Hasta ahora el principal partido afectado era el islamista Ennahda, pero las recientes detenciones se han extendido a todo el espectro social y político, dijo a EFE Samir Dilou, que se ocupa de la defensa de la mayoría de opositores. "La situación actual se puede resumir en una sola frase: Kais Said contra todos", afirmó el abogado.
Entre los al menos nueve detenidos de estos días se encuentran el exministro de Justicia Noureddine Bhiri y su compañero de Ennahda, Abdelhamid Jelass, un influyente empresario cercano al expresidente Zin El Abidin Ben Ali y el director de Mosaïque FM, uno de los medios de comunicación más importantes del país.
El pasado día 12 también fue detenido Jayam Turki, antiguo dirigente de Ettakatol -una pequeña formación socialdemócrata- y nieto de la ciudadana española Amalia Jover Velasco.
Bhiri, entrevistado por EFE semanas antes cuando participaba en una protesta por la liberación del también islamista y exministro del Interior, Ali Larayedh, aseguró que Ennahda forma parte del pueblo tunecino en referencia a la persecución que sufren por las constantes aperturas de investigaciones juidiciales de sus miembros.
Su militancia contra el "golpe de Estado" de Said desde que este se hizo con plenos poderes en julio de 2021 para "preservar la paz social", le ha granjeado un acoso judicial con casos "fabricados" e incitación al odio, lo que hace temer que Túnez "se convierta en una gran cárcel", según afirmó.
Casi un año después de su puesta en libertad- tras tres meses en detención provisional por "sospechas de terrorismo y blanqueo de dinero"- Bhiri, de 64 años, regresa a prisión bajo el mismo modus operandi: una intervención nocturna por policías de civil que registraron su domicilio y requisaron los teléfonos móviles de su familia, que desconoce hasta ahora los cargos que le imputan y el lugar donde se encuentra.
Las decisiones judiciales se toman directamente desde Presidencia con el objetivo de "neutralizar" a sus críticos, especialmente Ennahda, y aquellos magistrados que rechazan las presiones han sido cesados bajo pretexto de corrupción y colaboración con terrorismo, explicó uno de los jueces afectados por lo que Said llama "depuración" judicial.
En el último año el jefe del Estado ha extendido su control sobre la Justicia después disolver el Consejo Superior de Magistratura (CSM) y remplazarlo por un órgano "temporal", además de arrogarse la facultad de nombrar y suspender a jueces en caso de "violar sus deberes profesionales" y suprimir su derecho a huelga.
Las organizaciones de derechos humanos perciben una aceleración de los procesos militares contra opositores y reclaman revocar sus condenas al considerarlos "represivos e injustos".
Un caso reciente es el de Chaima Issa, una de las líderes de la coalición opositora Frente de Salvación Nacional de Túnez- que reúne a partidos y personalidades de diferente ideologías, incluida Ennahda-, convocada en dos ocasiones en apenas un mes tras participar en una emisión de radio en la que criticó una "deriva dictatorial".
El "crimen" que Issa ha cometido, defiende su abogado Dilou, es "expresar sus ideas políticas" y su enjuiciamiento busca instaurar un clima de miedo. Los cargos que se le imputan -incitar a la desobediencia civil, atentar contra el jefe del Estado y contra la seguridad nacional- podrían costarle 19 años de prisión, según el decreto 54, conocido como ley contra las "noticias falsas" y aprobado unilateralmente por Said.
Amnistía Internacional (AI) ha alertado de la duplicidad de procesos entre juzgados civiles y militares como en el caso del exdiputado y dirigente del partido islamorevolucionario Al Karama (Dignidad), Seifeddine Makhlouf, detenido- por segunda vez- el pasado 20 de enero.
En este contexto, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó hoy su preocupación por la creciente persecución a oponentes, a los que se acusa de "conspiración contra la seguridad estatal", y pidió el cese inmediato de los juicios militares contra civiles.