Acostumbrados al tono bronco de debate territorial se agradece oír una voz serena como la del lehendakari, por más que lo que diga sea discutible y además algo reiterativo, aunque con un ropaje aparentemente novedoso. Parece oportuno asimismo, llamar la atención sobre una cuestión pendiente, la renovación del Estatuto de Gernika, tras tantos años de su aprobación en 1979: no sobraría atender a la aportación del Tribunal Constitucional sobre la delimitación constitucional competencial. Además hay temas que merecen la consideración estatutaria, como la cooperación o la participación en la toma de decisiones en Europa o la aplicación del derecho comunitario. También me parece positiva, la idea que el lehendakari confirma en el documento del País del jueves pasado que comento de trabajar el modelo político territorial del futuro sobre la vía foral(la Nación Foral Vasca). La vía foral lleva a considerar el autogobierno vasco sobre dos ideas fundamentales: la limitación de su contenido y la imprescindibilidad de la presencia del Estado. Sucede obviamente que la foralidad vasca, “el sistema tradicional de autogobierno vasco”, según el TC, no puede interpretarse en el sentido de derechos de soberanía, pues la idea de la soberanía de una parte del territorio español no cabe en nuestra Constitución, y, además, supone una falsificación histórica indudable en el caso vasco. El sistema foral era un tipo de autogobierno político-administrativo limitado, basado en un reparto de tareas entre el monarca o sus representantes y los órganos forales. La supremacía del rey en el Antiguo Régimen y después de las Cortes en el Estado liberal no fue nunca cuestionada.
Parece equivocada asimismo la orientación confederal que se propone en el escrito del lehendakari como horizonte de la transformación del sistema autonómico. Por el contrario, desde el punto de vista de la racionalidad y la eficiencia, la confederación es una forma política desacreditada y obsoleta. Y creo que está bien que la asunción de algunos rasgos del mismo se contengan en los márgenes actuales, esto es, los aspectos fiscales del sistema financiero vasco y navarro, y no se amplíen ni a otros ámbitos temáticos ni a otros territorios. De otro lado, la revisión del modelo autonómico, en el que obviamente hay piezas de funcionamiento mejorable, no debe hacerse pensando sólo en el fortalecimiento de las oportunidades del autogobierno de sus partes, y menos incrementando las singularidades en su seno, de lo que, de otro lado, pocas ventajas puede sacar un territorio tan especial como el foral, sino incrementando las posibilidades de mejora en la articulación y la necesaria dirección del Estado en su conjunto, sobre todo en el terreno económico. Habría que pensar en un desplazamiento del punto de vista del autogobierno territorial, poniendo el foco no en el ensanchamiento de su espectro competencial, sino en la mejora de su gestión, potenciando, hasta donde sea posible, el alcance de la subsidiariedad y el de la solidaridad.
Quizás lo más llamativo del documento que comentamos es que el Lehendakari insiste en lo que podríamos llamar la cicatería constitucional, que de siempre ha caracterizado al nacionalismo vasco. Sin hablar de la mejora del nivel normativo de la foralidad que ahora es constitucional y no meramente legal o de facto, de manera que un ataque a la foralidad es considerado una infracción para cuyo remedio se dispone de los instrumentos de protección de la Norma Fundamental, lo cierto es que el caudal competencial vasco puede ser mirado con envidia por no importa qué estado miembro o región de cualquier sistema de descentralización. Al Lehendakari, como buen peneuvista, le cuesta reconocer que el País Vasco disfruta de un autogobierno formidable como no ha existido jamás.
Creo que el Lehendakari se excede en su crítica al Tribunal Constitucional, pero que lo hace, diría yo, más por el fuero que por el huevo. Así recuerda los malos tragos que han propiciado al Gobierno Vasco algunas sentencias del Tribunal Constitucional, especialmente en relación con el Plan Ibarretxe, cuya huella se hace sentir tanto en el artículo presente del País. Pero lo cierto es pero no pueden olvidarse algunos fallos del TC francamente favorables al Gobierno Vasco, nos refiramos a la sentencia sobre la LOAPA, o, últimamente la que, discutiblemente, ha abierto la vía a un procedimiento especial reservado para la impugnación de las normas forales fiscales. Sinceramente creo que en el TC la época restrictiva territorial, especialmente activada, y a mi juicio con exceso, durante la pandemia ya ha pasado.
Como admitirá quien simplemente eche un vistazo al artículo del Lehendakari, hay cuestiones que simplemente están esbozadas o que adolecen de cierta ambigüedad. Ello corresponde sobre todo a la idea de la convención constitucional. Si se trata de pedir un gobierno compartido en determinadas áreas, deberían aprovecharse los espacios comunes para la coordinación que nuestra forma política admite, aunque desde luego no con toda la amplitud deseable. Ahora bien, si se trata realmente de averiguar el alcance de las decisiones constitucionales, pedir más precisión para las mismas es discutible: el marco constitucional debe ser amplio, lo cual a veces no se consigue sin cierta ambigüedad. Cuando el marco constitucional no se define o no está claro en sus límites, para eso está la actividad aplicadora del Tribunal Constitucional, que dirá inapelablemente lo que cabe y lo que no. Lo que no es posible es una reforma de la Norma Fundamental fuera de los límites y procedimientos establecidos en ella, hay que decir por si el propósito de las convenciones constitucionales fuese ir más allá de lo que la Constitución verdaderamente admite. Si lo perseguido es simplemente preparar los motores para un reforma constitucional, habría que reconocerlo, sin necesidad de referirse implícitamente a unos modelos foráneos traídos por los pelos, francamente. Como es bien sabido, por cierto, hay demasiada opacidad en nuestro sistema autonómico foral. Pero de esta y otras posibles sombras no dice nada el apreciado Lehendakari.