Pedro Aragonés pertenece a la mediocridad que caracteriza a la clase política española. Frente a los nombres estelares de la Transición, la decadencia ha ido invadiendo a nuestros políticos que se encuentran ya, con las debidas excepciones, en una situación deplorable. Las encuestas más serias sitúan los partidos políticos como el segundo o el tercero de los problemas que agobian a los españoles, cuando deberían ser la solución a las ásperas cuestiones que zarandean la vida española.
Pedro Aragonés ha resucitado la machacona idea de la “claridad canadiense” cuando la distancia histórica entre Canadá y España marca cifras abrumadoras. Cataluña forma parte de España desde la unidad nacional en el siglo XV y constituye una de las claves nacionales tanto en la política interior como en la exterior. Alejandro Fernández, líder del Partido Popular catalán ha contestado a las simplezas de Pedro Aragonés de forma contundente: “Claridad es lo que exige precisamente la ciudadanía y no que le tomen el pelo”, ha dicho, para concluir. “La ley de claridad canadiense tenía a su favor el dictamen de la Corte Suprema. ¿Aceptaría usted, honorable Pere Aragonès, el dictamen de nuestro Tribunal Constitucional?”. Pedro Aragonés ha callado. Para conseguir legalmente su propósito secesionista, el señor Aragonés necesita, conforme al artículo 168 de la Constitución, los dos tercios del Congreso de los Diputados y a continuación los dos tercios del Senado. Después y de forma inmediata nuevas elecciones generales. Y Pedro Aragonés necesitaría otra vez los dos tercios del nuevo Congreso y del nuevo Senado. Y si los consiguiera, se convocarían elecciones generales para que el pueblo español tomara la decisión final. ¿Se atreverá el señor Aragonés a poner en marcha el proceso que la Constitución exige para no apartarse de la legalidad vigente, la legalidad, que votó por cierto de forma abrumadoramente mayoritaria el pueblo catalán en 1978?
Cercanas ya las elecciones generales, Pedro Aragonés que debe a Pedro Sánchez cien gestiones a su favor, se ha permitido amagar al presidente del Gobierno anunciando su propósito de convocar un referéndum secesionista que compromete de fondo al sanchismo ante la llamada a las urnas el próximo otoño.