La huelga de los letrados de Justicia, que comenzó el pasado 24 de enero, pone en jaque al Gobierno con un conflicto sin visos de solución a corto plazo. Los convocantes exigen al Ministerio de Justicia de Pilar Llop retomar las negociaciones después de cuatro reuniones infructuosas en mes y medio de paros.
Los letrados reclaman una mejora salarial tras acumular más carga de trabajo y funciones que no se han visto recompansadas en el salario. Acusan al Ministerio de incumplir los compromisos adquiridos en abril de 2022. Justicia responde que las exigencias salariales "no son realistas" ya que sus reclamaciones suponen un aumento de "más de mil euros" mensuales para un colectivo que se mueve en los 40.000-60.000 euros brutos al año.
Mientras tanto, el paro deja por el momento 350.000 demandas pendientes de reparto, 300.000 juicios suspendidos y alrededor de 1.000 millones de euros paralizados. El saldo medio de la cuenta de consignaciones de los juzgados está a punto de llegar a 6.000 millones de euros.
Tras cuatro reuniones fallidas, varias ofertas intercambiadas y acusaciones mutuas, el martes pasado tuvo lugar el último encuentro hasta la fecha entre los huelguistas y el Ministerio, encabezado por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.
"Queremos que nos convoquen para hablar del tema y para resolver de una forma organizada y sentados en una mesa las pretensiones de unos y de otros", ha expresado a la prensa Ernesto Casado, miembro del comité de huelga y presidente del Colegio Nacional de Letrados (CNLAJ), una de las tres asociaciones convocantes del paro.
El departamento dirigido por Llop optó por continuar las negociaciones por correo electrónico, medida que Casado rechaza, pues ha afirmado que Justicia publica "cualquier documento" que los letrados remiten y, por tanto, falta a la promesa de no hacer pública la negociación.
Unas 1.200 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno, se han concentrado a las 13:00 en la madrileña plaza de Callao, desde donde se han dirigido, ataviadas con togas, a la calle de San Bernardo para gritar frente al Ministerio de Justicia lemas como "Pilar, sal a negociar" y "es mentir pactar y no cumplir".
En esta segunda manifestación desde el inicio de la huelga el pasado 24 de enero y sin convocatoria encima de la mesa, "la cosa está igual que estaba hace una semana", ha denunciado Casado.
Para Justicia, sin embargo, "la pelota está en su tejado". Fuentes del Ministerio han asegurado a EFE que están a la espera de una "contrapropuesta" en la que los funcionarios expongan "algo diferente de su propuesta de máximos", la llamada cláusula de enganche.
Mediante esta reivindicación, de la que los letrados han hecho su bandera, exigen no cobrar nunca menos del 85 % respecto a jueces y fiscales.
Los huelguistas "no se han movido" de esta petición desde que comenzó el paro, lo cual "equivale a negar la negociación" y hace que "no tenga sentido" retomar el diálogo, argumentan las mismas fuentes.
El pasado lunes la ministra se reunió con abogados y procuradores para abordar las consecuencias de la huelga y descartó declarar hábil el mes de agosto, atajando un rumor que se extendía en la profesión ante el atasco que se vive en los juzgados.
Llop reclama a los letrados que sean "realistas" y hagan nuevas propuestas. Aceptar su petición de una cláusula de enganche al salario de jueces y fiscales, alega Justicia, supondría un aumento mensual de "más de mil euros" por funcionario en su salario de entre 40.000 y 60.000 euros brutos al año.
"Esto es una cuestión de dignidad y nosotros no vamos a cesar hasta conseguir un acuerdo justo", ha apuntado Casado.
El seguimiento del paro este miércoles -última jornada con datos- fue del 20,73 % según Justicia y del 73 % según los huelguistas.