Los sectores más responsables de la vida española y también la inmensa mayoría de los políticos de relieve, incluidos los socialistas encabezados por Felipe González, se han manifestado contra la anunciada ley de Amnistía. Incluso Pedro Sánchez y sus ministros afirmaban de forma rotunda hace solo dos meses que no cabía en la Constitución.
Los resultados de las elecciones del 23-J colocaron a Sánchez en una situación especialmente compleja. Para ser investido presidente necesita los 16 partidos de Sumar y además al BNG, al PNV, a ERC y a Junts. Como los secesionistas catalanes le han exigido públicamente una ley de Amnistía, Sánchez y una parte de sus colaboradores han modificado la opinión que hace dos meses mantenían y estudian, asesorados por sus juristas, cómo se puede sortear la Constitución y otorgar al secesionismo catalán lo que Puigdemont y Aragonés exigen.
José María Aznar tiene conciencia clara de la situación y ha alentado a una manifestación anti amnistía que Núñez Feijóo ha transformado ya en un mitin, robustecido por la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, nada menos que de la Guardia Civil, que ha difundido un comunicado contundente titulado: “Posible amnistía para los delincuentes catalanes”.
La manifestación de la Guardia Civil resulta contundente. “Defendemos la Constitución y la democracia, no la dictadura”. Tanto Sánchez como Marlaska se han revuelto en sus poltronas. La Guardia Civil, además, ha razonado su posición de forma impecable y afirma: “El Gobierno está autorizado a perdonar delitos a delincuentes confesos condenados, pero no tiene autoridad para decidir qué es o no delito”.
Y ahí está la esencia de la cuestión. Sánchez, respaldado por la mayoría parlamentaria, no puede decir que los delitos cometidos el 1 de octubre de 2017 no son delitos. Los puede indultar, con grave desgaste, pero no eliminarlos, que es lo que exige Puigdemont. Y la Guardia Civil, nada menos que la Guardia Civil, así lo ha recordado de forma inequívoca.