La ley, basada en una propuesta del Gobierno y modificada por el Legislativo, elimina la posibilidad de entrada de capital privado a la industria petrolera, lo que buscaba el Ejecutivo en la iniciativa original en la construcción de refinerías y la exploración en aguas profundas, entre otras. Además, brinda mayor autonomía administrativa y financiera al monopolio estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), acosado históricamente por pagos ingentes al fisco.
La votación de la reforma, que deberá revisar ahora la Cámara de Diputados, se tuvo que dar en una sede alterna del Senado, ya que la principal fue rodeada desde anoche por seguidores del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quienes bloquearon los accesos al recinto, custodiado por agentes de policía federal.
El senador Rubén Camarillo, del oficialista Partido Acción Nacional, afirmó al momento de fijar la posición de esa fuerza política, que la reforma petrolera que se aprobó es "la más importante desde la expropiación de la industria en 1938", pues dotará a Pemex de nuevas y mejores herramientas para enfrentar los retos del futuro.
El debate legislativo de esta reforma dividió a la sociedad mexicana y produjo varias protestas encabezadas por la izquierda, cuyos legisladores ocuparon el Congreso para frenar la discusión de la iniciativa. La reforma mantiene la estructura de Pemex, dividida en cuatro subsidiarias, y deja en manos de la compañía el monopolio de la refinación de crudo en territorio mexicano, actividad que, sin embargo, comparte con algunas compañías en plantas de EE.UU. También quedan bajo rectoría de la petrolera pública la distribución de gasolinas en todo el país bajo las franquicias marca Pemex.
Asimismo, el Consejo de Administración de la empresa pasará de once a quince miembros: seis representantes del Estado elegidos por el Ejecutivo, cinco del sindicato, y cuatro nuevos consejeros especializados escogidos por el Gobierno y ratificados por el Congreso. Destaca también la creación de tres organismos para supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos, el uso eficiente de la energía y para delinear la política energética del país.
Pemex podrá suscribir cualquier tipo de contrato con personas físicas o morales, siempre y cuando se pacten remuneraciones en efectivo, no se concedan derechos de propiedad sobre los hidrocarburos, no se comparta ni total ni parcialmente la producción, ni se comprometan porcentajes de las ventas ni de las utilidades. Los pagos de esos contratos se harán bajo esquemas fijos o fórmulas predeterminadas con las cuales se obtenga un precio cierto.
En este sentido, quedan anulados los contratos de riesgo y los pagos sujetos a porcentajes de petróleo, ni participación de los contratistas en los resultados de las explotaciones. Según la nueva iniciativa, se mantendrá en todo momento el dominio directo del Estado sobre los hidrocarburos y no se concederá derecho alguno sobre las reservas petroleras a los contratistas o proveedores, por lo que los privados no las podrán registrar como activos propios.
Los actos de resistencia pacífica en contra la votación del proyecto se realizaron desde temprana hora alrededor del Senado, donde López Obrador solicitó formalmente derecho de audiencia con la mesa directiva de la Cámara Alta para presentar durante la sesión su postura, pero le fue negado el acceso.
Al grito de "Este es el pueblo de López Obrador" y "Estamos listos señor presidente Obrador", los izquierdistas caminaron un kilómetro hasta el recinto donde se realizó la sesión del Senado para intentar frenarla y en su marcha se enfrentaron con la policía. Más de un millar agentes federales y locales se desplegaron en diversos puntos alrededor del recinto alterno para garantizar la seguridad de los senadores y sus instalaciones. La sesión no se libró de algunos roces entre legisladores, principalmente del conservador PAN y del izquierdista PRD.