Tras la votación de las enmiendas del Senado, el pleno de la Cámara Baja ha respaldado el texto de la tercera reforma universitaria en democracia por 182 votos a favor (PSOE, PNV, ERC y Unidas Podemos), 157 en contra (PP, Ciudadanos y Vox) y ocho abstenciones, entre ellas las de Bildu, BNG y Junts.
La entrada en vigor será a los veinte días de su publicación en el BOE.
El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha explicado que con la LOSU se ha asumido "la demanda de muchas de las universidades que durante años han reclamado contar con una nueva ley, 22 años después de la aprobación de la LOU. Era el momento de abordar este reto y lo hemos hecho desde un talante inequívoco de diálogo y de consenso".
"Tengo la convicción de que permite a las universidades afrontar con garantías de éxito los retos actuales del cambio de época que atravesamos y también plantear y afrontar su futuro tanto a corto como a medio plazo. Conlleva un compromiso presupuestario firme, que quiere acabar con un largo periodo de infrafinanciación de nuestras universidades públicas, un compromiso concretado en un mínimo del 1% del PIB", ha añadido.
En estos momentos, ha detallado, "ya estamos trabajando tanto con las comunidades autónomas como con los rectores para que esto pueda llegar a cumplirse".
Según Subirats, el Gobierno ha hecho "un esfuerzo importantísimo" con "el aumento histórico" de las becas universitarias, reconociendo las becas como un derecho subjetivo, eliminando o paralizando la posibilidad de aumento de los precios públicos y "democratizando así de manera efectiva una educación superior para todos y para todas".
Se recogen además "importantes baterías de medidas para que las universidades sean equitativas en su organización interna, garantizando la participación de todos sus miembros en su gobernanza, la igualdad entre mujeres y hombres, reduciendo la precariedad de las plantillas del profesorado y garantizando una carrera estable y predecible y con condiciones laborales dignas".
PP: "Se ha perdido una oportunidad de oro"
Durante el debate, la diputada del PP María Jesús Moro ha subrayado que esta no es la ley que necesitan las universidades ni es la que "esperaban ni es la que se merecen, no sirve de nada y no resuelve" problemas como el de la precariedad laboral.
Tampoco, ha sostenido, garantiza la financiación, sino que es un "yo invito y tú pagas"; "ataca la neutralidad institucional" y hay rechazo entre los rectores y presidentes autonómicos, también del PSOE.
"Hoy debería ser un día de alegría, pero se ha perdido una oportunidad de oro. Sin embargo, aún puede ser peor porque el Ministerio está trabajando en los desarrollos reglamentarios" de la ley, ha agregado la diputada.
En su turno de intervención, la diputada de ERC Marta Rosique ha destacado que su formación ha incorporado a la norma del Gobierno más de 130 enmiendas "que han mejorado sensiblemente el texto".
Entre ellas ha destacado el derecho al paro académico; que el estudiantado pueda compaginar estudios y trabajo; la equiparación de derechos y obligaciones del personal laboral y funcionarios; que los psicólogos migrantes puedan homologar sus títulos y que los claustros puedan "analizar y debatir" temas de actualidad.
Pedro Fernández, de Vox, ha argumentado que con esta ley la izquierda ha puesto "el punto de mira en la universidad y no ha dejado sector social ni económico al que atacar".
"Cabe preguntarse para quién gobierna hoy, no se sabe. Por eso la izquierda hoy se ha convertido en una izquierda de caricatura, se puede decir que se ha convertido en el show de Benny Hill", ha asegurado.
Según el diputado de Vox, los alumnos se quejan de la ley porque exigen más peso en el claustro, los profesores porque quieren más seguridad jurídica en sus contratos; los rectores porque dicen perder el control de las universidades y las comunidades porque creen que su aplicación será inviable económica y financieramente.
- Para ser rector, la LOSU solo plantea ser funcionario (no obliga a que sean catedráticos). Sí hay que cumplir los requisitos de tener tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal.
- El estudiante tendrá por primera vez derecho al paro académico -con lo que no se arriesga a ser penalizado por no asistir a clase o a un examen por ese motivo- y su participación en los órganos de gobierno de la universidad alcanza un mínimo del 25%.
- Pone un tope a los precios de las tasas universitarias que ahora sólo podrán mantenerse y/o reducirse.
- Los contratos temporales no podrán superar el 8 % -de media hoy un 40 %- y las alrededor de 25.000 plazas temporales de profesores asociados se convertirán en indefinidas, evitándose así el uso inadecuado de figuras docentes como los asociados y visitantes.
- Los colegios mayores privados que tengan un régimen no mixto o segregado no podrán adscribirse a una universidad pública. Aquellos convenios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Ley, podrán mantenerse hasta su vencimiento, pero no renovarse.
- La formación a lo largo de la vida podrá desarrollarse mediante distintas modalidades de enseñanza, incluidas microcredenciales, micromódulos u otros programas de corta duración.
- Se democratiza la entrada a la formación permanente que ofrezcan las universidades a las personas que, aunque no posean ninguna titulación universitaria habilitante, puedan acreditar experiencia laboral o profesional con nivel competencial equivalente a la formación académica universitaria.
- Una carrera académica más predecible, corta y estable, con tres etapas: acceso, estabilización y promoción. Desde el inicio los estudios de doctorado hasta la estabilización solo pasaran diez años.
El acceso a la carrera se realizará con la figura del Ayudante Doctor, con un contrato de 6 años, eliminando la acreditación para esta figura y accediendo por concurso público.
Pasados estos 6 años se podrá alcanzar la estabilización a través de las figuras de Titular de Universidad o bien de Permanente Laboral, mediante la acreditación pertinente y un concurso público.
- Para evitar la histórica endogamia del sistema, en todos los concursos públicos la universidad convocante estará en minoría y los miembros serán escogidos por sorteo.
- Se crea una nueva figura de Profesorado Distinguido cuya función es captar personas de prestigio académico e investigador, tanto nacional como extranjero.
- Los estudiantes extranjeros no comunitarios no tendrán que renovar su permiso de residencia anualmente y los recién graduados podrán quedarse un año más sin tener que pedir una ampliación de la estancia en el país.
- Se agilizan los visados por estudios para atraer talento.
- Gobernanza: se plantea un modelo con cuatro estructuras básicas: Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo de Estudiantes y Consejo Social.
El claustro será el órgano de máxima representación y participación de la comunidad universitaria, garantizando siempre un 25% de mínimo de representación del estudiantado así como una representación del 51% para el personal docente e investigador.