Pedro Sánchez ya habla como Carles Puigdemont, aunque no mencione, de momento, la amnistía. El presidente del Gobierno en funciones ha asegurado desde la ONU que el procés, que ha definido como "una crisis política", nunca tuvo que derivar en "acción judicial ni judicialización".
La pregunta sobre si Carles Puigdemont debería enfrentar acciones judiciales también fue abordada por Sánchez, quien ha recordado que expresó su descontento cuando el exfiscal general del Estado, José Manuel Maza, abrió las puertas a estas causas judiciales. Esto cobra relevancia a raíz de las condiciones previas presentadas por Puigdemont para apoyar su investidura, que incluyen "el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo y los independentistas" debido a que, según él, "el 1 de octubre no fue un delito como no lo fue la declaración de independencia".
En un ejercicio de cinismo sin parangón, Sánchez también ha recordado el momento en el que el PSOE rescató la posibilidad de la extradición de Puigdemont antes del 23 de junio. Sin embargo, tras la reforma del Código Penal acordada con ERC para eliminar el delito de sedición y reformar el de malversación, Sánchez cambió su enfoque para "facilitar las extradiciones" en lugar de beneficiar penalmente a los líderes independentistas fugados.
Olvidando, asimismo, que apoyó la aplicación del 155, el presidente en funciones ha enfatizado que el PSOE ya había rechazado en su momento la apertura de las causas judiciales, argumentando que no habían sido consultados y que no creían en "trasladar a la vía judicial un conflicto de raíz política". En este sentido, ha respaldado la desjudicialización del procés y reiteró su compromiso con esta dirección, mientras que ERC y Junts solicitan una ley de amnistía como parte de su investidura para "tratar de devolver a la política lo que nunca debió salir de ella".
Sánchez, en consonancia con su discurso previo sobre el inicio del nuevo curso político, ha instado a "pasar página" en esta cuestión. Al mismo tiempo, ha delineado algunas de las condiciones que el PSOE presentará para avanzar en esta dirección, destacando que el "debate de la unilateralidad", que aún forma parte del independentismo, tiene un apoyo social del 10% frente a un 90% en contra, según datos del CEO catalán. Sánchez insinuó que la renuncia al unilateralismo que condujo al referéndum del 1-O será un punto crucial, ya que el Gobierno buscará "apelar a esa mayoría para trascender" el procés y satisfacer a la "mayoría de catalanes que desean diálogo, reconciliación, convivencia y concordia".