Parece que el President Aragonés no está dispuesto a que la reclamación de un referéndum de independencia deje de ocupar el lugar central del debate político en Cataluña y, por extensión, en toda España. Sin duda el asunto de la autodeterminación es un lastre inevitable, un asunto incómodo que podemos orillar por algún tiempo, pero no superar o reducir a la insignificancia. Quien iba a decir que resurgiría, a pesar de los indultos o la reforma penal de la sedición o la malversación y tras largos años, tan difíciles de sobrellevar para los implicados, y no absueltos, en los sucesos del 2017, y a pesar de las ventajas que ha deparado al independentismo el apoyo parlamentario al Gobierno socialista.
Lo que ocurre es que las circunstancias no son buenas para pensar en un nuevo referendum. La verdad es que algo de eso ya se deduce de los mismos términos del planteamiento de la consulta futura, que no se presenta francamente como una pregunta sobre la independencia que hace el Gobierno y a la que responde el cuerpo electoral, pues media la interposición de una Comisión Técnica preparatoria: de modo que queda oscurecido el objeto de la consulta, su carácter decisorio o no, y el quorum requerido para que se considere vinculante el resultado.
Decía que el momento presente no parece el más adecuado para las iniciativas autodeterministas, especialmente si nos referimos al caso de Escocia. Hay que resaltar que el derecho comparado, leído con mayor o menor escrupulosidad, constituye, a la vista de los obstáculos que para la admisión de los referéndums de autodeterminación existen en el derecho nacional español, una ayuda indispensable en el argumentario independentista. Como es sabido la Sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido de 22 de Noviembre de 2022 niega al gobierno de Escocia competencia para convocar un referéndum de autodeterminación sin la delegación del Parlamento de Westminster, pues en el ordenamiento constitucional británico, en tal supuesto, estamos ante una materia reservada o no devuelta.
Por lo que hace al caso canadiense el Partido quebequés ya no cree que la celebración de una consulta sobre cuya viabilidad jurídica y la previsión de sus consecuencias, por otra parte, no existe consenso constitucional, pueda traer consecuencias positivas políticas para el independentismo. El independentismo catalán debe ser muy cauto al esgrimir el ejemplo canadiense en su apoyo. La Ley de Claridad no ha propiciado al fin ninguna consulta territorial autodeterminista, pero si ha contribuido a desarmar ideológicamente las reclamaciones independentistas, como lo prueba la renuncia al referéndum del Partido quebecois a que me acabo de referir.
Si quieren que les diga la verdad, no confío mucho en que las circunstancias exteriores adversas conduzcan, como sería razonable, a que los independentista renuncien al referéndum de autodeterminación y dejen, abusando del argumento democrático, de hacer del derecho a decidir la expresión y el instrumento primero del autogobierno, que nadie les niega, y menos el ordenamiento jurídico español. La independencia para muchos nacionalistas es un mito y los mitos no se establecen en el ámbito de la racionalidad sino de la emoción y los sentimientos. Del lado del independentismo no podemos esperar un acomodo o la conformidad con una consecución gradual de su objetivo sagrado: solo se está dispuesto a conseguir el triunfo absoluto y para siempre. Difícil es pedirles lealtad democrática y aceptación cabal de las reglas democráticas establecidas para todos. Lamentablemente no nos encontraremos en el caso español actitudes como la de la Sra. Sturgeon, que al presentar su dimisión ratifica la aceptación del marco jurídico constitucional en el que se desenvuelve la vida política en todo el Reino Unido.
Habrá que dar entonces la batalla ideológica contra el independentismo si se piensa que este no procederá a acomodar sus pretensiones al escenario constitucional nacional, ni atenderá a consideraciones de prudencia derivadas de un marco externo más amplio. En esta confrontación con el independentismo sería muy importante que las fuerzas de izquierda propensas a basar sus afirmaciones territoriales en el ideario federal, reflexionasen sobre la incompatibilidad del derecho a decidir con sus postulados más genuinos. Si quienes profesan la fe federal, retirasen su apoyo a la reclamación independentista de la autodeterminación, esta se vería seriamente comprometida, pues el argumento que utilizan los independentistas no tiene que ver con las ventajas de la separación sino con las credenciales democráticas de la autodeterminación, esto es, con la irrenunciabilidad del derecho a decidir. Se trata de oponer, por el contrario, federalismo y autodeterminación. La autodeterminación como amenaza al Estado federal, o a su veste autonómica, poniendo en cuestión su legitimidad y continuidad, no es compatible con la lealtad que los federalistas deben a la Federación, que es una forma política superior que constituye el mejor tratamiento a la variedad de las sociedades plurales como la nuestra. Es incongruente, sostenía Solé Tura, la defensa del Estado autonómico, como hace la izquierda, propugnando su plenitud en sentido federal, y mantener al mismo tiempo un concepto - el derecho de autodeterminación- que “cambia este modelo político y puede llegar a destruirlo”. O una vía, concluía Solé Tura, u otra, pero no las dos al mismo tiempo.