En toda negociación hay que conceder para obtener. Si el conflicto se encona, negándose toda concesión, hay que poder imponer las propias exigencias o asumir las del antagonista. La mínima sensatez busca antes el acuerdo que la imposición, incluso si ésta fuera posible. Si esa imposición es imposible, simplemente no hay más alternativa que la cesión. Hasta aquí, me parece, la más sensata evidencia.
La lucha contra el grupo terrorista ETA ha sido larga – ése era el título con el que se aludía a ETA en los medios o, simplemente, terroristas o asesinos de ETA –. Con el objetivo de lograr la deposición de las armas, se entiende que hubo de hacerse concesiones. Ya sean relativas al acercamiento de presos o al acceso – vía electoral – a las instituciones políticas o a algunas otras menos patentes.
La cuestión es que una vez que la banda armada – otro de los títulos de entonces – depone las armas, han de presentarse las condiciones por ambas partes. Hemos visto, en efecto, el acercamiento de los presos y hemos visto el acceso a las instituciones, hemos visto acuerdos y alianzas con el partido gobernante. El ínclito expresidente bajo cuyo mandato cesó la actividad terrorista suele hablar de “rendición”, pero los de ETA ni siquiera conceden “armisticio” y no sólo han entrado en las instituciones, sino que han sostenido al gobierno nacional y han copado municipios y comunidades, a la espera de su asalto a la “lehendakaritza”. Éstas han sido las concesiones del gobierno de España, estamos a la espera de conocer las concesiones de los entonces terroristas, hoy nacionalistas o populistas vascos.
En modo alguno han cedido el principio fundamental del programa político independentista, que – en conflicto frontal con la soberanía española, ya erosionada por la integración europea – supone la desintegración de la unidad de la nación. A lo sumo, la renuncia al tiro en la sien, se haría en nombre de un tránsito lento a la independencia por vía de la propaganda y/o la educación que quedarán crecientemente en manos de los nuevos dueños de las instituciones. Eso concede un cierto período de tensión sin agresión directa, pero no concede más. Lo sabe todo el mundo, aunque no todo el mundo lo dice.
No gusto de ostentar símbolos, especialmente símbolos políticos. Las razones de esa discreción serían prolijas y aburrirían al lector. El caso es que no frecuento escudos ni banderas, pero no porque desprecie su valor, sino porque entiendo que – como todo lo sustantivo – es preferible llevarlo menos en la boca que en el corazón. Puede llevarse en la boca y en el corazón, por supuesto y nada tengo que objetar.
Son muchos los que portan ikurriñas y alzan la voz gritando ¡Viva Euskal Herria!, en algún momento recibirán por respuesta un sonoro ¡Viva España! del lado de los que llevan banderas nacionales, ya fueran de dos o de tres colores. Es que banderas, pulseras, camisetas, iconos hay por todas partes. En el País Vasco – que tiene una renta per cápita superior a la del resto de España – hay abundancia de gente rica, lo que pudiera tener que ver con sus especiales condiciones fiscales y con una larga historia de inversiones de ese Estado tan deplorado. Pero gente de mayor o menor renta hay en todo el país, aunque esa diferencia de riqueza no siempre supone un simple enclasamiento socio económico, sino un continuo de diferencias salariales.
Es posible que los portadores de símbolos – en forma de pulseras, camisetas o banderas – no hayan hecho mucho por la nación, aunque indudablemente hacen más los que significan con los símbolos la indudable existencia de la nación, que esos que – con los suyos – señalan su intención de destruirla. Nos quieren hacer olvidar que esa intención se realizó durante casi medio siglo en la forma de la extorsión, la amenaza y las formas más miserables de asesinato, por eso resulta escandaloso que un representante de la nación, delegado del gobierno, tenga la impudicia de decir que los terroristas de entonces han hecho más por la nación que los afectos a los símbolos nacionales.
A este señor le parecerá inaceptable poner en discusión la legalidad de partidos independentistas, pero esa existencia legal es la concesión esencial – con el acercamiento de presos, con la resignación de competencias… – que obliga a aceptar un programa político que es evidentemente contrario a la existencia de la nación. Si ésta conservara potencia suficiente no habría concedido esa amenaza patente, sino que habría impuesto la exigencia innegociable de su unidad.
No lo ha hecho, no ha podido hacerlo y, como es bien sabido, la política algo tiene que ver con el ominoso poder. Esa debilidad obliga a seguir escuchando la turbia voz de nuestros representantes electos.