Como no puede ser menos la dimisión de la primera ministra de Escocia Nicola Sturgeon ha causado conmoción en el Reino Unido. Muchos la han saludado, quizás precipitadamente, como una muestra de la vuelta del moderantismo o pragmatismo británico, que presenta diferentes muestras ante el populismo simplificador reciente y reinante: Sunak frente a Johnson, en el partido conservador; Keir Starmer frente a Corbyn en el laborismo.No serían, vistas las consecuencias del Brexit, tiempos de rupturas: mejor recomponer las relaciones con la Unión Europea en la medida de lo posible, buscando un acomodo en la frontera de Irlanda, o transigiendo con el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos comunitarios en el territorio británico, y no insistir en las ventajas de la separación a ultranza.
La dimisión de la Sra.Sturgeon también ha llevado a algunos a dirigir, con todo acierto, el foco a la dureza de la vida de las políticas, especialmente acerba. Como dice el editorialista del Guardian los políticos no tienen por qué recibir piedad, amor o alabanzas. Sin embargo, muchas veces no consiguen más que cinismo e insultos, y como se quejó la señora Sturgeon (“Soy un ser humano tanto como una política”), brutalidad, y ello es especialmente cierto en el caso de las mujeres políticas que deben soportar un trato y unas presiones que se ahorran frecuentemente a los hombres. He pensado al oir esto en los casos, entre nosotros, de Isabel Ayuso, Irene Montero o Mónica García.
Pero el caso de la Sra. Sturgeon es admirable por las cualidades de consecuencia política (o coherencia) y realismo (o lealtad constitucional) que muestra y que no son frecuentes en la mentalidad nacionalista de cualquier latitud geográfica de que se trate. Después de todo los nacionalistas, como viera George Orwell, presos de sus planteamientos autorreferenciales, tienden a “dejar de estar interesados por lo que ocurre en el mundo real”, y pueden incurrir fácilmente en la obcecación y el ensueño.
Veamos. La Sra. Sturgeon se ha encontrado con la negativa del Tribunal Supremo a admitir la celebración de un referéndum de autodeterminación en Escocia, convocado por el gobierno territorial; y la resistencia de su propio partido, en sustitución, a celebrar unas elecciones referendarias sobre la secesión. En ambos casos se trata de un valladar a su propia apuesta política. La líder escocesa ante esta situación, subrayada por la decisión del gobierno de Sunak de vetar una ley de Escocia presuntamente inconstitucional, que rebajaba el derecho a la autodeterminación de género de los jóvenes a los 16 años, ha decidido ceder, y pensar que debía de responder políticamente por la equivocación de la vía intentada para sacar adelante su plan de abrir paso a la independencia este mismo año de 2023.
Considero admirable que la Sra. Sturgeon en vez de proseguir en su empeño de imponer su programa político a pesar del tope jurídico que supone el dictamen del Tribunal Supremo, amenazando con resistir en su línea política por medio de unas elecciones plebiscitarias, haya reconocido su equivocación de modo consecuente, como se asumen en un sistema democrático los yerros y fracasos, esto es, dimitiendo de su cargo. No menos admirable es que al presentar su dimisión ratifique la aceptación del marco jurídico constitucional en el que se desenvuelve la vida política en todo el Reino Unido. Este sin duda es el quid de la cuestión. La convocatoria de un referéndum solo puede tener lugar en el sistema británico si lo permite la Constitución como norma fundamental del Estado que rige los asuntos políticos trascendentales, y la celebración de una consulta sobre la salida de la unión de uno de sus componentes territoriales lo es. El caso es que ya se celebró un referéndum de esta clase en 2014 que perdieron los secesionistas: podría pensarse que el cambio de circunstancias, fundamentalmente la previsible inclinación respecto de Europa de quienes se opusieron a la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el referéndum posterior del Brexit, esto es, de los escoceses a los que se les aseguró que la permanencia en el Reino Unido les garantizaría la pertenencia a la Unión Europea, podría justificar que se atendiese, en su caso, su deseo de volver a la Unión Europea, abandonando el Reino Unido.
Ante esta pretensión, el gobierno del Reino Unido ya había hecho saber su oposición a la iniciativa secesionista, manifestando que no resulta adecuada tal consulta, añadiendo un factor de perturbación a la vida política de la Nación, teniendo en cuenta además el poco tiempo transcurrido desde el anterior referéndum de 2014. En esta tesitura, mostrando sus argumentos democráticos, pero admitiendo los límites constitucionales a estas pretensiones, lo que hace el gobierno escocés es solicitar un dictamen al Tribunal Supremo, como suprema instancia constitucional, que avale sus planteamientos. Como respuesta el Tribunal Supremo confirma en su Sentencia de 22 de noviembre de 2022, en cambio, el carácter reservado o no devuelto en el ordenamiento constitucional británico de la competencia para convocar referéndums de la que no dispondrían los parlamentos territoriales sin la delegación del Parlamento Central de Westminster. Así pues, Roma locuta, causa finita. Cerrada esta puerta constitucional a la consulta, su sustitución por unas elecciones plebiscitarias ha aparecido como un expediente fraudulento que subvierte el Estado de derecho y que por ello no dispone seguramente del apoyo requerido para salir adelante. Dos errores parecen demasiados: mejor desistir que enfangarse en un futuro bien oscuro.