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Un ex alto cargo del Gobierno de Sánchez, que trabajó para el Barcelona, señalado en el caso de los árbitros

(Foto: EFE).

PRESUNTOS SOBORNOS

M. Jones | Domingo 19 de febrero de 2023
Dejó su puesto en el CSD tras haber tenido que declarar ante la Fiscalía por el escándalo que afecta al club azulgrana y al estamento arbitral.

Nuevo día, nuevos capítulos en el lío que ha contaminado el normal discurrir de LaLiga. Con el Fútbol Club Barcelona cada vez más comprometido, a medida que afloran más testimonios y documentos presuntamente inculpatorios, prosigue la frondosa cantidad de informaciones que subrayan lo resbaladizo del acuerdo firmado por el equipo catalán y el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira. En las últimas horas se ha dirigido la atención de las pesquisas hacia una figura que excede el ámbito deportivo y da la bienvenida a la comparecencia de la esfera política.

Al tiempo que la Fiscalía y Hacienda siguen progresando en sus investigaciones en torno a las empresas Dasnil 95 SL, Soccercam SL (gestionadas ambas por Enriquez hijo) y Tresep 2014 SL (propiedad de Josep Contreras, exdirectivo del Barça que fue detenido en 2018 dentro del denominado 'caso Soule', que provocó la detención de Ángel María Villar), ha salido a la luz la participación en este embrollo de uno de los altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez que más empujaron para que saliera adelante la redacción que ha modificado la Ley del Deporte. Un texto del que el ministro Miquel Iceta ha tenido ya que aclarar que no se preparó para proteger al club azulgrana. Porque, en la práctica, la modificación legal aprobada desde Moncloa ha resultado crucial para que no se contemple una sanción deportiva ante la investigada argucia 'culé'.

Se trata de Albert Soler, diputado del PSOE que abandonó su cargo político en 2014 para entrar a formar parte de la estructura de la entidad del Camp Nou. En 'Can Barça' permaneció hasta 2021, cuando fue reclutado por el Ejecutivo de coalición progresista para ejercer como director general del Consejo Superior de Deportes (CSD). Y desde este último puesto trabajó activamente para que saliera el cambio en la mencionada Ley del Deporte. Esta línea biográfica le conllevó ser llamado a declarar por la policía judicial, a petición del Ministerio Público y de la Agencia Tributaria, en el pasado mes de octubre. En el marco de la investigación por el denominado 'caso Negreira'.

Se marchó del CSD cuando quedó aprobada la nueva Ley del Deporte, que evita sanciones deportivas al Barcelona

En su declaración, Soler corroboró la existencia de los informes que Enríquez Negreira entregaba al Barcelona, de manera sistemática, sobre el ámbito laboral, deportivo y personal de los árbitros. Este directivo socialista, categorizado como testigo en la pesquisa de las autoridades, reconoció ser el responsable del Barça que recibía los informes arbitrales por los que Josep María Bartomeu pagó 1,4 millones de euros en los años 2016, 17 y 18. Y subrayó que los informes llegaban con asiduidad y de modo continuado, tal y como han desvelado fuentes jurídicas. Siempre llevaban la firma de Enríquez hijo y el club los recibía cada semana. No en vano, se trataba de una información privilegiada para afrontar cada partido, a lo largo y ancho de toda la temporada futbolística.

Se ha sabido que su comparecencia no se extendió demasiado en el tiempo y que defendió que él no tenía nada que ver con la contratación de los polémicos servicios ofrecidos por la empresa Dasnil 95 SL, en una colaboración que el diario 'El País' cifra, a estas alturas de la investigación, en décadas de duración -de 2001 a 2018- y por un valor de en torno a los siete millones de euros. Un precio fuera de mercado, sin justificación si se atiende a los valores del mercado de las asesorías de este tipo. Soler, al que llevó Bartomeu al Barcelona durante su mandato, aseguró que los informes arbitrales de Enríquez Negreira llegaban al club desde, por lo menos, 2003. Y abandonó el CSD en enero de 2023, toda vez que quedó aprobada la nueva Ley del Deporte.

La posible influencia política de este ex alto cargo del Gobierno de Sánchez no ha pasado desapercibida, por tanto. Tres meses después de ser interrogado, dejó su cargo directivo en el Consejo Superior de Deportes. Por eso el grupo parlamentario Popular en el Senado ha pedido la comparecencia del presidente del CSD, José Manuel Franco. La sensación que se ha extendido con el paso de las horas pasa por la necesidad de que Moncloa dé explicaciones al respecto.

Tebas explica la ausencia de sanciones deportivas

El presidente de LaLiga ha querido extenderse este sábado en las razones que impiden aplicar sanciones deportivas al Barcelona, tal y como se contempla en Italia, país en el que la Juventus fue descendida a Segunda tras haberse comprobado sus tejemanejes con el estamento arbitral. Javier Tebas ha afirmado que "no sé si habrá afectado a los resultados, pero como presidente de LaLiga no me gusta, no está bien y hay que aclararlo". "Todo es muy sorprendente pero muy grave, está haciendo mucho daño al fútbol español (...) No he visto partidos raros, pero por mi experiencia tampoco se vio nada raro en los partidos que se amañaron. No es fácil verlo directamente", añadió, antes de referirse al caso italiano: "En el 'Moggigate' no hubo árbitros que tomaran decisiones durante los partidos, sino que se influyó en los nombramientos de árbitros".

"Si no hubiese investigación de la Fiscalía, ya habríamos ido a los juzgados para que se investigue con los indicios que han salido (...) Si no hubiese prescrito, se hubiese abierto ya un expediente disciplinario. Son sanciones que van del apercibimiento verbal a un descenso e incluso la expulsión de LaLiga", argumentó Tebas. Y especificó que "este es un delito de los que se llaman de riesgo". "El solo hecho de intentarlo ya está penado, aunque no se consigan los resultados. Los indicios me resultan extraños, no habituales. No es lógico en el ámbito de un ‘fair play’ de una competición. Eso se tiene que aclarar", ha remarcado.

El dirigente de LaLiga ha indicado que "detrás de todo no hay ninguna conspiración de Madrid, son hechos objetivos que tenían que investigarse". "No veamos conspiración en este tema, es de la Fiscalía, que nace de la Agencia Tributaria", comentó para, de inmediato, deslizar que "el hecho de que esté prescrito a nivel deportivo no quiere decir que desde lo penal no haya una condena deportiva, pero no me voy a extender". "Vamos a esperar, no especulemos porque crear incertidumbre incluso dañaría más a la competición, incluso al Barcelona y a su entorno", remató.

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