Cuando Felipe González perdió la mayoría absoluta hubiera podido lograr la investidura pactando con Izquierda Unida. Pero no quiso hacerlo. Fue el Partido Popular de José María Aznar quien alcanzó el gobierno siendo la lista más votada. Sin decirlo, pero teniendo seguramente ello en el recuerdo, en estos días Felipe González ha reiterado, en un artículo publicado en una revista académica de la Universidad Internacional de La Rioja, que cuando no se tiene la mayoría suficiente, dejar gobernar a la lista más votada es una buena opción, precisamente en aras de una centralidad que cada vez más exige acuerdos entre los que no están en los extremos. No hacerlo implica un desplazamiento hacia la radicalización, hacia los extremos de la política.
La experiencia que hemos tenido en esta legislatura, que se inició con una moción de censura de la que derivó lo que Alfonso Guerra ha denominado “gobierno Frankestein”, por incluir el PSOE en el mismo los añadidos directos de Podemos y los indirectos del secesionismo y los antiguos terroristas de Bildu, además de otros retazos que emergen y se sumergen a conveniencia, ha sido nefasta. Lejos de acercarnos a esa centralidad que se ha venido perdiendo en las últimas décadas, esa política de la alianza con los extremos precisamente ha catalizado en una radicalización desconocida desde que decidimos dotarnos de una Constitución de consenso en la que todas las fuerzas democráticas pudieran reconocerse. Está visto que fuimos un tanto ingenuos, que nos creímos que la buena fe estaba presidiendo la acción política. Hemos podido comprobar que no ha sido así y que muchos de los que parecían bogar en aguas democráticas han sucumbido al canto de sirena de populismos y secesionismos, incluso contra los valores de la Transición y de los que hemos incorporado al acervo europeo.
Sin embargo, si analizamos con seriedad los resultados electorales habidos durante toda la democracia e, incluso las tendencias que muestran las encuestas actuales, podemos comprobar que la inmensa mayoría de la sociedad española busca la centralidad y huye de los extremos. No es nostalgia del bipartidismo. Es realismo democrático, pues ha sido mediante gobiernos alejados de las incoherencias del que ahora se agota, que España liquidó una dictadura, se incorporó a la Unión Europea, adoptó un modelo autonómico que debe ser, ciertamente, mejorado y forjó un sistema económico y social que le permitió situarse entre aquellos países en los que era deseable vivir.
Todo lo contrario de la involución en la que, vertiginosamente, nos ha situado una política errática en la que no sólo son rechazables los pactos que la han fundamentado por haberse hecho con quienes se han hecho sino, también, por el contenido de los mismos. Que en una legislatura, una única legislatura, hayamos llegado tan bajo, descendiendo en los índices internacionales y recibiendo informes desfavorables de los órganos de control europeos, muestra la incompetencia superlativa de aquellos que nos vienen gobernando, contrariamente a los deseos reiteradamente manifestados por la ciudadanía, en todas las series electorales de su historia democrática.
Ciertamente, se impone un cambio de rumbo. Ciertamente hay que promover la centralidad. Como reza el “Manifiesto por la mejora institucional” que ha puesto a la firma la organización “Hay Derecho”, necesitamos que se respeten los preceptos constitucionales y que se aborde una reforma institucional integral que haga efectivo el Estado de Derecho. Gobierne quien gobierne, no se pueden poner en riesgo los valores en los que fundamentamos nuestra convivencia. No se puede permitir que las exigencias de las minorías situadas en los extremos lleguen incluso a desfigurar la propia esencia de unas mayorías que están llamadas constitucionalmente a entenderse.
Para que podamos recuperar ese espíritu democrático, es evidente que es necesario realizar reformas, a veces drásticas y otras más matizadas. Hay que facilitar los acuerdos que se dirijan a identificar lo que podrían ser políticas de Estado que sustenten las instituciones y vertebren a la sociedad. En algunos casos son necesarias derogaciones “in toto” de determinadas normas, especialmente cuando se aprecia un rechazo social mayoritario, incluidos votantes y/o militantes de los partidos que equivocadamente las han sustentado; en otros podrían ser necesarias reformas parciales. Vayamos por partes.
Una de las instituciones más maltratadas en estos últimos años ha sido el Poder Judicial y su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, que ni tan siquiera puede realizar los nombramientos de los centenares de puestos vacantes ahora existentes porque, en la pugna por la renovación de sus miembros, no se la ha ocurrido otra cosa al Gobierno de Pedro Sánchez que aprobar una ley por la que se le impide realizar ningún nombramiento mientras la renovación no tenga lugar. Si es un disparate que el Consejo esté “en funciones” desde hace más de cuatro años, es otro disparate pensar que el chantaje institucional es una medida adecuada para resolver la situación. Esa ley debe ser derogada en su totalidad, para devolver al Consejo las competencias que racionalmente le corresponden para que nuestro Poder Judicial no colapse. Del mismo modo que el Consejo debe ser renovado, tal como han venido manifestando la Comisión de Venecia, el GRECO y la Comisión Europea, al mismo tiempo que es necesario reformar su ley reguladora para que los 12 vocales jueces sean elegidos por y entre los jueces, quedando los otros 8 vocales nombrados parlamentariamente; todo ello a poder ser sin política de cuotas, buscando el acuerdo sobre los perfiles más adecuados. Y si de Poder Judicial hablamos, aunque no lo sea estrictamente, siendo que está estrechamente vinculada al mismo, es necesario abordar también el Estatuto del Ministerio Fiscal, para que la Fiscalía tenga la debida independencia del ejecutivo y su organización interna responda a los principios que también se predican internacionalmente de la misma, especialmente para que se garantice una promoción profesional en sus miembros que esté alejada de las conveniencias del gobierno de turno. Ya que no se puede obviar que, por expresa disposición constitucional, el Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, al menos garanticemos que su funcionamiento sea plenamente acorde a las exigencias del Estado de Derecho en toda democracia.
Ha sido del todo rechazable la redacción que se ha dado a la denominada “Ley de memoria democrática”, como si la memoria pudiera ser adjetivada y, mediante ese eufemismo interpretativo, sustituir a los hechos y a la Historia. Como si, porque así se ha pactado con los sucesores de quienes pusieron todos los palos a la rueda de la Historia, de la Constitución y de la democracia, que se vanaglorian todavía ahora de lo que hicieron y jalean a los que asesinaron y extorsionaron, introdujeron criterios de limpieza étnica para hacerse con las instituciones y menosprecian todo aquello que no sean sus abyectos postulados… como si se pudiera sustituir el consenso y el acuerdo democrático habido en la Transición por una sospecha criminal que permitiría enjuiciar pretendidos hechos antidemocráticos y delictivos hasta 1983. Franco murió, en su cama, ciertamente, en 1975. Eso es un hecho histórico no interpretable. Y se promulgó una amnistía por la que salieron de la cárcel los resistentes que habían sido condenados y pudieron volver del exilio quienes para evitarlo tuvieron que irse al extranjero. Éstos son también hechos históricos innegables. No se trata, en este caso, de negar el derecho de todos los familiares a recuperar a los suyos y a dignificar su memoria; ello ya era posible con la legislación anterior, con la Ley 52/2007, a la que la actual ley ha convertido en buena. Con la nueva ley, de 2022, se está pretendiendo dar una nueva visión de lo acontecido a lo largo de nuestra Historia, especialmente a los jóvenes, que no saben si Primo de Rivera fue el dictador que instauró su régimen con el apoyo de la burguesía catalana, o si fue su hijo, el fusilado en Alicante por la República, quien lo hizo. No se ha procurado un buen conocimiento de la Historia y se está sustituyendo por un relato hecho a medida de los que la quieren tergiversar para imponer con mayor facilidad sus políticas frentistas. Se trata, pues, de otra ley candidata a la derogación.
¿Qué decir, por otra parte, de la burla a las instituciones que ha supuesto la creación de “mesas de negociación” de facto, entre el Gobierno y el golpismo, para que éste pueda continuar con su política de apropiación y “recatalanización”, que sustituyen a los órganos que están legalmente creados para la toma de acuerdos y la coordinación, como son las Comisiones de Presidentes, las Comisiones sectoriales, las Comisiones Bilaterales o el Consejo de Política Fiscal y Financiera? El Gobierno, que ha aceptado estas exigencias del golpismo, ha generado una enorme desconfianza entre la ciudadanía, pues ni se sabe por quién están formadas esas “mesas”, ni qué pretendidas competencias pueden ostentar, ni con qué procedimiento se pueden adoptar los acuerdos…. Urge desmantelar estos “sistemas” en los que se ha acordado indultar a los golpistas condenados por el Tribunal Supremo, hacer desaparecer de nuestro Código Penal el delito de sedición y modificar el de malversación para que les sea retroactivamente favorable. Por decencia democrática y por respeto a todas las personas a las que se pretendió privar de sus derechos constitucionales mediante las denominadas Leyes de desconexión, que pretendieron derogar la misma Constitución y crear una república etnicista, hay que reforzar legislativamente los órganos de cooperación y coordinación entre órganos centrales y autonómicos, reforzar la vigencia de la Constitución, mejorando si cabe el conjunto de los delitos contra el orden constitucional, reintroduciendo una mejor versión del delito de sedición y resituando debidamente la malversación en el Código Penal, tal y como hemos comprobado que se realiza en las democracias de nuestro entorno.
No digamos lo que nos está perjudicando el programa de “ingeniería social” a que nos ha sometido el Gobierno de Pedro Sánchez. Ciertamente, a iniciativa de Podemos, pero con su aprobación y anuencia, pues los proyectos de ley se adoptan colegiadamente en el Consejo de Ministros, por lo que no pueden desligarse de la parte alícuota de responsabilidad que les concierne. La denominada ley del “sólo sí es sí”, provocando la revisión de condenas firmes por la inevitable retroactividad de las disposiciones penales, que les fue advertida reiteradamente, pero que por exigencias de una “ideología de género” que no tiene ni pies ni cabeza, no quisieron atender durante la elaboración de la norma; para acabar de rematarlo, les ha costado la intemerata reformarla. Del mismo modo que vamos a tener que abordar el inmenso error de adoptar la “Ley trans” que han aprobado, poniendo en riesgo la misma identidad de los menores, a los que se desprotege y desasiste frente a intervenciones y tratamientos médicos, al mismo tiempo que se pretende sustituir la igualdad de mujeres y hombres por la llamada a una identidad de género que pretende invisibilizar a las mujeres negando la existencia del sexo biológico, que es sustituido registralmente por el sexo “sentido” cada vez que uno o una se “sienta” cambiante. Las mujeres hemos sufrido un serio ataque a los derechos que conquistamos, en el ámbito europeo y en el ámbito interno, olvidando las políticas de igualdad real, la conciliación entre la vida privada y la vida profesional, la promoción profesional en igualdad o las respuestas adecuadas frente a la violencia. Menos ingeniería social y más apoyo a la adopción de normas europeas, como la que ahora está en proceso de negociación y aprobación, la “Directiva contra la violencia sobre las mujeres y la violencia doméstica”, que tendremos que transponer, cuidadosamente, cuando sea adoptada, amén de todo lo que derive de la futura legislación de la UE, que también se está elaborando, acerca de un mal uso de la inteligencia artificial y los medios telemáticos cuando favorece la ciberviolencia, especialmente, aunque no únicamente, sobre mujeres y menores.
Por cierto, no es propio de países serios realizar transposiciones “ómnibus” de directivas europeas sobre materias dispersas, como acaba de hacer el Gobierno mediante el Real decreto-ley 5/2023. Al tradicional abuso de esta forma de legislar, advertida reiteradamente como inadecuada por todos los órganos consultivos, se ha añadido ahora el abuso de las normas de urgencia con las Cortes disueltas, haciendo que el control sobre las mismas no pueda ser realizado más que por la Diputación permanente y no por el conjunto de los representantes del cuerpo electoral. La técnica legislativa con que nos ha obsequiado este Gobierno ha sido más que deplorable: declaración de un estado de alarma suspendiendo derechos, a decir del Tribunal Constitucional en la STC 128/2021, cuando este estado permite limitaciones pero no suspensiones; utilización del trámite de enmiendas a una ley para modificar otra ley que no tiene ninguna conexión con la que se está tramitando porque así se evitan los controles e informes previos; abuso del procedimiento de urgencia y del procedimiento de lectura única para evitar el debate parlamentario, etc. etc. etc. El Consejo de Estado ha afirmado hasta la saciedad la inadecuación de estos “atajos” procedimentales.
No olvidemos, tampoco, lo que está sucediendo con la educación y con la universidad. Lo que en otros lugares constituye uno de los pactos de Estado más importante, aquí ha sido un caballo de batalla política que ha hecho que sea una práctica habitual que cada vez que cambia el signo político del Gobierno, éste intente adoptar una nueva ley acorde con su ideología, sin tener en cuenta que, a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos ido descendiendo en los índices de calidad, tanto en comprensión lectora como en adquisición de contenidos. No digamos en la universidad, donde la LO 2/2023, elaborada sin el necesario consenso, ni político ni con sus destinatarios, destruye la racionalidad que debería presidir la organización y el funcionamiento de las universidades, impulsa su deslizamiento hacia la política alejándola de la neutralidad institucional que ha de presidir su actividad, según la Sentencia del Tribunal Supremo del 8 de abril de 2021, emitida en un pleito que inició el colectivo “Universitaris per la convivencia” contra el posicionamiento político de los claustros universitarios, al admitir, precisamente para obviar los efectos de la sentencia, que tales posicionamientos sí podrían ser admisibles. El mismo Consejo de Estado acaba de advertir de la ilegalidad de la desaparición de los departamentos universitarios pretendida por esta ley. Y ya veremos qué nos dicen los órganos de control cuando se inicie el desarrollo de las previsiones que harán desaparecer los cuerpos nacionales de funcionarios para sustituirlos por contratos más susceptibles de control “ideológico”. O el troceamiento de las Agencias de evaluación para que la nacional quede como residual y sean las autonómicas quienes lleven la voz cantante. ¿No decíamos que se tenía que tender a la internacionalización y a evitar la “endogamia”? La extensión del “modelo catalán”, bien conocido por el ministro, al resto de España no va a hacer más que empobrecer al sistema y deteriorar cada vez más la calidad académica y de investigación del mismo.
Pero qué les voy a contar acerca del respeto a las resoluciones judiciales, si tampoco de respetan las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ni del Tribunal Supremo por las cuales se debe respetar el carácter de lengua vehicular tanto del español como del catalán en la enseñanza no universitaria, obligando a un timorato 25% de enseñanzas en español que es rechazado de plano por la administración educativa de Cataluña, con la Generalitat al frente, pretendiendo que nos creamos que se puede construir una nación con la imposición de una lengua para luego reclamar tener un Estado. Tales conductas son contrarias a la propia Constitución, al Estatuto de Estatuto de Autonomía de Cataluña, a la misma Ley de normalización lingüística y a la Carta Europea de las lenguas regionales y minoritarias que, estando ratificada por España, prescribe que la promoción de estas lenguas, las regionales y las minoritarias, sean o no oficiales, no puede comportar el menosprecio y el relego de la lengua oficial mayoritaria.
No responde todo esto a otra cosa que, como ha sido reiteradamente denunciado, a la desaparición de la presencia de los órganos político-administrativos centrales en las comunidades autónomas, especialmente en el País Vasco y, de una manera más incisiva actualmente, en Cataluña. La organización del Estado de las autonomías ha comportado una centrifugación competencial progresiva que ha derivado no sólo en la quiebra de la igualdad de derechos entre todos los españoles y de la libre circulación de personas y bienes proclamada por el art. 139 de la Constitución, sino a un desgobierno creciente que nos sitúa ante graves problemas. Los padres tiemblan si tienen que cambiar de lugar de residencia porque sus hijos pierden el curso al no existir una correspondencia curricular entre las distintas comunidades autónomas y no digamos cuando a ello se añaden sistemas como el de la inmersión en la lengua autonómica que impera, ilegal e ilegítimamente, en Cataluña. Lo mismo sucede con la sanidad, cuando se comprueba que es más fácil que a uno le atiendan en los distintos países de la UE con la Tarjeta Sanitaria Europea que en la comunidad autónoma vecina, porque no existe correspondencia ni acceso a los datos de salud que pueden ser necesarios cuando nos desplazamos. Durante el estado de alarma dictado por razón de la pandemia, los transportistas tenían que hacer un Máster antes de iniciar el recorrido si tenían que atravesar el territorio de distintas comunidades, puesto que la delegación de competencias realizada por el Gobierno de España, originó que los mal denominados “toques de queda” estuvieran vigentes en horarios distintos, que otras restricciones tampoco fueran homogéneas o que, incluso, el régimen de sanciones administrativas también fuera diferente. O recapacitamos y coordinamos mejor todo aquello que incide en la vida de los ciudadanos o nuestro país se convertirá en aquello en que los agoreros de turno califican de “ingobernable”.
Sin entrar en las contradicciones habidas en materia de política exterior y que merecerían un examen detallado que dejo para otra ocasión, especialmente en un momento temporal en que España ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión, quiero exponer una última consideración y una reflexión de cierre. La última consideración tiene que ver con la economía. Con esa economía que el Presidente del Gobierno considera que “va como una moto” sin explicar a la ciudadanía lo que ha significado la inyección de fondos europeos y la relajación que el Banco Central Europeo ha adoptado respecto del control del techo de gasto. Y hay que explicarlo porque, por una parte, si bien ello ha permitido paliar muchos de los efectos de una crisis que, aún sin haber superado del todo la que iniciamos en el 2008, ha aumentado por efecto de la pandemia, por otra parte, ha provocado hasta límites insospechados un endeudamiento, que es el mayor de nuestra Historia, que difícilmente podrán pagar no ya nuestros hijos sino nuestros nietos. En este punto, algo que sería necesario abordar es el establecimiento de un control serio de los fondos europeos estableciendo, como han hecho en otros países de la UE como Alemania, Francia e Italia, comisiones formadas por expertos independientes que dan mejores garantías de buena gobernanza que cuando el control se asigna directamente a oficinas gubernamentales, como se ha hecho en España. Siendo que buena parte de nuestra economía deriva de las normas y políticas de la Unión Europea, bueno sería que las materias con ella relacionadas, financieras y laborales, estuvieran a cargo de personas que además de buena experiencia tuvieran menos ocurrencias que las ahora las están sirviendo.
La reflexión final retrotrae a lo dicho al principio. La vuelta a la sensatez comporta la vuelta a la centralidad, es decir, al consenso y al acuerdo que manifiesta reiteradamente la inmensa mayoría del cuerpo electoral español. La denuncia de lo que no ha funcionado es imprescindible para poder comenzar a pensar cómo deben realizarse los cambios que hagan que funcionemos mejor. Sin ese análisis previo es imposible abordar cómo hay que evitar lo que nos ha dañado como país y cómo podemos encauzar la reconstrucción de las instituciones y de las políticas. De aquellas sobre las que puede ser relativamente fácil lograr un acuerdo transversal entre la izquierda sensata y la derecha sensata. Ni tan siquiera he incluido en ello lo que puede ser más difícil, como una reforma electoral que, aunque extraordinariamente necesaria en aras de la gobernabilidad, precisa de acuerdos profundos para ser acordada puesto que incide directamente en la formación de las instituciones básicas de cualquier democracia. Tampoco, por supuesto, incido en lo que podría ser objeto de una hipotética reforma constitucional, que no abordo ahora por lo complicado de la situación y porque considero que sería un gran gesto de buena voluntad política que se pudieran acordar reformas que no la precisaran, para ir fraguando la senda de la adaptación futura de la Constitución a los nuevos tiempos.
Es evidente que para ello, para esas reformas plausibles, hay que dejar de lado esa política de la crispación, cuajada de eslóganes, cuando no de “fake news”, que nos ofrecen los políticos de la coalición gubernamental, aunque no sólo ellos, ya que tendrían que ser, por las responsabilidades que ostentan, quienes dieran ejemplo de moderación, de realidad, de buen hacer y de respeto a las opciones que no son las suyas. No es de recibo que un Ministro de España, de la Presidencia por más señas, el Sr. Bolaños, repita como ventrílocuo de feria que hay que hacer frente, desde el “progresismo”, a la “extrema derecha del PP-Vox”. Queda Vd. muy mal Sr. Bolaños, porque eso no se lo cree. Se le nota demasiado que hace pura comedia cuando lo afirma, desmereciendo su discurso. Tampoco es de recibo que el Presidente del Gobierno diga ahora, para desdecirse de lo que dijo y luego no hizo, que no ha mentido sino que ha cambiado de opinión. Es de sabios, ciertamente, rectificar, pero si se rectifica todo el tiempo y, sobre todo, no se explica el por qué de la rectificación, se pierde la credibilidad.
¿Estamos “tensionando a opinión pública al zapateril modo? No es así como podremos lograr los necesarios acuerdos para enderezar los desaguisados a que nos estamos enfrentando. Se necesita que la izquierda sensata y la derecha sensata identifiquen todo aquello sobre lo que se puedan consensuar las materias y la graduación de las necesarias reformas. Se necesita que los políticos vuelvan sus ojos hacia una sociedad civil que les está reclamando sensatez y que solicita que el Gobierno que salga de estas elecciones se alinee con los valores constitucionales y europeos y enfrente con firmeza esa entente que nos devuelva todo aquello que estábamos construyendo y que la polarización de los extremos pretende destruir. No caigamos, como los británicos con el Brexit, en esa campaña errática basada en la política de bloques. Nos irá mucho mejor, como les hubiera ido a ellos, si nos basamos en la sensatez, la centralidad y el consenso.