La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este jueves en rueda de prensa los datos de ejecución presupuestaria de 2022 para destacar que "España logró nuevamente cumplir con sus compromisos presupuestarios" por tercer año consecutivo gracias a las políticas puestas en marcha y la mejora de los ingresos públicos.
El déficit público acumulado en 2022 se situó en 63.776 millones de euros, equivalente al 4,8 % del PIB, por debajo de la tasa de 2021 (6,9 % del PIB) y de la referencia del Gobierno para el año (5 % del PIB) y por encima de las previsiones de organismos como la AIReF (4,5 %) o el Banco de España (4,6 %).
Detrás de esta buena evolución de las cuentas públicas está la evolución de la recaudación, que batió el récord de 2021 (223.385 millones) y superó tanto las previsiones recogidas en los Presupuestos de 2023 (232.352 millones) como en el plan presupuestario remitido a Bruselas en octubre (244.072 millones).
Por impuestos, el IRPF recaudó 109.485 millones, un 15,8 % más, gracias a que hay más empleo y mejores salarios; el impuesto de sociedades, 32.176 millones, un 20,8 % más, por "el buen comportamiento de los beneficios empresariales", y el IVA, 82.595 millones, un 13,9 % más, un repunte que, según la ministra, no obedece solo a la inflación.
Por lo que respecta al gasto público, se situó en 318.610 millones, un 3,6 % más, del que más de la mitad fueron pagos a otras administraciones (165.732 millones), con importantes subidas en las partidas de ayudas y subvenciones (141 %), transferencias sociales en especie (33 %), inversión (13,2 %) o consumos intermedios (25 %).
Como es habitual, la mayor parte del déficit público se concentró en la administración central, que registró un déficit de 41.058 millones, un 3,1 % del PIB, tres puntos menos que en 2021.
Las comunidades autónomas registraron un déficit de 15.085 millones, casi el triple que un año antes (630 millones) y un 1,1 % del PIB, debido al efecto contable de la liquidación del ejercicio 2020, que ha sido compensado por el Estado.
De la misma manera, la liquidación negativa del ejercicio 2020 llevó a las entidades locales a registrar un déficit de 1.647 millones, un 0,1 % del PIB, tras años de superávit debido a una cuestión "técnica y coyuntural" de tipo contable.
El déficit de la Seguridad Social se redujo a la mitad -hasta los de 5.986 millones, un 0,5 % del PIB (en 2021 fue del 1 % del PIB)- debido al incremento de los ingresos derivados de los mejores salarios y el aumento del empleo, así como a los 37.665 millones recibidos de la Administración Central.