El Rey, cumpliendo de forma impecable con la Constitución y actuando desde la neutralidad, ha designado a Pedro Sánchez como candidato a presentarse a la investidura como presidente del Gobierno. El líder del PSOE ha logrado su objetivo e intentará salir victorioso del Congreso de los Diputados. Pero le queda un largo y tortuoso camino para obtener los 176 votos que necesita. Puede darse por hecho que cuenta con Sumar, a pesar del paripé escenificado al salir de Zarzuela de Yolanda Díaz, incapaz de resistirse a ser la protagonista. También resulta prácticamente seguro que ERC, Bildu y el Bng apoyarán al líder socialista. Las reticencias que ponen ante los medios forman parte de la negociación en un intento de sacar el máximo rédito. En la anterior legislatura han disfrutado de su privilegiada situación como socios esenciales del Ejecutivo, lo que les ha permitido participar activamente en muchas de las leyes aprobadas. Estaban tan interesados o más que los socialistas en mantener esa situación.
Para Sánchez, el hueso duro de roer será Puigdemont que no está dispuesto a ceder un milímetro ni en la ley de amnistía ni en la autorización de un referéndum de autodeterminación. Y resulta prácticamente imposible que el candidato socialista pueda garantizar estas exigencias. La ley parece estar bastante avanzada en las negociaciones entre el PSOE, ERC y Junts, pero resulta materialmente imposible que se apruebe antes de la sesión de investidura. Y el referéndum incumple de tal modo la Constitución que se antoja casi imposible que el Gobierno pueda ponerlo en marcha, al menos de momento. El Tribunal Supremo actuaría de inmediato y el PP, desde todas las Comunidades autónomas en que gobierna y desde el Senado lo recurriría al instante. Es verdad que, luego el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, como buen lacayo de Sánchez, encontraría algún subterfugio para dejarlo pasar. Pero el PP, entonces, lo llevaría a la Justicia europea. Pedro Sánchez se metería en un peligroso avispero si se le ocurre cumplir con esta exigencia de Puigdemont. Pero no hay que descartar que lo haga, si de ello depende su supervivencia en La Moncloa.
España, pues, se enfrenta a una legislatura inestable y peligrosa para la supervivencia del Estado de Derecho y de la propia Constitución. Pedro Sánchez se esforzará en convencer a Puigdemont de los muchos beneficios que obtendría si pone sus 7 escaños al servicio del PSOE. Pero el golpista prófugo disfruta con la contienda, con la inestabilidad de nuestro país y no hay que descartar que bloquee la investidura del candidato socialista para mantener su pulso al Estado y, probablemente, para ganar las elecciones autonómicas catalanas. Supone, en fin, una tragedia que nuestra nación dependa de un pacto entre el nefasto presidente en funciones y el cobarde golpista catalán.