La Comisión Europea ha avisado esta semana de que las reglas fiscales en cuanto al déficit y la deuda volverán en 2024. El Ejecutivo europeo emitió una cláusula para que los estados miembros de la Unión Europea pudieran implementar políticas presupuestarias al margen del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en momentos de parón económico por la pandemia de Covid. La guerra de Ucrania permitió prolongar las vacaciones fiscales, pero esta etapa de permisividad toca a su fin, al tiempo que el Banco Central Europeo pone fin a su política de tipos de interés históricamente bajos y a su financiación indirecta de los estados a través de la compra de bonos del Tesoro en el mercado secundario.
Europa es una isla de bienestar, rodeada de países con economías cada vez más pujantes que aprovecharán cualquier rendija para socavar la prosperidad europea. La debilidad del Viejo Continente en materia energética se ha puesto de manifiesto en la guerra energética que Putin ha emprendido tras la invasión de Ucrania. Del mismo modo, los grandes fondos de inversión aprovecharon las grietas en las economías que compartían el euro para ocasionar una crisis de deuda soberana durante la pasada década. Es preciso que la Unión Europea blinde sus finanzas para hacer sostenible sus envidiados servicios públicos y coberturas sociales.
El comisario europeo, Paolo Gentiloni, ha pedido a los gobiernos que diseñen estrategias para reducir el déficit y la deuda, un llamamiento a los países sobreendeudados como es el caso de España. Es lo mismo que el Banco de España ha exigido en numerosas ocasiones al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al poner encima de la mesa el problema de déficit y deuda estructural que, al margen de las situaciones coyunturales, atenaza a las finanzas públicas españolas. También la AIReF, esta misma semana, constataba lo obvio: que serán necesarias medidas para tratar de corregir los desequilibrios presupuestarios. Y no serán medidas agradables.
Pero sucede que España se encuentra inmersa en pleno proceso electoral. A los comicios municipales y autonómicos previstos para mayo le sucederá el anuncio de unas elecciones generales que se celebrarán antes de que termine el año. En este contexto, el presidente Pedro Sánchez está decidido a utilizar estos últimos meses de paréntesis en las normas europeas para utilizar el dinero público con generosidad y deliberado cálculo electoral entre sus acólitos y aliados, en los infinitos organismos públicos y chiringuitos subvencionados que proliferan en España, en el ejército de estómagos agradecidos cuya voluntad se pretende comprar.
Es la fórmula del gobernante frívolo. Estirar el presupuesto de manera irresponsable hasta lo insostenible y cargar el problema a los que vengan después.