Pedro Sánchez parece decidido a tomar el pelo a sus votantes con la vivienda. El pasado domingo anunciaba que destinaría 50.000 viviendas de la Sareb para alquileres asequibles y este mismo miércoles, durante su intervención en el Congreso para informar sobre asuntos bien distintos. El presidente aprovechaba la coyuntura para desvelar que destinaría fondos europeos para promover otras 43.000 más, sin mayor detalle. Se trata de dos anuncios puramente electorales a la búsqueda desesperada del eslogan y el titular.
Poco importa que estas promesas de Sánchez no resistan en el más leve contacto con la realidad. De las primeras 50.000 viviendas, hay apenas 9.000 disponibles, otras 12.000 necesitan acondicionamiento y 14.000 ya están habitadas, en algunos casos de forma ilegal. Se trata, además, de viviendas de promociones fallidas que el Estado adquirió a la banca y que se encuentran dentro de un programa para alquiler asequible desde 2013. Hace, pues, más de una década que esas casas se usan con mayor o menor fortuna por parte de las comunidades autónomas. En cuanto a las otras 43.000 casas, forman parte de diversos anuncios que ya había realizado la ministra del ramo, Raquel Sánchez, para ampliar el parque público de vivienda. Están, además, todavía por construir.
Se trata, en resumen, de un “plato recalentado” como denunció la portavoz de la oposición en el Congreso, Cuca Gamarra, un refrito de anuncios con los que encarar una difícil campaña electoral en la que todas encuestas serias vaticinan la derrota de Sánchez.
Este mejunje populista de viviendas caídas del cielo se une a una ley que establece topes al alquiler y distorsiona el mercado inmobiliario. A la larga, una medida que disminuirá la oferta y tendrá los efectos contrarios a los deseados.
Para reducir el precio y facilitar el acceso a la vivienda, la política seria tiene que encaminarse hacia el ensanchamiento de la oferta. Es preciso construir más y garantizar la seguridad jurídica de los arrendatarios para tener un mercado de la vivienda en alquiler saneado.
No es de recibo acordarse del problema de la vivienda en la recta final de la legislatura, cuando acechan las urnas y jugar con las legítimas preocupaciones de los ciudadanos que, durante estos largos años de sanchismo no han visto ni una sola medida para aliviar los problemas asociados al acceso a un alquiler asequible o al pago de la hipoteca.