No se trata de conservadores recalcitrantes ni de reaccionarios históricos, se trata de políticos socialistas que hicieron grande en España y en Europa al PSOE. Hace unos días se escandalizaba Felipe González contra la ley de Amnistía que exige el prófugo y golpista Carlos Puigdemont y que Pedro Sánchez, genuflexo ante el rebenque secesionista, estudia cómo aplicarla.
Alfonso Guerra ha sido equilibrado y contundente “Constituye una infamia -ha dicho- la visita de Yolanda Díaz a Carlos Puigdemont en Bruselas”. Y añadió: “Patas arriba todo aquello en lo que cree un democrata“. Y todavía de forma contundente: “Se pretende borrar 45 años de libertad y pasar de un sistema democrático a otro no democrático”.
Y desde la serenidad que le otorgan los años y la experiencia, Alfonso Guerra concluye: “Esta amnistía que exige Puigdemont es la condena de la Transición”. La España de Franco no era un Estado de Derecho y la amnistía aprobada al comienzo de la Transición borraba como delito actividades condenadas por la dictadura. Si hoy se produjera una amnistía sería tanto como reconocer que la Transición no construyó un Estado de Derecho sino un Estado opresor y que los tribunales de Justicia estuvieron al servicio de esa represión y no de la ley democrática, de la voluntad general libremente expresada.
Aparte de la finta que ha hecho Meritxell Batet, que está por explicar, resulta que Ramón Jáuregui, ministro de la Presidencia con José Luis Rodríguez Zapatero, vicelendakari del Gobierno vasco, político respetado por su seriedad y coherencia, se ha manifestado contra la ley de Amnistía, considerándola anticonstitucional y políticamente inconveniente. Las manifestaciones del vasco Ramón Jáuregui han tenido amplia repercusión en toda España.
A pesar de tantas opiniones de su propio partido, hostiles a la política sanchista, el presidente en funciones parece dispuesto a instrumentar las camelancias necesarias para permanecer sentado en su poltrona monclovita. El escándalo se está haciendo mayúsculo.