Pedro Sánchez, que parecía estar muy seguro de su éxito en la sesión de investidura, se ha sobresaltado al conocer que el juez del Supremo, Pablo Llarena, según informa El Confidencial, estudia reactivar la solicitud a Bélgica de la busca y captura europea de Puigdemont para su entrega a la Justicia española. Un gran sobresalto para el candidato socialista que debía tener muy cerrado el pacto con el golpista prófugo al mostrarse tan seguro de su reelección. El ex presidente de la Generalidad ya ha manifestado su malestar por el fracaso del Gobierno en su intento de colar en Bruselas el gallego, el vasco y el catalán. Pero con gran displicencia, el golpista catalán ha agradecido al líder socialista su gran esfuerzo al intentar que, al menos, se incluyera el catalán. Pero tampoco.
La posible reactivación de la euroorden de detención de Puigdemont pone al descubierto para todo el mundo que Pedro Sánchez está pactando su próximo Gobierno con un delincuente, con un huido de la Justicia de su propio país. También ése ha sido un motivo de los reproches de los europarlamentarios al pobre Albares por proponer un cambio de la normativa del Parlamento europeo sólo por el interés del líder socialista en ser reelegido. Como si el Parlamento europeo se manejara como el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno cuenta con el voto y el entusiasmo de separatistas, comunistas y golpistas. Después de este ridículo, la imagen de la diplomacia española ha quedado en evidencia.
El juez Llarena, en fin, no negocia ni con Puigdemont ni con Sánchez. Hace Justicia. Y es de justicia que el prófugo de Waterloo cumpla con la ley. Y si fuera detenido y extraditado a España, el Tribunal Supremo se encargaría, en principio, de sentarle en el banquillo y, quizás luego, encarcelarlo. El posible fracaso en la sesión de investidura del candidato socialista no es un problema del magistrado del Alto Tribunal. El problema es de Sánchez por pactar con delincuentes.