Huelga de Justicia

Si antes de las elecciones generales de la pasada primavera fueron los empleados de la Administración de Justicia quienes se movilizaban en busca de mejoras laborales, en esta ocasión el turno es de los Secretarios Judiciales. A ellos se han sumado, curiosamente, dos de las tres asociaciones mayoritarias de jueces: la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Francisco de Vitoria; no así Jueces para la Democracia, a la que pertenecieron en el pasado miembros tan ilustres como Juan Alberto Belloch o María Teresa Fernández de la Vega. Hasta tal punto ha llegado la situación que desde dentro del flamante Consejo General del Poder Judicial se han escuchado voces que amparan y entienden los motivos del paro en cuestión.

Es ya una costumbre que cada vez que se llevan a cabo protestas de índole laboral en el campo del derecho, voces del entorno gubernamental arremetan duramente contra quien osa alzar la voz. En esta ocasión, aparte del ministro del ramo, Mariano Fernández Bermejo, que junto con la titular de Infraestructuras, Magdalena Álvarez, conforma el sector más combativo del ejecutivo Zapatero, le ha tocado el turno a Leire Pajín. La sustituta de José Blanco en el aparato de Ferraz se ha permitido afirmar que la actitud de los secretarios judiciales es “una respuesta corporativista ante el caso Mari Luz”. Sin más. Semejante muestra de irresponsabilidad sólo puede entenderse como un error de juventud de la señora Pajín; mejor pecar de joven que de incompetente. Porque lo que aquí se reclama son precisamente mejoras que impidan que vuelvan a repetirse tan lamentables sucesos.

Dejando a un lado el cúmulo de negligencias personales que desencadenaron la trágica muerte de la pequeña Mari Luz Cortés a manos de un pederasta con causas pendientes, es un hecho que si los juzgados españoles funcionaran como debieran, quizá este caso no se hubiese producido. Entre quienes trabajan día a día en la Administración de Justicia, es un clamor la situación de penuria en que halla dicha Administración. Más de uno ha llegado a afirmar que situaciones similares pueden volver a producirse y que, si no ha habido más, ha sido de puro milagro. Jueces que no son conscientes del número de sumarios pendientes que hay en su juzgado, pruebas que se amontonan sin ton ni son en los lugares más inverosímiles –hasta en cuartos de baño-, secretarios que desconocen las ejecutorias pendientes…y así un largo etcétera. Es preciso contar con más jueces, fiscales, secretarios y agentes; mejores dependencias; renovación de sistemas informáticos obsoletos; más personal administrativo. ¿Hay acaso mejor inversión que la que se hace en garantizar la seguridad jurídica en un Estado de Derecho? En el mundo occidental debemos reflexionar sobre este aspecto y recordar que los orígenes y el sentido del estado moderno era precisamente garantizar justicia y seguridad. Tiene muy poco sentido que se nos subvencione el teatro o los museos y la justicia se encuentre en un estado de penuria intolerable. A la postre, no hay nada que respeten más a los ciudadanos que una justicia eficiente. Y, sensu contrario, la ciudadanía terminará por perder el respeto al estado que no sea capaz de garantizarla a un nivel digno. Por mucha crisis que haya, alguna de las ingentes partidas que se destinan al sostenimiento de la voraz administración autonómica bien podría paliar más de una carencia judicial. Claro que para ello hace falta dejar a un lado clientelismos por un lado, y tener voluntad política por otro. El futuro es incierto.