Estuvo redactado un artículo sabio cuando se trabajaba para armonizar entre todos la Constitución de 1978. Decía así: “Ningún partido político, ninguna central sindical podrá gastar un céntimo más de lo que ingrese a través de las cuotas de sus afiliados”. De haberse incorporado al texto constitucional este artículo, se habría limitado la corrupción y robustecido la democracia pluralista plena. Pero fue rechazado en las alturas. Y los dineros públicos se han volcado sin tino para favorecer tanto a los partidos políticos como a las centrales sindicales.
Lo de los partidos es de aurora boreal. Son ya unas empresas dedicadas a financiar estructuras gigantes donde se coloca a parientes, amiguetes y enchufados. El 1 de mayo se han hecho públicas las cifras de las subvenciones a los sindicatos, con considerable escándalo entre las trabajadoras y los trabajadores.
José Luis Rodríguez Zapatero elevó a 15,79 millones de euros las subvenciones estatales a las centrales sindicales. Mariano Rajoy las rebajó hasta los 8,88 millones y Pedro Sánchez las ha hecho crecer hasta los 17 millones, cantidad ciertamente escandalosa pero que al presidente del Gobierno le trae sin cuidado, a pesar de que la deuda pública española supera ya el billón y medio de euros, que deberán pagar con sus intereses las próximas generaciones.
Los sindicatos son imprescindibles en una sociedad democrática rectamente constituida. Pero las subvenciones públicas no favorecen el prestigio que las centrales sindicales deben mantener entre las trabajadoras y los trabajadores a los que representan. Seguramente es ya casi imposible dar marcha atrás, pero que Pedro Sánchez haya hecho crecer la subvención desde los 8,8 millones a 17, en una época que debía ser de austeridad, produce general escándalo y no pocos escalofríos.