez sólo la ANC y el Consejo de la República -que lidera desde Bélgica el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont-, además de JxCat, han enviado una representación de apoyo para arropar a Borràs a su llegada al TSJC.
El caso genera incomodidad en las filas independentistas, ya que no se juzgan las actuaciones de la actual presidenta de JxCat en relación con el procés, sino unas presuntas irregularidades en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), anterior a su salto a la política a finales de 2017.
Tras recibir las muestras de apoyo de los 400 activistas -según fuentes de la Guardia Urbana de Barcelona consultadas por EFE- concentrados junto al Arco de Triunfo, que la han recibido entre gritos de "presidenta", Borràs ha entrado en la sede del TSJC acompañada de miembros de su familia y de su abogado Gonzalo Boye.
En cambio, como ya habían anunciado, no ha acudido a la concentración de apoyo a Borràs ningún miembro del Govern, ni de ERC, ni de la CUP, y la AMI. Òmnium no ha enviado una delegación oficial, aunque sí han asistido a título personal miembros de la junta directiva de esta entidad.
Entre los ausentes también cabe contabilizar a Xavier Trias, alcaldable de JxCat en Barcelona, además del expresidente de la Generalitat Artur Mas y los exconsellers Jaume Giró, Josep Rull y Damià Calvet.
Quienes sí han acudido a las puertas del TSJC han sido otros dirigentes de JxCat, como el presidente del grupo en el Parlament, Albert Batet, la portavoz en la cámara catalana, Mònica Sales, el portavoz en el Senado, Josep Lluís Cleries, y el exvicepresidente del Govern Jordi Puigneró.
Aunque estaba anunciada oficialmente su asistencia, los vicepresidentes de JxCat Josep Rius y Anna Erra no han aparecido, al encontrarse, según han explicado fuentes del partido, en el funeral de la madre del exconseller Toni Comín, fallecida el jueves.
Turull, por su parte, ha cerrado filas con Borràs, y ha afirmado que el TSJC aplicará a la presidenta de Junts "el código penal del enemigo" en el juicio iniciado hoy.
Por parte de la ANC, no ha acudido su presidenta, Dolors Feliu, pero sí su vicepresidente, Jordi Pesarrodona, que ha denunciado que no hay "ninguna garantía" de que Borràs tendrá un juicio "justo" y despolitizado.
Mientras Borràs recorría el paseo de Lluís Companys camino del TSJC, entre gritos de apoyo a los concentrados, una persona ha lanzado a su paso decenas de papeles simulando ser billetes de 200 euros con la imagen de la presidenta de JxCat y en los que se leía: "Laura Borràs corrupta".