Me parece que soy uno de tantos ciudadanos irritados por el caso del ministro que se presentó por libre al acto del 2 de Mayo, fiesta oficial de la Comunidad de Madrid, y al que las autoridades autonómicas no le permitieron acceder a la tribuna de invitados. Un esperpento más de la lucha brutal por el poder, en realidad una raquítica pelea electoral, y en la misma proporción, un paso más hacia la pérdida del prestigio de la política, con el sentido de la política como el arte -y la ética- que sirve para limitar el poder.
El 2 de Mayo conmemora el levantamiento popular en Madrid contra las tropas francesas de Napoleón -¡y no contra el ejército de Franco, como declamó tan ancha una periodista de la Televisión madrileña!-, y a la conmemoración madrileña le ha sucedido algo parecido que a la fiesta oficial de Castilla y León: el 2 de Mayo de 1808, y la derrota de los Comuneros en Villalar, el 23 de Abril de 1521, fueron acontecimientos con simbólica dimensión nacional, pero actualmente tienen un significado regional, y a tenor de lo que explicó la periodista televisiva, no se sabe si la Guerra Civil de 1936 fue un incidente comarcal.
En España parece haber fases de cosmopolitismo, seguidas de otras de autarquía. Nos encontraríamos en plena fase autárquica, con la prueba del descenso del 2 de Mayo a la categoría de conflicto protocolario, lo que conlleva situarse dentro del perfil del casticismo, allí donde el ministro Bolaños compitió con meritorio esmero con la presidenta madrileña Díaz Ayuso.
El numerito en el palacio de la Puerta del Sol creo que fue más que una imperdonable falta de educación; usar las instituciones públicas para fines electorales es propio de personalidades a las que les falta, por lo menos, un decoro ético y estético.
En efecto, mi valoración conceptual de ese intencionado conflicto protocolario me indica que tenemos un déficit elevado de legitimidad política.
La legitimidad viene a ser lo que hace que el poder de una persona, una institución, un gobierno, o un Estado, sea obedecido por la gente de manera voluntaria, y que se acepte que sus leyes, si son desobedecidas, por los mismos motivos, las podrá aplicar, incluso por la fuerza.
La legitimidad es un acuerdo básico sobre España y su Estado constitucional, o visto desde otra perspectiva, aquello que aún resiste la ofensiva conjunta de independentistas y de partidarios de sistemas políticos radicalmente diferentes.
¿No es exagerado deducir que el incidente del acto del 2 de Mayo madrileño indica un déficit de legitimidad de nuestro funcionamiento político?
No es exageración, viendo que democracias cercanas están atravesando parecidos síntomas. En España y el Reino Unido, por ejemplo, instituciones como la Monarquía, las Fuerzas Armadas, la policía y algunos funcionarios públicos, son mejor valoradas que las instituciones electivas, como el gobierno, el parlamento y los partidos políticos, algo que está en relación con la reducción de la legitimidad de los electos.
¿No sería obvio pensar que para legitimar nuestro orden constitucional hoy se necesitan grandes acuerdos, entre los partidarios de la democracia representativa, referidos a la interpretación compartida de las normas fundamentales, y de su desarrollo y reforma?
Me permito especular en este momento con la idea de la autarquía, una actitud de cerrazón cultural o espiritual que surge, como en este tiempo, de la polarización ideológica.
Llevo un tiempo conociendo la situación pésima que está atravesando Cuba, como Estado y como sociedad. No hay comida, falta energía, carecen de combustible, y la sensación no es otra que sálvese quien pueda. Hay quienes observan que el sistema creado por la revolución castrista puede, de un día para otro, caerse como un castillo de naipes. Al igual que los Estados satélites de la Rusia comunista, el modelo castrista es ineficaz en todas las funciones estatales, y careciendo de legitimidad, sólo se mantiene con ayudas externas, y a base de represión constante; como unas y otra están fallando en la actualidad, es por eso que mis informadores creen que su final será inminente.
Si la caída del muro de Berlín, y lo que vino después, ocasionó, nada menos, que un cambió de época -que aún hoy en día desconocemos en toda su naturaleza (la guerra de Ucrania es su última forma)-, el final del mito de Cuba producirá parecida conmoción, destacadamente en América Latina, y también en España. El impacto del hundimiento de la revolución cubana creará traumas ideológicos, no porque haya desaparecido el comunismo, sino porque habrá terminado la última versión romántica de un nacionalismo de los humildes, que resistían a los poderosos; será la pérdida de una fe religiosa, como ha visto Enrique Krauze, con maestría inolvidable.
Estos son sólo pronósticos, podrán hacerse reales, pero la política debe tener la tensión intelectual que los mantenga presentes. Desde 1898, cuando España pierde Cuba ante Estados Unidos, la historia de esa nación condicionará la de España; tan importante es Cuba, que Franco, a pesar de la revolución comunista de Fidel Castro, mantuvo con ella relaciones diplomáticas en todo momento.
También es una advertencia. España, como cualquier nación democrática, si la política exterior carece de un básico acuerdo interno, su influencia internacional disminuirá. Vuelvo al ejemplo de la caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989. Unos días más tarde, 21 de noviembre, se iniciaba la IV Legislatura, en la que fui elegido Presidente del Senado. En la primavera de 1990, el Senado aprobó una proposición que manifestaba el apoyo de España a la unificación alemana. Mientras Francia, Reino Unido, y otros países europeos, desconfiaban de una Alemania engrandecida -reflejos de un pasado bélico-, España se destacaba apoyando a los alemanes en trance de reunificarse. Cuando se produjo el debate en el Senado, el embajador de la República Federal, Guido Brunner (1930-1997), estuvo presente, y al terminar me pidió que visitara Alemania Occidental, cuya capital era Bonn, porque sus autoridades querían recibirme, dada la importancia que para ellos tenía el acuerdo del Senado español.
Presidí una delegación senatorial, compuesta de miembros de todos los partidos políticos, entre el 10 y 15 de mayo de 1990. Nos recibió lo más destacado del mundo político, empresarial y cultural alemán, empezando por el presidente de la Cámara Alta, el berlinés Walter Momper (1945), y terminando por el Presidente Federal, Richard von Weizsäcker (1920-2015), una autoridad moral para los habitantes de los dos Estados alemanes, y que iban a intentar convivir unidos como ciudadanos.
En público y en privado, los senadores españoles -insisto: políticamente plurales- argumentaron con una metáfora: de la misma manera que habíamos superado las dos Españas, ellos, nuestros anfitriones, superarían la división de las dos Alemanias. Hubo un momento simbólico: nos reunimos solemnemente con los alcaldes de Berlín Occidental y de Berlín Oriental.
Había un acuerdo de fondo: la idea de una Europa democrática. En España, aún era el fundamento de nuestra legitimidad.