A día de hoy, todavía impresiona leer el Romance de la Jura de Santa Gadea de Burgos aunque hayan pasado unos siete siglos y medio desde que el mismo pudo ser escrito y casi un milenio desde que, en torno al año 1072, el rey Alfonso VI tomara posesión de la corona de Castilla. Según el citado romance, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, obligó al monarca como condición para rendirle vasallaje a jurar que no había tenido ningún tipo de participación en la muerte de su hermano Sancho II. Según dice el texto, “las juras eran tan recias/que al buen rey ponen espanto”. Y, efectivamente, tan duras fueron que, en el desenlace del romance, se narra cómo el monarca, tras jurar, ordena el destierro del Cid como castigo a su osadía. A lo largo de la composición, no dejan de convivir dos ideas que reflejan la mentalidad de una época. Por un lado, el monarca asume todo el poder y su voluntad es ley. Por otro, como compensación a ese poder absoluto, el soberano tenía que ajustarse a un estricto código moral en el que una serie de prácticas y comportamientos estaban vetados. El rey podía ser duro, sanguinario e implacable (de hecho, se asumía que tenía que serlo) pero, al mismo tiempo, debía ser justo y siempre debía ser fiel a sus promesas y nunca debía incurrir en la mentira. La expresión “tener palabra de rey” deriva de ese modo de pensar. A la misma filosofía responde una famosa leyenda sevillana que explica el nombre de la calle Cabeza del rey Don Pedro. En el marco del enfrentamiento de Pedro I de Castilla con la nobleza que se resistía a su poder, el monarca mató en un duelo de madrugada a un miembro de la familia de los Guzmanes, hijo del conde de Niebla, que no dejaba de difamarlo y calumniarlo, siendo una anciana testigo, por casualidad, del enfrentamiento. El conde de Niebla, don Tello de Guzmán, presionó al rey para que se investigara y saliera a la luz el autor de la muerte de su hijo y el monarca no tuvo otra salida que anunciar una recompensa de cien doblas de oro a quien tuviera alguna información sobre el luctuoso hecho. Al llamamiento, acudió raudo el hijo de la anciana que había contemplado el lance fatal, quien comunicó en privado al rey lo que su madre había visto. Pedro I cumplió su promesa: entregó la recompensa al informante y, en la calle donde tuvo lugar el duelo, colocó un cajón de madera dentro de un nicho protegido además por una verja afirmando que dentro del cajón estaba la efigie del autor de la muerte del hijo del conde de Niebla pero que su nombre no podía hacerse público por tratarse de un personaje importante cuyo conocimiento podía dar lugar a nuevos y graves enfrentamientos entre las principales familias de la ciudad. Cuando, tras la muerte de Pedro I en la batalla de Montiel y el nombramiento de don Tello de Guzmán como gobernador de Sevilla, este decidió abrir el cajón para ver qué había dentro, efectivamente estaba el busto del monarca (de hecho, si visitan Sevilla, todavía pueden ver dicho busto en la calle citada). El rey protegió su posición pero cumplió su promesa y no mintió en ningún momento. Fue implacable pero no dejó de cumplir con un determinado código moral. Si hubiera cometido algún acto de injusticia, el mismo hubiera tenido que ser redimido de alguna manera tal como hizo Enrique II de Inglaterra el 12 de julio de 1174, haciendo penitencia pública ante la tumba de Thomas Becket en Canterbury.
Pero todo esto cambió con la llegada del Renacimiento que, aparte de aportar al mundo la Basílica de San Pedro, la cúpula de la catedral de Florencia, la escultura de David de Donatello y las figuras de Miguel Ángel, Rafael y Leonardo da Vinci, también nos trajo a los Borgia y a Nicolás Maquiavelo, quienes, los primeros en la práctica y el segundo en la teoría, abrieron la puerta a que los gobernantes mintieran y asesinaran según su conveniencia y sin que nadie pudiera plantearles ningún tipo de objeción. Nació, de este modo, la “razón de Estado”, que justificaba ampliamente las acciones cometidas desde el poder y consagraba la obligada resignación de los súbditos a los excesos de sus dirigentes siempre que estos hicieran posible la grandeza y prosperidad del país. Fue así como, por poner solo dos ejemplos, Richelieu decidió el desenlace de la Guerra de los Treinta Años haciendo que Francia apoyase a los príncipes protestantes alemanes contra España a pesar de que él mismo era cardenal de la Iglesia Católica o cómo Bismarck manipuló el texto del telegrama de Ems para provocar el enfrentamiento de Prusia con la Francia de Napoleón III y poder culminar así su proyecto de unificación alemana. Cuando el nivel de las acciones cometidas sobrepasaba en exceso los límites éticos tolerables o sucedían acontecimientos cuya verdad interesaba ser ocultada, nació el concepto de “secreto de Estado” para impedir la revelación de circunstancias que resultaban incómodas o inconvenientes para los gobernantes. Aún a día de hoy, poco sabemos de la muerte de Carlos de Austria, primogénito de Felipe II, de los perfiles del complot que acabó con la vida del general Prim o de la tragedia de Mayerling que, el 30 de enero de 1889, provocó el fallecimiento de Rodolfo de Habsburgo, heredero del imperio austrohúngaro, y de su amante, la baronesa de Vetsera. (¿Añadimos el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy a la lista?).
Pero llegó la filosofía posmoderna, con Derrida, Lyotard y Deleuze a la cabeza, y ello supuso un revulsivo para la práctica política cotidiana con sus conceptos de “lógica borrosa”, “pensamiento débil” y “multirreferencialidad”. Porque este pensamiento lo que discute es que se pueda hablar de verdad misma ya que lo que habría serían relatos que serían convincentes o no y serían sus capacidades persuasivas respectivas las que determinarían el éxito de unos y otros. Los políticos, sus asesores y sus gabinetes de comunicación hablan ya con absoluta naturalidad de transmitir a la opinión pública “relatos” en relación a los diferentes acontecimientos que jalonan la marcha de los países. Con esta premisa, los gobernantes ya no mentirían, por la simple razón de que no habría una verdad pura y dura sino visiones alternativas que competirían entre sí por lograr su aceptación por parte de la ciudadanía. No sería un problema de ajuste de las palabras con los hechos reales sino de encaje de los pensamientos de los ciudadanos con las palabras de sus dirigentes. (Los gobernantes critican las fake news sin querer reconocer que ellos mismos son los que abrieron la veda de las manipulaciones informativas sistemáticas). A partir de este hecho básico, todo lo que viene después es similar a lo que Thomas de Quincey explicaba en Del asesinato considerado como una de las bellas artes: “Si uno empieza por permitirse un asesinato, pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente. Una vez que uno empieza a deslizarse cuesta abajo ya no sabe dónde podrá detenerse”. Si la verdad deja de existir, se afirma (hasta con vehemente énfasis) al comienzo de la pandemia que las mascarillas no son necesarias, se confiesa meses después sin descomponer el gesto que hubo que decir eso porque no había mascarillas suficientes para toda la población y se termina argumentando (tal como ocurrió hace unos días) que el gasto de los españoles en los supermercados está descendiendo por la simple razón de que están saliendo más a los restaurantes. Ya que el 26 de mayo comienza la Feria del Libro de Madrid, nuestros políticos podrían compartir caseta con los autores que firman sus libros y conversan con sus lectores: a fin de cuenta, son los mayores creadores y propagadores de ficciones de la época actual. Ellos hubieran tenido menos problemas que los que tuvo Pedro I de Castilla: hubieran afirmado que el hijo de don Tello de Guzmán murió por culpa de un lamentable accidente y que se clavó la espada por error. Ese hubiera sido su “relato” de los hechos. Y la sevillana calle Cabeza del rey Don Pedro se llamaría de otra forma, claro está.