Francisco Caja: “No estamos dispuestos a que se gobierne a costa de los derechos lingüísticos”

- ¿Cuáles son los objetivos de Convivencia Cívica Catalana?

Es una plataforma que fue constituida en el año 1998 como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Política Lingüística aprobada por el Parlamento de Cataluña. Se trataba de elevar a Ley unas prácticas administrativas y políticas muy contrarias a la libertad de lengua y creímos conveniente hacer frente a esa atrocidad antidemocrática uniendo las diferentes asociaciones que habían acreditado su resistencia a la política lingüística de la Generalitat. Desde ese momento hemos defendido a través de actos la libertad de lengua atropellada por la Generalitat.

- ¿Qué tiene que aportar su plataforma a la jornada Denaes?

La experiencia de diez años de falta de libertad lingüística. En Cataluña no podemos mandar a nuestros hijos a la escuela para que aprendan castellano, sufrimos las multas del Gobierno catalán por rotular los establecimientos de carácter privado en castellano y un sinfín de atropellos que convierten a los ciudadanos castellanohablantes en ciudadanos de segunda categoría.

- El título de la jornada es “Por el derecho a usar nuestra lengua común” ¿Quién nos priva de ese derecho?

Los gobiernos y los parlamentos autonómicos allí donde gobiernan los nacionalistas, con leyes y con prácticas contrarias al artículo 3 de la Constitución que establece el derecho de uso del castellano y limita la acción de los poderes públicos que no pueden imponer el uso de una lengua, sea cual sea. De esta manera privan a los ciudadanos del derecho fundamental de libertad de expresión, que comprende no sólo la libertad de difundir todo tipo de ideas y opiniones, sino que también el hacerlo en un idioma o código lingüístico de su preferencia o elección.

- Santiago Abascal, presidente de Denaes, afirma que en el País Vasco imponen la lengua y el problema está en la educación ¿Qué ocurre en Cataluña?

Pues efectivamente, las políticas irrespetuosas con los derechos fundamentales tienen un impacto muy agudo en la educación. Tanto en el País Vasco con el nuevo decreto y en Cataluña desde el año 1993, los escolares son sometidos a una tortura. Yo lo califico de maltrato infantil, el imponerles una educación exclusivamente en catalán. Es la llamada inversión lingüística que es radicalmente inconstitucional. La cooficialidad de la lengua en Cataluña está legislada, tal y como obliga el Tribunal Constitucional en la famosa sentencia 337/1994 a usar ambas lenguas como lenguas vehiculares. Sin embargo, solamente una de las dos lenguas es utilizada como lengua docente, en detrimento de aquella que resulta mayoritaria, porque el 53 por ciento de los ciudadanos en Cataluña tienen como lengua el castellano. Así, el fracaso escolar es altísimo, el conocimiento del castellano es bajísimo. Es imposible que con dos horas de castellano los niños catalanes alcancen el nivel del resto de los escolares de España que tienen hasta 35 horas.

- Este periódico ya publicó que la Generalitat pretende que los escolares del primer ciclo de primaria estudien un solo curso en castellano ¿Quién puede parar esto?

Podría hacerlo el Ministerio. Existe un organismo que se llama la Alta Inspección, que justamente vela por los intereses de los escolares y especialmente, como dice la Ley de Educación, por sus derechos lingüísticos. El problema está en que la ayuda de los nacionalistas al PSOE para que gobierne tiene un precio. El precio son los derechos de los ciudadanos y esto es lo que reprochamos a los gobiernos centrales tanto del PSOE como del PP que gobiernan en coalición con los nacionalistas. Los ciudadanos llevamos años pagando con nuestros derechos la gobernabilidad del país y es inaceptable en un estado democrático y de derecho. El artículo 3 de la Constitución que nos garantiza la libertad de lengua no existe. Lo han derogado los gobiernos centrales para seguir gobernando. Lo que queremos decirle a los poderes públicos y a los políticos con esta jornada es que no estamos dispuestos a tolerar que se gobierne a costa de los derechos de los ciudadanos.

- ¿Qué actitud tiene el Gobierno ante la discriminación lingüística?

Nos encontramos las voces de la sociedad civil, con una actitud por parte de los gobiernos centrales de negacionismo y de mirada al otro lado. No escuchan las demandas de los ciudadanos y gobiernan a espaldas a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Además, las encuestas revelan que tanto en Cataluña como en el resto de España la sociedad está en contra de la política lingüística de Cataluña. Cerca del 90 por ciento de los encuestados creen que el Estado debe garantizar que un español pueda estudiar en cualquier sitio de España en castellano.