Mientras Pedro Sánchez sigue deshojando la margarita de la amnistía, el Congreso de los diputados continúa paralizado en espera de que el socialista se presente oficialmente para ser investido. Con el beneplácito de la presidenta Francina Armengol, el presidente del Gobierno en funciones mantiene la institución congelada, aguardando los tan ansiados siete votos del partido de Carles Puigdemont.
Después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fuese propuesto por el Rey, Armengol no perdió ni 24 horas para fijar la fecha de la investidura. Sin embargo, con Pedro Sánchez el mutismo es absoluto y el Congreso permanece cerrado sine die. "Es el secuestro del poder legislativo por instrucciones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez", acusan los populares, que inciden en que "ni en la guerra" se ha suspendido la actividad parlamentaria.
"Seguiremos defendiendo el control al poder y, por supuesto, la rendición de cuentas tanto de un Gobierno con todas sus facultades como la de un gobierno en funciones que también debe de ser sometido a control", recalcaba hace pocos días la portavoz del PP, Cuca Gamarra, tras recordar que las comisiones parlamentarias siguen sin constituirse.
El líder del PSOE quiere evitar a toda costa dar explicaciones sobre los asuntos más espinosos, como la posible ley de amnistía o la celebración de un referéndum, que negocia sin luz ni taquígrafos con los partidos separatistas. El objetivo de Sánchez es dilatar al máximo el intervalo entre su investidura y la concesión de la amnistía a los responsables del 1-O; y, aún más, entre esto y la futura sentencia al respecto que dicte el TC de Conde-Pumpido. Todo, a fin de diluir en el tiempo las críticas de la opinión pública por su más que cuestionable transacción política para seguir en el poder.
Pero existe un importante obstáculo en ese camino, con nombre y apellido: Carles Puigdemont. Desde su bastión de Waterloo, el expresidente catalán, prófugo de la Justicia española, no ha cejado en su empeño de desafiar al Estado y presume de regir los designios de la política nacional. Las bases de su Consell de la República votan hasta el martes si su partido "debe promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español".
Aunque el resultado no es vinculante dará una buena medida de cómo respiran en la formación separatista. Hoy mismo Puigdemont ha dicho que "Cataluña es una nación, una vieja nación europea, que ha visto atacada su condición nacional por los regímenes políticos españoles desde 1714, hecho por el que ve en su independencia política la única manera de continuar existiendo como nación".
Su partido ya ha avanzado que en esta investidura no contempla la abstención, de tal forma que solo votará a favor o en contra. Junts exige la amnistía y el referéndum de autodeterminación como condiciones imprescindibles para un acuerdo de investidura, mientras que el PSOE se abre a negociar una amnistía pero rechaza de plano una consulta de independencia que ve fuera de la Constitución. Los socialistas pretenden diferir al menos un año la concesión de la amnistía y relegar las negociaciones sobre un supuesto referéndum a la mesa de diálogo, algo que ERC acepta, pero que Junts sigue rechazando.
Con esta enquistada situación, sin visos de solución a corto plazo, algunos analistas apuntan ya a un hipotético 'plan b' que se estaría tejiendo entre las bambalinas de Ferraz. Si Puigdemont no da su brazo a torcer, Sánchez podría, desde La Moncloa, convocar unas nuevas elecciones, presentándose como un auténtico patriota ante los españoles. Con ello, no solo lograría mejorar su deteriorada imagen pública de cara a los comicios, sino también derrumbar de un plumazo la estrategia del PP, volcado en las calles contra la amnistía.
Volviendo al Congreso, la falta de constitución de comisiones parlamentarias también ha generado controversia. El número de miembros de estas comisiones y su distribución entre los grupos parlamentarios han sido temas de debate. El PP busca una distribución equilibrada, en contraste con la propuesta del PSOE. Aunque el próximo miércoles se celebrarán las primeras reuniones de la Comisión de Peticiones y de la Comisión del Estatuto de los Diputados todavía están pendientes otra veintena de comisiones.
La polémica está en el número de miembros que deben tener según los grupos parlamentarios y que debe dirimir la Mesa de la Cámara Baja, oída la Junta de Portavoces. En la legislatura anterior las comisiones estaban formadas por 37 miembros y el PSOE tenía mayoría, con 13 diputados, el PP contaba con 9, Vox con 5 diputados y Unidas Podemos con 4. ERC, PNV y EH Bildu tenían un miembro en cada una de las comisiones. Sin embargo, el PP como grupo mayoritario en esta legislatura pide una distribución "equilibrada" y no está de acuerdo con la propuesta que les ha trasladado el PSOE.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha defendido de las acusaciones argumentando que está cumpliendo su mandato constitucional para garantizar el éxito de las investiduras. En este sentido, ha recordado que en ocasiones anteriores, como las investiduras de Aznar en 1996 y Rajoy en 2016, también pasaron meses antes de fijar una fecha.
La situación ha generado tensión en el Congreso y ha llevado a la oposición a demandar la reapertura inmediata de la institución y la convocatoria de la Junta de Portavoces. El PP ha solicitado la comparecencia de ministros en funciones y ha presionado para que se reanude la actividad parlamentaria lo antes posible. En medio de este debate, la presidenta del Congreso deberá proponer a un nuevo letrado mayor de las Cortes, un cargo clave para proporcionar asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico y técnico a los órganos parlamentarios.