La trabajadora cobraba en negro
Lunes 20 de octubre de 2008
Un juez de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior a readmitir o indemnizar con 22.365 euros a una traductora de polaco que fue despedida después de trabajar para este departamento desde marzo de 1998 sin ningún tipo de contrato y que cobraba "en negro" un salario de 300 euros mensuales.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado declara probado que la mujer prestaba sus servicios "sin suscripción de contrato" y que, desde el inicio de su relación laboral, "ha percibido la cantidad mensual de 300 euros, que le son abonados en un sobre, sin que en ningún momento firmase ninguna nómina o recibo".
El salario que, según el convenio colectivo, corresponde a un traductor -cuya categoría profesional es la de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes Nivel 3- es de 1.450,62 euros.
Aunque a partir de 2006, con el ingreso de Polonia en la Unión Europea, la denunciante dejó de hacer funciones de intérprete, seguía acudiendo a su puesto de trabajo, donde se le pedía que hiciera fotocopias u otras labores, hasta que el pasado 2 de mayo un responsable de la Brigada de Extranjería y Documentación le comunicó que sus servicios ya no eran necesarios.
El juez considera que, dadas las circunstancias del caso, "cabe declarar la existencia de relación laboral entre las partes" y estima que el despido se produjo "sin ningún tipo de justificación" y sin las formalidades exigidas para la extinción del contrato de trabajo conforme a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.
El coordinador nacional del sindicato CSI-CSIF, José Ramón García Esteban, ha asegurado a Efe que el caso de esta mujer no es único, y ha denunciado que el Ministerio del Interior "fomente el empleo precario, la mano de obra barata y la economía sumergida". "Es vergonzoso que el propio Ministerio incumpla la ley", ha dicho García, que ha advertido de la "reacción en cadena" que se producirá cuando todos estos trabajadores acudan a los tribunales.
La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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