Al comienzo de la Transición había en España 700.000 empleados públicos. Ahora se aproximan a 3.500.000, en perjuicio de los ciudadanos que tienen que afrontar con sus impuestos la desmesura del número de funcionarios, aparte de que ese exceso burocratiza y entorpece las gestiones administrativas. Los funcionarios contratados se tienen que inventar muchas veces condicionantes y trabas burocráticas para justificar sus puestos y sus sueldos.
Ante la crecida del paro, Pedro Sánchez y sus colaboradores se han esforzado por disimular la realidad disparando el empleo público. Se podrían poner cien ejemplos, pero basta enumerar el número de asesores inútiles que aconsejan al presidente, a los ministros, a los secretarios de Estado, a los directores generales, a los presidentes de Comunidades Autónomas, a las alcaldesas y alcaldes de las ciudades de relieve y a los dirigentes de incontables organismos.
En poco tiempo habrá que crear en España un ministerio de la Desburocratización porque el exceso de burocracia terminará por convertirse en uno de los grandes problemas que agobian a la nación.
Aparte de los empleos públicos innecesarios creados por Pedro Sánchez, habrá que considerar todos aquellos que se destinan a colocar a amiguetes, parientes y paniaguados. Algunas empresas públicas, por ejemplo, no dan abasto para acoger a los enchufados de los políticos españoles. No es sólo nuestra nación la que padece la epidemia, pero, ya que no se puede esperar de la mayoría de nuestros políticos una reflexión constructiva sobre esta cuestión, habrá que alentar a los medios de comunicación para que difundan reportajes como el publicado en ABC por Gonzalo Velarde: “El 40% del empleo creado en la legislatura de Sánchez es público”.