presunto delito de corrupción urbanística
Martes 28 de octubre de 2008
Agentes de la Guardia Civil, acompañados por el alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, han iniciado a las 16.00 horas de hoy un registro en las dependencias del edificio consistorial, según ha confirmado el propio alcalde.
"Vamos a un registro", ha manifestado Moya a los periodistas que se congregaban ante el ayuntamiento, al que ha llegado junto a cuatro guardias civiles que vestían de paisano.
Minutos antes, otros cuatro guardias civiles entraron al consistorio, donde mantuvieron una conversación con la primera teniente de alcalde, Inmaculada Martínez, y el edil de Urbanismo, Raúl Valerio.
El alcalde socialista de esta localidad ha sido detenido esta mañana a partir de una investigación por un presunto delito urbanístico, según han confirmado fuentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del propio PSPV-PSOE.
Además, han sido arrestados en esta operación el secretario-interventor municipal del Ayuntamiento y dos empresarios, uno más de lo que inicialmente se había comunicado.
En este sentido, la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares, ha confirmado esta tarde, con motivo de su visita a la localidad de Almoradí, estas detenciones y ha apuntado que están relacionadas "presuntamente por irregularidades en temas urbanísticos".
"Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado trabajan con eficacia, investigan y no distinguen entre personas", ha añadido Llinares, quien, además, ha afirmado que "serán los jueces quienes determinen el grado de implicación" de los ahora detenidos.
El PSPV-PSOE suspende la militancia de Moya
La dirección del PSPV-PSOE ha acordado suspender cautelarmente de militancia y abrir un expediente disciplinario al alcalde de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, tras su detención.
En un comunicado, la secretaria de Organización del PSPV-PSOE, Elena Martín, ha subrayado que el partido actúa "con celeridad" ante cualquier presunto caso de corrupción que pueda afectar a cualquier cargo público del partido, y se ha comprometido a seguir haciéndolo "con rigor, contundencia y ejemplaridad" en estas situaciones.
En esta línea, ha comparado esta actitud con la "pasividad" de los máximos dirigentes del PP valenciano en el "caso Fabra" o el de la alcaldesa de Dénia, Ana Kringe, que se apoyó en un tránsfuga para arrebatar la alcaldía a los socialistas, mediante una moción de censura.
Martín ha acusado al PP de dedicarse "a mirar hacia otro lado amparando a cargos públicos y militantes imputados o condenados con sentencia firme que siguen en activo".
"Nadie militará en las filas del PSPV que haya tenido una práctica contraria a la defensa de los intereses públicos y a una honorable gestión de estos intereses, al patrimonio público y los presupuestos", ha sostenido.
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