Opinión

Algunas razones jurídico-constitucionales contra una ley de amnistía

TRIBUNA

Modesto Barcia | Jueves 12 de octubre de 2023

Una Ley de amnistía que “borre” cualquier consideración delictiva del alzamiento, malversación, daños y demás conductas relacionadas con el proceso de autodeterminación y proclamación de la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, es la primera de las condiciones que los separatistasque gobiernan dicha Comunidad han puestocomo condición para otorgar su confianza a la investidura parlamentaria de Don Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno y a un pacto de legislatura.

Se haría posible una reedición del anterior “Gobierno Frankestein”,pero ahora apuntando ya abiertamente al radical cambio del actual sistema de Monarquía Parlamentaria, en la que el Rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado(art. 56 CE), para —en una suerte de devolution act, como si la Comunidad Autónoma catalana y algunas otras fuesen titulares de una originaria soberanía de la que el Estado se hubiese apropiado—, en la intención del sector sanchista-bolivariano de ese Gobierno, transformarlo en una de engarzadasen una factura , aunque tal vez enmascarada formulariamente como, resquebrajando, así, “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (art. 2 CE), con la esperanza de que ello satisficiese momentáneamente las aspiraciones de los nacionalistas fraccionarios,puesto que éstos propugnan directamente la de España —como era la condición imposible que el anglófilo Fernando Pessoa ponía para una hipotética Unión Ibérica— y reivindican la soberanía e independencia de los territorios, singularmente Cataluña y el País Vasco,en los que tienen presencia influyente—a eso viene a referirse la segunda condición de celebrar un referéndum de autodeterminación—; si bienen tal no sería descartable ya, al menos en una primera etapa,el compromiso de que las Comunidades más secesionistasconservasenun tenue vínculo—¿aquel propuesto por el lendakari vasco Ibarreche?— que, si enmascararía el fraccionamiento de la soberanía nacional y del Estado, les permitiría, en realidad, una auténtica independencia y albedríopropiosy para imponer la asimilación forzosa y forzada a sus marcos supremacistas de la población residente,sin perder las ventajas que su actual condición española conlleva, al tiempo que el resto mutilado delaNaciónquedaría sometido a gravosas obligaciones financieras y económicas para con dichos , como indemnización por supuestas injurias centenarias derivadas de la “ocupación” española.

Dada la confluencia de intereses de tales banderías, las del grupo sanchista-bolivariano y de los separatistas, en acabar con la Monarquía Parlamentaria y en avanzar en esa trayectoria divisiva —sin perjuicio de que, ciertamente, no cabe excluir diferencias acerca del alcance final de la misma entre los diversos Partidos que ahora asumen el concierto disolvente de la Nación, ni tampocopueden negarse discrepancias internas acerca de la unilateralidad del proceso rupturista que los nacionalistas proponen y defienden sin recato—, se trata por la parte sanchista-bolivariana de disimularel alcance y verdadero significado de los hipotéticos acuerdos, la amnistía en primer lugar, presentándola como medida conciliadora y de reencuentro democrático compatible con la Constitución actual, para justificar el voto de investidura y el acuerdo de legislatura, que les permita avanzar en sus propósitos rupturistas.

II

Ciertamente la Constitución nada dice sobre la amnistía, sino que confina el derecho de gracia,que corresponde ejercer al Rey [art. 62,i) CE], al indulto individualizado de la pena impuesta, prohibiendo los indultos generales. Por ello, los partidarios de la constitucionalidad de una Ley de Amnistía se afanan en explicar que mediante una Ley específica, que los más “puristas” estiman debe ser Ley Orgánica por afectar a los derechos individuales (art. 81,1 CE), cabría establecer el marco jurídico de la amnistía; bien se le diese esta denominación, o bien se empleasen eufemismos como “Ley para la concordia” o la “reconciliación”, o cualquier otra expresión imaginativa, pero, naturalmente, que habilitase efectivamente a dejar sin efecto la consideración delictiva preestablecida en las Leyes Penales de aquellas conductas que interesase “olvidar”. Y, al efecto de afirmar la constitucionalidad de una tal Ley,se sugiere la jurisprudencia constitucional relativa a las leyes de amnistía de 1976 y 1977, dictadas como pieza maestra de la Transición Política, que, mediante la que se denominó , haría posible la Constitución de 1978 y el establecimiento del régimen democrático actual. Claro que la circunstancia de ser leyes preconstitucionales, dictadas durante la vigencia de la prerrogativa de los poderes extraordinarios que en el anterior Régimen conservaba el Jefe del Estado y se traspasaron a su sucesor el Rey Don Juan Carlos I, no permite apoyo alguno para sostener la constitucionalidad de la ley que ahora se pretende, e, incluso, resulta contraproducente, porque entonces se trataba de facilitar un cambio del Régimen autoritario a uno democrático; lo que no es el caso que nos concierne, en el que lo que se produjo fue un asalto al Estado democrático intentándose por la fuerza la secesión de parte de su territorio y población.

Los adversarios de la amnistía para los actores del ilícito proceso independentista aducen que, si la actual Constitución prohíbe los indultos generales, con mayor razón ha de entenderse que implícitamente también prohíbe la amnistía, pues aquéllos suponen el “perdón” de la pena y ésta, además, el “olvido” del propio delito, y la pluralidad de personas a las que se extendería es notoria.

No parece que ambas posiciones centren correctamente la realidad de la interpretatioconstitucional. En efecto, en una panorámica introductoria al análisis ex constitutione, debemos reparar en que ya el art. 1,1 de la CE proclama que “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico…la justicia, la igualdad…” También el art. 9,1 destaca que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Así, el apartado 3 de este precepto dice que “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa…la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. Aún cabe recordar en esta exposición introductoria de nuestro análisis que el artículo 10,1 CE deja claro que “…..el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social” y, como colofón, puede considerarse lo dispuesto en el artículo 14 CE:

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Dicho de modo rápido:ya se comprende, a la luz de estas disposiciones constitucionales que la concesión de una amnistía, llámesele así o como se quiera, que favorezca a un grupo específico de personas incursas en acciones delictivas comprendidas en la eventual leyy que, por su especial situación —por otra parte anómala, pues sus Partidos deberían haber sido ilegalizados— de poder otorgar o denegar los votos parlamentarios precisos para la investidura y pacto de legislatura, rompe con la igualdad de los españoles, va en contra de la sujeción de todos, incluidos los poderes públicos, a la Constitución y al ordenamiento jurídico, opera una discriminación obvia en favor de algunas personas por circunstancias sociales y políticas al tiempo que privilegia su idiosincrasia, y, en fin, cuestiona el fundamento del orden político y de la paz social. Su inconstitucionalidad es evidente.

Pero no es en estos puntos, susceptibles de desarrollo, que ahora quiero poner el acento.

III

La tesis de que mediante Ley Orgánica se podría establecer el alcance de una amnistía, pese al silencio —o tal vez por ello mismo— que la Constitución hace de esta institución de gracia, no se sostiene a la luz del Texto Superior, pues su artículo 81 dice expresamente que “son Leyes Orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas…”.

Es obvio que el autor, en el grado que sea, de un delito no tiene derecho alguno —menos de carácter fundamental— a que se le conceda la gracia de una amnistía, incluso aunque tal concesión estuviese animada,en la autoridad que la otorgue,por limpias convicciones de su conveniencia para los intereses generales o fuese de justicia. Se trata de una gracia y de carácter excepcional. Luego, no es posiblepromulgar una Ley Orgánica de Amnistía para desarrollar un derecho inexistente.

Ahora bien, puesto que la constitución no prevéla amnistía como modalidad del derecho de gracia, pero tampoco la prohíbe directamente y suponiendo que no existiese la dificultad apuntada,¿cabría queuna Ley Orgánica, u ordinaria, pudiese establecer un marco normativo que la admitiese? La respuesta es obvia: naturalmente, una Ley que en estas condiciones admitiese la amnistía como modalidad del derecho de gracia, junto al indulto previsto constitucionalmente, sería una innovación del ordenamiento jurídico que, en principio, no tiene encaje en nuestro ordenamiento, pues el Rey tiene delimitada su competencia constitucional en el ejercicio del derecho de gracia tan sólo al indulto individualizado. Pero existe un reparo de mayor enjundia.

En efecto, si recordamos ahora que España se constituye en un Estado Democrático de Derecho y que todos estamos sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, adquiere toda su fuerza la previsión del artículo 117, 3 CE:

“El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas dispongan”.

Por ello el art. 118 CE dispone:

“Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en ejecución de lo resuelto”.

Aún podría señalarse que, conforme al art. 124, 1 CE, el Ministerio Fiscal tiene por misión “promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley”, con sujeción a los principios de “legalidad e imparcialidad” (ar. 124,2).

En estos términos, ¿cómo podría una decisión del poder legislativo sustraer a la acción de la Justicia conductas que, conforme a las Leyes Penales, pudiesen constituir delitos perseguibles? ¿Acaso se pretende que no existe la separación de poderes y que el legislativo se sobrepone al judicial? La respuesta es clara e inequívoca: no es constitucionalmente posible.

Claro está que pueden modificarse las leyes y despenalizarse conductas que antes se incardinaban en tipos delictivos, como se hizo recientemente con el delito de sedición, pero, si la conducta ya no es típica, no puede ser objeto del derecho de gracia. Cosa distinta sería la oportunidad y acierto de esa despenalización.

De modo que dictar una Ley de amnistía —repito: independientemente de que se emplee cualquier eufemismo para disfrazarla semánticamente— no tiene encaje en la Constitución y forzar con sofisterías hermenéuticas los términos de nuestro Maxima Lex, hasta el punto de hacerle en ella hueco, no es más que otro ejemplo de lo que la doctrina constitucional alemana denomina fraude de la Verfassungsverwandlung, es decir, una ilegítima “mutación constitucional”, ésto es, operar un cambio de significación real de la Norma sin proceder a la reforma pertinente. Algo que, en España, lamentablemente, viene sucediendo desde hace tiempo, corriendo cuesta abajo por una pendiente de degradación institucional debido a la irresponsable frivolidad de los sectores que con más celo debieran cuidar del respeto a la Constitución, que es el fundamento de nuestra la democracia.

Pero a las razones jurídicas que impiden la amnistía, aún habrían de sumarse las de su obvia y grave inmoralidad política; aunque esta perspectiva tiene,también, una relevancia jurídica complementaria de lo dicho cae ahora fuera de los límites de nuestro sucinto examen, sin pretensiones de dictamen que agote el tema, por lo que procede concluir aquí nuestra reflexión.