El escrutinio provisional de la noche electoral que siempre se da por válido no lo hace una autoridad pública sino una empresa privada llamada INDRA.
Y todo es así porque nos dejamos llevar por la urgencia de conocer lo antes posible los resultados electorales aunque sea sin las debidas garantías de integridad electoral.
INDRA es una empresa de capital público privado donde han morado diversos Fondos Buitre (uno vinculado al Grupo mediático gubernamental PRISA en la actualidad) e incluso Soros y donde la voz cantante la lleva ahora mismo el Estado donde manda el mismo que manda en la Fiscalía General del Estado.
Además, hace este encargo del cómputo de votos para el escrutinio provisional siendo el único licitante en el contrato público para ello y además estando en el mismo ajo de otros procesos electorales de Naciones hermanas nuestras, aunque el montante económico que saca de ello no justifica en sus balances que se meta en esos berenjenales electorales, y más cuando su participación cada vez genera más y más controversia, cuestionamiento y desconfianza.
El otro día puse en Twitter que hay que sacar a INDRA de la ecuación electoral porque es la única parte del proceso electoral, la más importante, que está en manos de una empresa extraña ajena a los intereses objetivos de un proceso electoral.
Hemos aprendido tras el Pucherazo Híbrido, como diría Francisco Vázquez, de convocar unas elecciones en pleno periodo estival el 23-J y una semana antes que la JMJ, que el escrutinio importante y que tiene plena validez, el escrutinio general, es el que se hace pocos días después de las votaciones, y lo llevan a cabo las Juntas Electorales, pero no como se debería, esto es, sumando las certificaciones de votos de las mesas electorales, sino dando por buenos los datos provisionales del cómputo (el detalle y la suma) de votos que realiza INDRA tras cerrar los colegios electorales y contarse las papeletas.
Lo que hacen las Juntas electorales con carácter habitual durante los escrutinios generales es dar por válidos los cómputos de votos de INDA pero sin sumar de forma independiente los datos de las certificaciones de las votaciones expedidas por el Presidente y los Vocales de las mesas electorales, para ver al menos si coinciden las sumas de INDRA con las sumas de las certificaciones oficiales, y si acaso, lo que hacen es solventar cualquier controversia, incidencia o protesta aislada planteada por los representantes de los partidos políticos.
En ningún lugar de la Ley Electoral se dice que los cómputos de votos que efectúa INDRA en la noche electoral tienen presunción de veracidad, es más, lo que hace INDRA es una simple suma de votos como la que podría hacer cualquier particular; lo extraño es que por dejadez o por comodidad, las Juntas Electorales reconozcan dichos cómputos provisionales como el resultado definitivo, y conviertan los escrutinios generales en un acto forma sin contenido electoral material o sustancioso con plenas garantías.
Habría que recordar cómo se produjo el “Pucherazo” de Evo Morales en 2019 para concluir que algo similar podría producirse en España si hubiera un Hackeo de los sistemas informáticos de de INDRA, por poner un ejemplo.
Es verdaderamente tercermundista no sólo que la realidad del escrutinio general es la que aquí les relato sino sobre todo que el Pueblo Español lo desconozca y además que tengamos que soportar a unos falsos verificadores como Newtral o Maldito Bulo que echan a la hoguera de sus inquisiciones a todos aquellos que pongan en duda una integridad que en realidad no existe.
El tema a plantear es qué medidas se podrían adoptar para solventar esta situación tan cuestionable y aquí es donde la Sociedad civil tiene mucho que aportar.
Las soluciones podrían pasar por las siguientes:
1º.- Que el cómputo de los votos que efectúa INDRA sea validado por los Presidentes y Vocales de cada mesa electoral de forma telemática, así como que junto a dicha validación, que sí que tendría validez legal por cuanto que el Presidente es la autoridad pública de la Mesa electoral, se incorpore al cómputo de los votos una imagen escaneada de la certificación de votos de cada Mesa, tal y como sugiere el gran perito en temas informáticos Don Gabriel Araújo, un profesional que está haciendo excelentes y ponderados artículos y análisis al respecto.
2º.- Que el cómputo de votos lo lleven a cabo los Letrados de la Administración de Justicia con sus equipos de Oficiales de los Juzgados, que sí que van revestidos de la fuerza legal de fedatarios públicos en el ejercicio de sus funciones, proyectando su fundamental papel en los Juzgados de ordenamiento de los procedimientos judiciales en la esencial tarea del escrutinio provisional.
3º.- Que llegado el caso entren en su papel de garantes de la fe pública y seguridad jurídica los cuerpos funcionariales de los Notarios y Registradores en dicho escrutinio provisional en la medida en que se considere oportuna.
4º.- En paralelo y mientras se produce el escrutinio provisional se deberían hacer muestreos estadísticos aleatorios de los cómputos provisionales por un cuerpo de Auditores electorales del Estado para comprobar, previo al escrutinio general, que el proceso va en la línea de la normalidad.
He consultado estas medidas con amigos expertos en Derecho y Política como Notarios, Jueces, Magistrados y Periodistas y todos me han dicho que les parece muy bien.
La única Junta Electoral que me consta donde se ha hecho un escrutinio general el 23-J como establece la Ley Electoral es en Melilla, quizá por dos razones; que se ha desmantelado el sistema electoral corrupto que tenían CpM y el PSOE con el voto por correo en las elecciones de Mayo de este año, y segundo, porque allí hay apenas 47 mesas electorales.
La realidad es que en Melilla ha habido un baile importante de votos entre el escrutinio provisional y el escrutinio general, pues en el escrutinio provisional le habían quitado indebidamente 100 votos a VOX y le había regalado indebidamente 50 a SUMAR. Pues imaginemos en una Zona electoral con muchísimas más mesas lo que puede pasar en el cómputo de los votos, por variadísimas razones.
No podemos ni debemos seguir con estos cuestionamientos sobre el proceso electoral del 23-J sin tomar medidas pues de lo contrario se va a implantar, sino lo está ya, una corriente de opinión pública que va a deslegitimar completamente el proceso electoral.
En lo que a mí respecta, y para que quede claro, las elecciones del 23-J carecen de la debida integridad electoral exigible, por ésta y por otras razones que están debidamente analizadas.