Recién pasadas las elecciones (municipales y autonómicas en varias Comunidades Autónomas) me encuentro en Jarandilla de la Vera, en una actividad académica de la Fundación Europea e Iberoamericana de Yuste. En plena Extremadura, muy cerca del Monasterio de Yuste, donde Carlos I, el Rey Emperador, pasó sus últimos años y donde falleció. Reflexionando, en el marco de los aposentos desde los que dirigió la rehabilitación de lo que fue su última morada, con colegas e investigadores de diversos países de ambos lados del Atlántico, acerca de cómo la cultura, el patrimonio, la historia y la memoria, llegan a conformar los valores europeos, la integración y la paz, no me es posible dejar de pensar cómo el reciente resultado electoral, para la elección de la Asamblea de Extremadura, ha proporcionado unos datos de gran interés, no sólo local o regionalmente, sino para todos nosotros.
En Extremadura el PSOE ha ganado las elecciones por estrecho margen de votos y, en cuanto a diputados, empata a 28 con el Partido Popular. Otros dos partidos, residuales en el conjunto, han obtenido 5 y 4, Vox y la coalición en torno a Izquierda Unida, respectivamente. Es decir, de 65 escaños, que es el total del que dispone la Asamblea, entre el Partido Socialista y el Partido Popular han obtenido 56, mientras que el resto únicamente ha obtenido 9. La mayoría absoluta de la cámara se sitúa en 33 diputados. La participación ha sido bastante alta, alrededor del 72,5 %, los votos nulos representan poco más del 2% y el voto en blanco casi alcanza el 1,5%.
Pongamos otros ejemplos. En la Comunidad Valenciana, el PP ha sido el partido más votado con 40 escaños, seguido del PSOE con 31; Compromís ha tenido 15 y Vox 13. En Aragón, el Partido Popular ha obtenido 28, el PSOE 23 y, el resto, a mucha distancia se han repartido 7 escaños Vox, 3 la Chunta Aragonesista y Aragón existe cada uno, y un escaño han obtenido Podemos Alianza Verde, Izquierda Unido y el Partido Aragonesista. Tanto en el caso de la Comunidad Valenciana como de Aragón, ha sido el PP el partido más votado, que con el PSOE forma una amplísima mayoría de la cámara, mientras que el resto de partidos han tenido muy pocos escaños en comparación, repetidamente en forma simbólica.
Resultados parecidos a los que se han obtenido, punto arriba o abajo, en otras Comunidades Autónomas, en las que más que en clave autonómica, casi todos los analistas coinciden en que se ha votado en clave nacional y se ha dificultado que existieran mayorías absolutas que claramente dieran ventaja para formar gobierno al partido más votado.
En todos estos casos, dada la dinámica de nuestra política, parece como inevitable el uso del denominado “pactódromo” para intentar dilucidar si se va a poder formar un gobierno escorado hacia la izquierda o escorado hacia la derecha. Si, por ejemplo, en el caso de Extremadura, escoramos hacia la izquierda nos falta un diputado para llegar a los 33 que exige la mayoría absoluta de la cámara, sumando los obtenidos entre el PSOE y la coalición en torno a Izquierda Unida. Sin embargo, si escoramos hacia la derecha, entre PP y Vox llegan a esos míticos 33 diputados que permitirían obtener la investidura. Operaciones similares, con resultados parecidos u opuestos podemos realizar para el caso de otras comunidades autónomas.
Y a ello se aplica la prensa local y sobre ello reflexionan todo tipo de corrillos. Olvidan, a mi entender, que la inmensa mayoría de la ciudadanía con derecho a voto, se ha pronunciado en torno a lo que podríamos considerar “la centralidad”, es decir, que entre los dos partidos que han obtenido más diputados podrían conformar en todos los casos lo que en otras latitudes han denominado la “grosse coalition”. No es que no haya que valorar a las minorías parlamentarias. Hay que valorarlas, y mucho, entre otras cosas porque nadie nos garantiza que en futuras ocasiones sean ellas quienes conformen la mayoría; pero no sólo por ello, sino porque representan ese valor superior reconocido por la Constitución española en torno al pluralismo político y porque es la sociedad quien les ha dado su voto con la voluntad de que influyan en la política del mejor modo posible.
Pero una cosa es que una minoría influya, lo cual es perfectamente lícito e, incluso, en ocasiones, hasta deseable, y otra cosa es que se conformen las mayorías parlamentarias capaces de acordar una investidura e integrarse en un gobierno quienes condicionen la vida política impidiendo la confluencia entre las grandes mayorías. Seguramente la ciudadanía preferiría que, los partidos políticos, en lugar de mimetizarse con una política nacional basada en la confrontación, formaran unas alianzas firmes, sobre los puntos que resulten esenciales para la vida política de la respectiva comunidad, basadas en la colaboración.
Me puedo equivocar, pero si repasamos los resultados electorales habidos en la democracia española desde que la instauramos con la Constitución de 1978, apreciamos que han sido las etapas en las que la colaboración y el consenso han presidido nuestra política cuando España ha prosperado y encontrado su lugar en el concurso de las naciones, con la Transición, con la entrada en Europa (el Consejo de Europa y la Unión Europea). Por el contrario, las etapas en las que más confrontación ha habido, España ha fluctuado entre diversas crisis, no sólo económicas, sino sociales y morales. Una de ellas es la correspondiente a la legislatura que acaba de terminar, presidida por un gobierno formado mediante acuerdos y coaliciones dirigidos a obtener la mayoría numérica suficiente para la necesaria mayoría absoluta que permitió formarlo, sin tener en cuenta la coherencia política y el respeto a los grandes valores, constitucionales y europeos que conducen a la concordia y la colaboración.
La confrontación, el acuerdo político para obtener la mayoría absoluta numérica sin tener en cuenta la centralidad que representa el voto inmensamente mayoritario de la ciudadanía se está imponiendo no sólo en la política nacional sino también en la autonómica ¿Qué hacer cuando esa mayoría absoluta no la obtiene un partido en solitario? ¿Buscamos formarla con los extremos, estén éstos dónde estén? Porque ello puede suceder tanto en relación con lo que denominamos izquierda como con lo que denominamos derecha, más como reflejo de una política de bloques que como consecuencia de un examen racional y exhaustivo de los programas con los que se han presentado a las elecciones y con la práctica que anteriormente llevaron a cabo mientras gobernaron o estuvieron en la oposición.
¿Es éste el espíritu que preside nuestro texto constitucional y nuestra integración en Europa? ¿Se corresponde con las exigencias constitucionales de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político? ¿Busca acercarse a los valores del art. 2 del Tratado de la Unión Europea relativos al respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, cuando estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres?
No nos pueden argumentar que es más democrático obtener mayorías de gobierno a partir de la mayoría numérica de bloques que justo la alcanzan, despreciando aquella que derivaría de una entente, de un consenso entre las grandes fuerzas políticas que, por su posición en la centralidad, daría coherencia a las políticas, seguridad jurídica y mayor estabilidad económica que cualquier opción de sumas y restas derivadas de una confrontación que responde a criterios más decimonónicos que actuales. Lo hemos estado viendo, repetidamente, en la política nacional que tan nefastos resultados ha proyectado sobre la política autonómica e, incluso, sobre la política local, donde electos municipales que han trabajado duro y sin sectarismos, se han visto relegados en las urnas por un voto de castigo derivado de políticas de las que no eran responsables.
Ha llegado la hora del acuerdo. De un acuerdo que permita la gobernabilidad sobre los puntos básicos transversales para esa inmensa parte de la ciudadanía que no ha confiado en los extremos, que ha buscado la centralidad que le permitiera vivir sin sobresaltos. Y ello sería fácil de alcanzar. Bastaría con que las dos grandes fuerzas políticas acordaran los puntos mínimos que les permitieran compartir las responsabilidades políticas con un acuerdo de legislatura, parecido (aunque no sea igual) al que existe en el Parlamento Europeo, donde la presidencia de la cámara se divide en dos etapas, que corresponden la primera al partido más votado y la segunda al que le sigue en número de votos.
Si aplicamos este criterio a los resultados autonómicos, lo lógico sería que el partido más votado, por ejemplo el PSOE en Extremadura y el PP en la Comunidad Valenciana o en Aragón, pudiera presidir la respectiva comunidad durante los primeros dos años de la legislatura y, como consecuencia de ese pacto, cuyo objeto podría recaer sobre los asuntos esenciales y sobre la organización de las consejerías, que me consta que en ocasiones se ha producido por ejemplo para aprobar presupuestos u otras leyes, la presidencia de la comunidad podría corresponder al segundo partido más votado durante los dos siguientes años de la legislatura.
Otorgar la presidencia al partido más votado constituye una práctica habitual en muchos países democráticos, incluso en el ámbito nacional; la ley electoral española así lo prevé para la designación de alcalde si ningún partido ha obtenido los suficientes votos, en solitario o con el apoyo de otros, para colocar a su cabeza de lista en tal puesto.
No se trata, pues, de una opción que no sea razonable ni realista. Los partidos que lo hicieran, reencontrando el consenso y la centralidad, darían un buen ejemplo a la nación. Es la hora del acuerdo. De un acuerdo que buena falta nos hace, en el ámbito autonómico y, también, ante unas próximas elecciones generales en las que, en dependencia de los resultados electorales, se pueden abrir posibilidades similares.