Viernes 24 de octubre de 2008
El Gobierno de Argentina acaba de anunciar su intención de nacionalizar los fondos de pensiones privados en los que diez millones de argentinos han estado ahorrando durante décadas para acumular un capital con el que sostener financieramente los últimos días de su vida. Una vida que, desde el punto de vista económico, suele aprovechar los años en que el trabajador genera una renta para transformarla en riqueza, para que sea esa riqueza, cuando acaba la vida laboral, la que se transforme en renta para atender las necesidades diarias.
Este sencillo planteamiento fue el que informó la reforma de las pensiones en Chile, ideada por el genio financiero de José Piñera. Creado en plena dictadura, el sistema privado de pensiones ha continuado durante las dos décadas de democracia que le han seguido, con un éxito tal que el modelo se exportó, con mayor o menor fidelidad, a numerosos países de Iberoamérica como Colombia, México o Argentina, entre otros. Además de favorecer el ahorro y de canalizarlo hacia la creación de riqueza, los sistemas privados de pensiones rompen la dependencia que tiene el ciudadano del Gobierno de turno en sus últimos y delicados años.
El Gobierno Kirchner II ha decidido acabar con ese sistema, liberador tanto económica como políticamente, y apropiarse sin más del ahorro de sus ciudadanos. Los grandes periódicos argentinos (y los menos grandes también) deslizan en grandes titulares o en escondidas referencias palabras como "robo" o "expolio". Y todos hacen mención a la precaria situación financiera del Estado, que es la verdadera razón de esta medida. El hecho de que el Gobierno la haya justificado en nombre de los ahorradores, cuando éstos nada quieren saber de perder la propiedad sobre su capital, sólo da una idea de hasta qué punto los políticos pueden llegar a perder el pudor.
Mas esta nacionalización, que aún espera pasar el trámite del Congreso, es sólo la última de un conjunto de medidas, todas en la misma dirección, y que apuntan al control político de la economía. Argentina ha ido cercando paréntesis en la economía de mercado, lo que ha preocupado gravemente a los empresarios extranjeros –los españoles muy singularmente- que invierten ahí y, en concreto, al presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. Las empresas españolas con intereses en el país hermano sufren la enésima constatación de que la propiedad privada no está segura en Argentina.
Puede que alguna de esas empresas españolas vuelvan a sufrir por haber apostado por aquél país. Pero quienes más sufrirán los constantes ataques a la propiedad serán los propios argentinos en sucesivas oleadas de desinversión y miseria a las que parecen dolorosamente acostumbrados: en los últimos sesenta años porque, hasta mediada la década del cuarenta del siglo pasado, la Argentina fue modelo de prosperidad. Como parece una hipótesis razonable pensar que la Pampa contenía la misma capa vegetal, era igual de húmeda y la población de origen europeo de parecida naturaleza antes que después de esa fecha, parece razonable sospechar que la variable debe encontrarse en un cambio institucional fundamental y nefasto: antes había instituciones fiables y seguridad jurídica que desaparecieron después de 1945. Es preciso que Argentina recobre su sentido de Estado y el respeto al imperio de la ley sin nombres ni apellidos, por respeto a su propia condición: nos lo debe a todos los que escribimos en esta lengua pero, sobre todo, se lo deben los argentinos a sí mismos.
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