La Administración de Justicia en España atraviesa una de las mayores crisis que se recuerdan. La ingente carga de trabajo a la que están sometidos los trabajadores públicos, la gran litigiosidad y la escasa dotación, han colocado a los profesionales públicos del sector al borde del precipicio, ante la pasividad del Ministerio de Justicia.
Por ello, las principales asociaciones de jueces y fiscales han anunciado este lunes su intención de convocar una huelga indefinida de las Carreras Judicial y Fiscal a partir del día 16 de mayo.
Se trata de la tercera iniciativa de esta índole a la que el departamento de Pilar Llop se enfrenta en pocos meses. Los letrados de Justicia estuvieron más de dos meses en huelga (desde el 24 de enero al 27 de marzo), reclamando mejoras salariales. Aquello provocaría la suspensión de 360.000 juicios, 424.000 demandas pendientes de reparto y 1.280 millones de euros parados en las cuentas de consignaciones de los juzgados.
Días después, los 45.000 funcionarios públicos de Justicia convocaron otro paro, para demandar una subida salarial "digna", que comenzó el pasado 17 de abril. Hoy mismo el comité de huelga de los funcionarios de la administración de Justicia ha anunciado que endurecerá sus medidas de presión tras la reunión que ha mantenido esta mañana con el Ministerio, en la que no ha recibido ninguna oferta retributiva. Como consecuencia de los paros se han visto afectadas hasta la fecha unas 700.000 actuaciones judiciales y "miles de juicios", según CSIF.
Pero, sin duda, la huelga que podría paralizar definitivamente la Administración de Justicia en España es la anunciada este lunes por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
De momento, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales no se han sumado a la convocatoria, aunque comparten el diagnóstico y las reclamaciones, porque quieren esperar a conocer el planteamiento del Ministerio de Hacienda en la reunión de la Mesa prevista para el día 3 de mayo.
Jueces y fiscales exponen su preocupación por la falta de dotación suficiente de la administración de Justicia, que consideran que es "la cenicienta", y por las cargas de trabajo de tribunales y fiscalías "que afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía".
Lamentan que todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, lo que consideran que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad.
Explican que tras las reuniones "decepcionantes" con Justicia el 31 de marzo y 4 de abril, coincidiendo con la huelga de letrados, anunciaron su intención de elaborar un calendario de "medidas de presión", ya que concluyeron sin avances y solo con el compromiso de convocar la Mesa de Retribuciones antes del 10 de mayo.
Para las organizaciones que justifican la huelga, no es suficiente con la convocatoria el 3 de mayo de la mesa, que podría desconvocarse en cualquier momento o concluir sin acuerdos, lo que consideran que sería "dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental".
Para los jueces y fiscales, esta convocatoria se produce en "un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos".
Las asociaciones expresan su firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas, "desde la misma buena fe que nos ha animado hasta ahora". "No permitiremos, sin embargo, que esa actitud responsable que sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda, a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de jueces, juezas y fiscales no se desarrolla en condiciones -también retributivas- adecuadas", concluye.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pedido a los jueces y fiscales que "miren por el buen servicio público de la Justicia" y que sean "honestos a la hora de plantear sus posiciones". En declaraciones a los periodistas durante su visita a la Feria de Abril de Sevilla la ministra ha reclamado a las principales asociaciones de jueces y fiscales, responsables del posible paro, que "no perjudiquen a los ciudadanos" y se ha comprometido a dialogar con ellas.
"Vamos a escuchar todas las peticiones", ha dicho la titular de Justicia, que ha defendido que el diálogo "es una seña de identidad del gobierno de España" y ha recordado que doce de las diecisiete comunidades autónomas tienen competencia sobre los medios materiales y personales.
"Yo sé lo difícil que es administrar Justicia y sé cómo es el trabajo de los juzgados", ha argumentado Llop, que ha añadido que el Ministerio "está haciendo unos esfuerzos enormes por transformar la Administración de Justicia y necesita a todos los colectivos en ese gran pacto".
Ha resaltado que el Ejecutivo está trabajando en "un cambio de modelo" porque el actual está "obsoleto" y se va hacia "un sistema mucho más ágil, eficiente, sostenible e igualitario, con una justicia moderna del siglo XXI digitalizada, que es lo que necesitan los ciudadanos".
En cuanto a las peticiones económicas, la ministra ha sostenido que la Administración de Justicia es "como una especie de agujero negro que se come todos los recursos que se le echa porque hay una organización muy deficiente".
Por ello, ha dicho, el Gobierno está buscando "un sistema eficiente que redunde no solo en un servicio público de calidad, sino también en medidas para los propios trabajadores, con medidas de conciliación, de teletrabajo, poder hacer vistas y juicios a distancia y compatibilizarlos con sus propias vidas".
Llop ha asegurado que este es "un momento muy importante" en el que, tras el acuerdo que se consiguió con los letrados de la Administración de Justicia, "no se deben adoptar medidas de presión, que pueden ser muy legítimas". "Yo vengo de ese mundo, conozco muy bien lo que es el trabajo en la trinchera y sé cómo son los medios, pero ahora necesitamos que se mire por el ciudadano y por el buen servicio público", ha concluido.