Si esto último no fuera así, Pedro Sánchez se entendería con los 16 partidos de Sumar, la agrupación que preside Yolanda Díaz Iscariote, con los separatistas de ERC y con los proetarras de Bildu. Para superar la cifra de los 175 escaños, Sánchez necesita a Puigdemont. Y el expresidente prófugo, sin prisas, juega a sacar el máximo partido de la extrema debilidad de Sánchez. De entrada, ha exigido una ley de amnistía, la aceptación del derecho de autodeterminación y el referéndum vinculante, y la condonación de una deuda por encima de los 70.000 millones de euros. Sánchez lo tiene todo muy difícil, pero condonaría la deuda y sortearía la Constitución para aprobar una ley de amnistía de complicado encaje en la Carta Magna española. El obstáculo constitucionalmente insalvable sería el referéndum vinculante. Carlos Puigdemont puede aplazar su exigencia del referéndum y apoyar a Pedro Sánchez, en cuyo caso el presidente en funciones recuperaría la Moncloa. O puede negarse a hacerlo y entonces se abriría el camino a las nuevas elecciones.
Difícil especular sobre las intenciones del prófugo. Los observadores más sagaces creen que Carlos Puigdemont cederá, al margen de que Núñez Feijóo, que está a cuatro diputados de la mayoría absoluta, encuentre la fórmula para hacerse con esos votos.
Un galimatías, en fin, que a todos desconcierta y que, al margen de la situación actual, exige para el futuro la reforma de la ley electoral con el fin de garantizar la gobernabilidad de la nación. Pero esa es otra cuestión. Hoy lo que cuenta es la incertidumbre sobre la posición real del expresidente prófugo, que tiene en sus manos prolongar el mandato de Pedro Sánchez o enviar al pueblo español a nuevas elecciones.